La multitudinaria cita parlamentaria que reúne en la capital china a la flor y nata de la elite política va cada vez un poco más allá de una puesta en escena considerada a menudo como una insulsa escenificación autocrática. Por el contrario, aun reconociéndose que muchas de sus decisiones están cantadas pues su agenda es reflejo de los amplios consensos trabados previamente, refleja también un cierto pulso de la política china y contribuye a reconocer su rumbo inmediato.

Varias observaciones cabría destacar. En primer lugar, el trazado del nuevo y decisivo tramo de la reforma, con la aprobación no solo del próximo plan quinquenal sino también de los objetivos para 2035, la primera gran zancada del xiísmo que debe sentar las bases del trayecto hacia el primer centenario de la República Popular (2049). El énfasis abarca tres dimensiones: modernidad, prosperidad y confianza política.

Segundo, el centenario de la fundación del PCCh, que marcará el año político que ahora empieza, tendrá aquí un primer reconocimiento por parte de formaciones y personalidades no militantes de quienes se espera una expresión de absoluta lealtad a su magisterio.

Tercero, la seguridad integral ganará importancia. Esto no se refiere solo a la defensa estricto sensu, donde cabe esperar una relativa modestia en el crecimiento de los gastos militares (8% con una previsión oficiosa de crecimiento del 8,5%), sino abarcando un concepto mucho más amplio. Seguridad es soberanía económica y tecnológica, lo cual invita a un redoblar del compromiso con la autosuficiencia y la innovación; también con la sostenibilidad, apuntando a persistir en la sensibilidad ambiental y social, corrigiendo unos y otros desequilibrios, muy agrandados aun por su descuido en los lustros precedentes y afrontando retos pendientes como la reforma de la edad de jubilación (actualmente, es de 60 años para los hombres, 55 para las mujeres con trabajos administrativos y 50 para las obreras) o el impulso demográfico; seguridad en alusión a la protección de los “intereses de desarrollo”, un concepto que ha ganado mucha relevancia en los últimos meses y que afecta no solo a sus capacidades internas sino también externas; por último, seguridad política, con un foco preferente, Hong Kong, y una nueva vuelta de tuerca, la reforma electoral, que complementará la represión policial y judicial con el señalamiento del principio “los patriotas deben gobernar Hong Kong”, con primacía sobre la autonomía local o “un país dos sistemas”. De esta forma, el camino a las elecciones de septiembre en esta ciudad se dará por despejado. Otra cosa serán sus secuelas e impactos.

Esta China seguirá multiplicando los mensajes a Occidente para establecer las bases del orden internacional post-pandémico. Pero no parece dispuesta a esperar por nadie ni a aminorar el paso. Por el contrario, quiere pisar el acelerador aprovechando las dudas existenciales que suscita su nuevo estatus entre las principales potencias de Asia y del mundo.

El embalaje parlamentario chino puede parecernos un ejercicio ritual del que podemos prácticamente prescindir para interpretar una política que solo depende, a fin de cuentas, del PCCh, o incluso de Xi. Y hay parte de razón en ello. Pero solo parte. La repartidirización en curso impulsada por el xiísmo sin duda afecta también al sistema bicameral chino, alineando más si cabe su actividad con los intereses del PCCh. Por más que se invoquen la Constitución y las leyes, la lealtad al PCCh es un deber que no tiene peros ni fecha de caducidad.

La mingua del hipotético papel político autónomo de las dos instancias se compensará con una mayor actividad legislativa por parte de sus estructuras permanentes que reúnen a una pequeña fracción de sus miles de representantes. La mejora del sistema legal constituye una aspiración de Xi Jinping, que hizo de la gobernación a través de la ley un santo y seña de su política. Para acallar la crisis en Hong Kong no movilizó al ejército, como algunos temían, sino que el verdadero ejército son estos legisladores que adoptan normas y reformas electorales para cercenar cualquier posibilidad de repetición de la crisis vivida en 2019.