La Comisión Europea retoma el expediente sancionador abierto en 2015 contra el Reino de España al no trasponer al ordenamiento interno la Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada tras más de 25 años. Mediante una carta de emplazamiento le conmina a que presente alegaciones y subsane las deficiencias planteadas en un plazo de dos meses, al considerar que la Ley 20/2021 no contiene medidas efectivas para sancionar y resarcir el abuso de temporalidad en las administraciones públicas. Esto compromete los fondos europeos Next Generation y su posible devolución, y abre la vía a la imposición de importantes sanciones coercitivas. Recordemos que el acuerdo alcanzado era llegar a una cifra no superior al 8% de temporalidad y las estimaciones más optimistas indican que en cualquier caso se superará el 25%.

Pero vayamos a los orígenes del problema para entender sus causas y la magnitud que éste ha adquirido, inaudita desde la lamentable “reconversión industrial”. Durante tres décadas gobiernos y administraciones han precarizado a sus empleados disfrutando de trabajadores baratos, hasta hace poco incluso no se nos reconocía la antigüedad, sumisos siempre bajo la amenaza del despido y que ocupaban plazas muy poco atractivas e inestables. La perfecta combinación para que aquellos siguieran cometiendo sus tropelías. Por ello las convocatorias de oposiciones eran cada vez más escasas y con un número de plazas ofertadas absolutamente ridículo. Hasta llegar al año 2008 cuando se suprimieron prácticamente en su totalidad hasta 2015 con el famoso “acuerdazo” del entonces ministro de Hacienda y Función Pública, Cristobal Montoro, con las grandes centrales sindicales, y tras el que se anunciaron enormes procesos selectivos calificados, sin serlo, “de estabilización” y que, a finales de 2024, se siguen desarrollando.

Todo ello ha supuesto que se genere una bolsa de empleados temporales que supera el 1.100.000 y de los cuales más de 800.000 se encuentran en abuso de temporalidad de larga duración. De estos últimos, más del 70% son mujeres de más de 50 años que por motivos obvios, como pueden ser la incapacidad de conciliar estudio con carga laboral y familiar, no van a superar unos exámenes puramente memorísticos que nada tienen que ver con aplicaciones y normativas del día a día en sus respectivas administraciones. Estas mujeres han cumplido, durante toda su vida laboral, con los parámetros que la sociedad y las administraciones les han exigido y ahora, olvidando los aplausos de las ocho de la tarde durante la pandemia, éstas les dan la espalda y son integradas, con ello, en un colectivo calificado por el SEPE de difícil reinserción laboral. Imposible, diría yo, si el empresario observa que han sido funcionarias durante lustros o décadas. Cabe destacar que la condena a exclusión social sería de por vida por como afectaría a su jubilación, otro retrato del feminismo de postal de este gobierno.

Con la modificación del artículo 10 y las nuevas disposiciones del EBEP, el “gobierno más progresista de la historia” no solamente dejó a la escasa voluntad de las administraciones incumplidoras dotar de estabilidad a sus trabajadores en fraude de ley, además extendió una alfombra roja para la soterrada amortización masiva de plazas como paso previo a la privatización de los servicios públicos, para lo que solamente se necesitará una nueva crisis económica como excusa. Limitar la duración de la temporalidad a tres años supone el fin de la figura del abuso de temporalidad, pero no garantiza la ocupación de la plaza por un fijo o por un nuevo temporal, lo que se traduce, en cualquiera caso, en una pérdida de experiencia y formación específica. Esta situación puede empeorar todavía más, pues ni siquiera sería necesario alcanzar los tres años. La variación de la situación administrativa de la plaza ocupada también conlleva aparejado el cese.

Sin embargo, la guinda del pastel está en el párrafo segundo del apartado 4 de dicho artículo donde se sentencia que “la vacante sólo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal”... o no. En una tesitura económica claramente degenerativa con enormes crisis económicas, que hace no tanto hemos sufrido, pues pagamos los de siempre, y volveremos a sufrir pues son inherentes a la condición cíclica del capitalismo, y bajo un gobierno de corte neoliberal, cualquiera de los que ya hemos padecido… ¿Quién nos asegura que se van a convocar dichos procesos? Su lógica es dejar tantas plazas desiertas como sean necesarias como paso previo a la privatización de los servicios públicos, acometiendo una brutal amortización de los puestos de trabajo con el propósito de deteriorar más si cabe lo público. Tal vez de ahí el empeño del oscuro exministro Escrivá en la implantación de la Inteligencia Artificial en las administraciones públicas, sustituyendo personas por máquinas, copiando el sistema de las compañías teleoperadoras que ellas mismas están corrigiendo pues ha resultado un fracaso en procedimientos medianamente complejos.

Mientras tanto, las administraciones padecen los estragos de una legislación perversa que tensiona hasta niveles insoportables las ya mermadas plantillas. Sus integrantes han tenido que asumir el papel de continuos formadores de nuevos compañeros, además de sufrir la ausencia de los antiguos, más experimentados, y su no cobertura o sustitución con el consiguiente incremento de la carga de trabajo. Todo ello ha desembocado en situaciones de colapso e inactividad en muchas administraciones, muy fácilmente identificables conforme nos alejamos de las grandes urbes, donde la menor o nula rentabilidad no llama al sector privado. Así se fuerza que la España vacía se vacíe más todavía, ante la ausencia de unos servicios públicos básicos que en teoría están garantizados por nuestra Constitución. Una realidad que no hará sino empeorar, pues al incumplir la normativa propia, la normativa europea, su jurisprudencia y los acuerdos alcanzados, la “solución” que han encontrado para maquillar las cifras es la de no cubrir absolutamente nada, por mucha falta que haga, como mínimo hasta final de año. Temporal no contratado, temporal que no cuenta, pero se incrementa el perjuicio sobre la ciudadanía.

Con doble motivo, el colapso llegará al ya de por sí saturado sector de una justicia a la que acudirán los afectados a decenas de miles en los próximos meses, quienes no hallarán sino una brutal inseguridad jurídica, impropia de un estado de derecho, con una amalgama de sentencias que van desde la absoluta negación al reconocimiento del abuso (incluso con condenas a costas, como venía haciendo la sala 3ª del Supremo, hasta hace nada, a los trabajadores por defender sus derechos), al reconocimiento a la fijeza siguiendo la jurisprudencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Éste, en las sentencias de 22 de febrero y 13 de junio de este mismo año, llama incluso a desoír a un órgano con capacidad de crear jurisprudencia, como es el Tribunal Supremo (cuyos integrantes, a fin de cuentas, son designados por los dos grandes partidos políticos de este país), por ignorar éste la tutela judicial efectiva y el derecho europeo, supranacional y de obligado cumplimiento. Pues ha pasado por encima de sentencias, autos, dictámenes, procedimientos de infracción y cartas de emplazamiento de la Unión Europea, a diferencia de lo que, en idénticas situaciones, han hecho los órganos análogos de nuestros vecinos de Portugal, Grecia e Italia.

La lucha contra la precariedad en el empleo público ha puesto freno a las políticas económicas neoliberales que tanto PP como el PSOE comparten (más del 80% de sus votaciones en Europa a tal efecto son coincidentes), al colocar el foco, junto a la pandemia del COVID, sobre lo público, lo de todos, impidiéndoles así implementar el modelo anglosajón del libre mercado que atenta contra un modelo colectivo y solidario que ha sido objeto de alabanzas. Un modelo que las élites económicas que se esconden tras las siglas de estos partidos pretenden derruir y mercantilizar.

Es por todo lo expuesto, que el llamamiento a la movilización del 19 de octubre a las 12 horas en la plaza Neptuno de Madrid va mucho más allá de la defensa de unos derechos laborales que las administraciones, lejos de dar ejemplo con su observancia, llevan décadas socavando. Nuestros sistemas educativo, sanitario y social están en serio riesgo de desmantelamiento. En consecuencia, animo encarecidamente a cualquier ciudadano con un mínimo de conciencia a acudir a la cita, pues también están atentando gravemente contra él, su familia y amigos.

Por cierto, si acuden a la manifestación no busquen a los bloques de los sindicatos firmantes del “acuerdazo” de Montoro, organizaciones que siguen ostentando la representación en las mesas generales y mantienen sus vías de financiación a través de sustanciosas subvenciones públicas. Prebendas que les otorgan gobiernos y administraciones a los que jamás se van a oponer, como el oscuro negocio de la formación, parte importante de ella vinculada al acceso a la función pública. Les ata de pies y manos impidiéndoles ejercer la que debería ser su función esencial como defensores de los derechos de los trabajadores, lo que sí hacen, con mejor o peor resultado, en el sector privado. Tanto es así, que es la única explicación a que los funcionarios hayamos perdido, en poco más de una década, más de un 20% del poder adquisitivo sin una sola protesta.