¿Deben desaparecer los conciertos educativos?

Rosa Cañadell

Licenciada en Psicología. Profesora. Exportavoz del sindicato USTEC•STEs. Miembro de la Comisión Promotora de la ilpeducacio: www.ilpeducacio.cat

En Catalunya, y también en el resto del Estado, pocas veces se pone en cuestión que existan los conciertos educativos: centros privados que funcionan con dinero público. Pero no deja de ser curioso que un fenómeno, casi inexistente en la mayoría de países de la Unión Europea, lo consideremos ya como normal e incuestionable.

¿Es positiva, para nuestro sistema educativo, esta doble red? ¿Cómo es que se pone en cuestión constantemente el funcionamiento de los centros públicos y, en cambio, nunca se habla del funcionamiento de los centros privados-concertados?

¿Se ha hecho alguna evaluación sobre las consecuencias de esta doble red? ¿Es normal que un servicio público como es la educación esté gestionado en un 40% o un 60% (como en la ciudad de Barcelona) por patronales privadas? ¿Es decente que en momentos de recortes a la educación pública se destinen 25 millones de euros al año, sólo en Catalunya, a subvencionar 16 escuelas vinculadas al Opus Dei que, además de cobrar cuotas impagables por las clases populares, segregan por razón de sexo?

En un país democrático tendría que existir una sola red educativa, pública, laica y abierta en todo tipo de alumnado, como tienen la gran mayoría de países europeos. La media europea del alumnado escolarizado en centros públicos es del 90%, mientras en el Estado Español no llega al 70 % y, en ciudades como Barcelona, es sólo de un 40%. Y, de hecho, los países que tienen mejores resultados escolares, como por ejemplo Finlandia, tienen un sistema público que escolariza al 97% de su alumnado.

Los centros privados concertados nacen con la democracia, cuando se expande el sistema público, muy deteriorado e insuficiente en tiempo de la dictadura. Ante la dificultad de construir suficientes centros públicos frente a la gran demanda de plazas escolares, el PSOE aprueba una ley en 1985, la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación), en la cual se establece que allá donde no lleguen los centros públicos, el estado podrá “concertar” (subvencionar con dinero público) los centros privados que cumplan una función social y que funcionen bajo los criterios de gratuidad y no segregación en la admisión del alumnado.

Sin embargo, el objetivo inicial de estos conciertos se ha desvirtuado con el paso del tiempo y, finalmente, los centros concertados (excepto algunas honrosas excepciones) acaban siendo centros privados que funcionan como tales, que cobran cuotas a los padres y madres, que seleccionan al alumnado y que hacen de la educación un negocio.

Durante mucho tiempo, desde la transición, quedaba claro que el sistema público educativo estaba formado por centros de titularidad pública, pero, en este afán para "normalizar" una situación que, de hecho, era muy "anormal", las nuevas leyes se han empeñado en "legalizar" esta situación: la LEC ya introduce el "sistema educativo catalán" que incluye tanto los centros públicos como el privados concertados, como si fueran iguales. Ahora, con la LOMCE, la situación empeora todavía más.

Así, pues, el hecho de existir la fórmula del concierto no hace más que aumentar las posibilidades de los centros privados que, a pesar de tener asegurada su financiación pública, continúan teniendo sus propias patronales, se escapan del control público y pueden seleccionar, activamente o con subterfugios, a su alumnado, pueden (y la inmensa mayoría así lo hacen) cobrar cuotas a los padres y madres (normalmente bajo la fórmula de “donaciones voluntarias” a una fundación del propio centro), seleccionar el profesorado con sus propios criterios y tener un "ideario propio", muchas veces claramente reaccionario. Todo esto hace posible lo que se llama “fractura social” dentro de la educación, que se concreta en la existencia de centros diferentes según la renta familiar. La consecuencia es una disminución de la diversidad del alumnado, un deterioro progresivo de los centros públicos y una peor calidad de todo el sistema educativo.

Contrariamente, los centros públicos de titularidad pública escolarizan a todo el alumnado sin ningún tipo de excepción, funcionan con el dinero público y su patronal es la propia administración. El profesorado accede a partir de unas oposiciones que valoran los conocimientos y aptitudes de forma pública y objetiva (al menos hasta ahora!!). Esta diversidad es una de las grandes riquezas de estos centros y una de las condiciones para una buena socialización de todo el alumnado así como de un aumento de los resultados escolares.

El rendimiento escolar de los centros públicos es igual o mejor que la de los centros privados concertados: todos los indicadores (PISA incluido) demuestran que, en igualdad de condiciones socioeconómicas, el alumnado obtiene resultados similares en centros públicos o privados. Pero, aunque los centros concertados no ofrecen mejores resultados académicos, últimamente hemos asistido a un progresivo abandono de la educación pública por parte de las clases medianas y altas en favor de la concertada, así como un abandono de su defensa por parte de la izquierda política. Esto obedece a una campaña de desprestigio de todo aquello que es público, también de la educación, por parte del discurso dominante. Se trata de “convencer” a las familias que se lo pueden permitir que es mejor que paguen por la educación de sus hijos y abandonen el servicio público, lo cual es muy negativo para todo el sistema educativo y es una fuente de segregación educativa, al mismo tiempo que favorece el negocio privado en la educación.

Con la excusa de la crisis todo esto se ha agravado y vemos como continúan disminuyendo los recursos en los centros públicos, mientras se mantienen los de los centros concertados. Los recortes en la educación, se han centrado en todo aquello que va dirigido al alumnado con más dificultades, o sea, todo lo contrario de lo que sería una buena política educativa que favoreciera la igualdad de oportunidades. Entre 2009 y 2011, el gasto global por estudiante en Catalunya se reduce en 493€, mientras que la reducción del gasto por estudiante en centros concertados lo hace sólo en 227€. De hecho, la única partida que se ha mantenido estable (e incluso ha crecido el 2011) es el gasto público en enseñanza concertada. Del mismo modo, vemos como se van cerrando aulas públicas, mientras se mantienen las de los centros privados-concertados.

Hay que recordar, además, que la Constitución permite a los padres y madres escoger la escolarización de sus hijos/se y a crear centros privados, pero en ninguna parte de la Constitución se menciona la "obligatoriedad" del Estado de subvencionar con dinero público estos centros privados. Se trata, pues, de una opción claramente política que favorece directamente a las familias con más recursos, a las patronales y a los intereses de las cúpulas eclesiásticas.

Ante esta situación, es urgente abrir de nuevo el debate sobre la inconveniencia de esta doble red educativa que es injusta, favorece la desigualdad, aumenta la privatización y no aumenta la calidad. Si queremos mejorar nuestro sistema educativo, es urgente plantearse la reducción y progresiva eliminación de los conciertos de centros privados, y ampliar la red de centros de titularidad y gestión pública. Desgraciadamente, esta no es la línea de las políticas actuales que están apostando por la privatización de los servicios públicos, incluida la educación. Sin embargo, también está aumentando la resistencia ciudadana a estas políticas privatizadoras, lo cual nos señala el camino, que será largo, pero no imposible.