Héctor Illueca Ballester

Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social

El 27 de junio de 2015 pasará a la historia por los insólitos acontecimientos que se produjeron en la reunión del Eurogrupo, convocada para decidir sobre la prórroga del rescate griego, que expiraba el 30 de junio. Conocemos los detalles a través de Yanis Varoufakis, que ha filtrado a la prensa el desarrollo del cónclave. Según ha trascendido, el Ministro de Finanzas de Grecia expuso a sus colegas las fundadas razones que avalan la convocatoria de un referéndum para que los griegos se pronuncien sobre la propuesta de la troika, que supedita la continuidad de la ayuda financiera a la adopción de nuevos recortes, especialmente en materia de pensiones, y no ofrece solución al acuciante problema de la deuda. La iniciativa griega fue recibida con una mezcla de desdén e indignación, y acabó provocando la expulsión de Grecia del Eurogrupo, un hecho de una gravedad extrema. En plena discusión, alguien espetó a Varoufakis una pregunta directa: “¿Cómo puede usted esperar que la gente común entienda asuntos de tal complejidad?” Pocas veces se ha expresado tan claramente la pulsión autoritaria y demofóbica que late en el interior de la Europa neoliberal.

Para comprender el alcance de esta pregunta, aparentemente tan sencilla, hay que detenerse, aunque sea someramente, en la concepción política que inspira y sustenta el proceso de construcción europea: el llamado neoliberalismo. En efecto, el neoliberalismo no es sólo un conjunto de medidas de corte neoclásico ancladas en la prehistoria del pensamiento económico, sino también una teoría política tendencialmente autoritaria que cuestiona abiertamente la participación democrática de la ciudadanía. O, por expresar la idea con mayor precisión, el neoliberalismo asigna al Estado un papel tan limitado en la vida económica y social, que termina invariablemente cuestionando la democracia política y contemplando el desenlace autoritario como un horizonte no sólo posible, sino incluso necesario. No es casual que Friedrich Hayek y Milton Friedman, por mencionar los dos casos más emblemáticos, apoyaran públicamente la dictadura de Pinochet y se confesaran admiradores del modelo económico impuesto a sangre y fuego en el país andino.

En el fondo, la pregunta dirigida a Varoufakis apela a un principio fundamental de la teoría política neoliberal: la separación radical entre política y economía, con el fin de erradicar cualquier interferencia popular en el normal desenvolvimiento del mercado. Lo decisivo, como bien sabía Hayek, es aislar al sistema económico de las presiones electorales ejercidas por los ciudadanos a favor de la justicia distributiva o en contra de los recortes sociales. Por supuesto, la Unión Europea es plenamente consciente de que un nuevo ajuste estructural sólo podría imponerse traicionando y sometiendo al pueblo griego, que sufriría las consecuencias en términos de paro, recesión y penuria generalizada. El poder europeo percibe la democracia como una amenaza permanente y no vacila a la hora de justificar el despotismo político como medio de neutralizar cualquier respuesta social susceptible de poner en riesgo el orden neoliberal. Al menos hay que agradecer al desconocido interlocutor de Varoufakis (¿sería De Guindos? ¿Schäuble, tal vez?) la valentía de expresar abiertamente sus reservas hacia los procedimientos democráticos, mostrando sin ambages el lado más oscuro del liberalismo.

En cualquier caso, no es la primera vez que la Unión Europea tropieza con un referéndum y resuelve el trámite imponiendo toda clase de limitaciones a la participación política. En 2005, Francia y Holanda rechazaron mediante referéndum el proyecto de Constitución Europea, impidiendo de este modo la entrada en vigor de la misma, que exigía el voto unánime de todos los Estados miembros. Pues bien, dos años después se convocó una conferencia intergubernamental en Lisboa para aprobar dicho texto y someterlo a ratificación parlamentaria en los distintos países, eludiendo la voluntad democráticamente expresada en las consultas populares. Pero aún hay más. Obligada por su propia Constitución, Irlanda sometió a referéndum el Tratado de Lisboa el 12 de junio de 2008, registrando un voto negativo a la ratificación del mismo. Sin embargo, atrapado por la crisis económica y presionado por la Unión Europea, el gobierno irlandés convocó una nueva consulta el 2 de octubre del año siguiente, obteniendo finalmente la anuencia de su pueblo al controvertido texto. Anotemos que, durante la campaña, los partidarios del sí dijeron a los irlandeses que el Tratado de Lisboa permitiría al país salir de la crisis e incluso llegaron a amenazarlos con excluirlos de Eurovisión si no resultaba aprobado.

Como un inconsciente reprimido, la pulsión autoritaria de las instituciones comunitarias ha reaparecido con fuerza tras la victoria de Syriza en las elecciones griegas del 25 de enero. Desde ese día, la Unión Europea ha aprovechado las dificultades financieras de Grecia para intentar doblegar al gobierno heleno, exigiéndole que renunciara a los principales compromisos programáticos contraídos en la noche electoral. Naturalmente, el objetivo no era reconstruir la economía griega, ni tampoco proteger los intereses de los acreedores, sino infligir una derrota política a Alexis Tsipras. Entre tanto, Bruselas conspiraba sin descanso con los líderes de Nueva Democracia para organizar un cambio político y restablecer el statu quo, alimentando peligrosas ilusiones de políticos fracasados y corruptos que habían sido rechazados por su pueblo. Los casos todavía recientes de Berlusconi y Papandreu, vergonzosamente destituidos por maniobras palaciegas urdidas desde Bruselas, sobrevuelan desde hace tiempo el teatro político del país heleno.

Como hemos dicho al principio, el último desafuero se ha producido en la reunión del Eurogrupo que se celebró el pasado 27 de junio en Bruselas. Irritada por el referéndum, la Unión Europea expulsó arbitrariamente a Varoufakis y rechazó la propuesta griega de extender el programa de rescate hasta después de las votaciones. Al proceder de este modo, las instituciones comunitarias precipitaron el cierre de los bancos y el establecimiento de controles de capital, lo que sólo puede interpretarse como una coerción antidemocrática hacia el pueblo griego. Cualquier demócrata habría aceptado la prolongación de la asistencia financiera durante unos días para que los ciudadanos pudieran emitir su veredicto en condiciones de plena normalidad democrática. Al negarse a ello, la Unión Europea ha mostrado al mundo su rapacidad y su autoritarismo, enviando un mensaje elocuente a todos los Estados miembros, y muy especialmente a los países del sur de Europa, sobre lo que les espera si osan oponerse al neoliberalismo.

Estos hechos son fundamentales para comprender e interpretar correctamente la actual crisis europea, caracterizada por un rechazo radical a los principios de la democracia con el fin de eliminar cualquier interferencia política en los mercados. No es posible entender los problemas a los que se enfrenta la Unión Europea sin considerar la ideología autoritaria y antidemocrática que ha orientado la trayectoria del poder europeo desde la década de los ochenta y, sobre todo, desde el final de la Guerra Fría. La teoría política neoliberal influyó decisivamente en la construcción de un marco institucional cada vez más alejado de la democracia, radicalmente contrario al principio de soberanía y temeroso de unos electores demasiado propensos a impulsar la justicia distributiva en los procesos electorales. Ya no es posible ocultar que la unión económica y monetaria es incompatible con la democracia. Lo que se dirime en el referéndum griego no es sólo la aceptación o el rechazo de una propuesta humillante e insensata, sino también, y fundamentalmente, la destrucción de la democracia en Europa.