A mediados del 2021 los supermercados daneses Føtex, Netto y Bilka anunciaron la suspensión de sus compras de fresas y otros frutos rojos a algunos productores de Huelva. Les preocupaban las irregularidades relacionadas con violaciones de derechos humanos de las trabajadoras. Diversos informes han descrito las humillaciones y las condiciones de trabajo inhumanas, abusivas e incluso ilegales a las que están sometidas las trabajadoras -la mayoría son mujeres- migrantes de Marruecos y Europa del Este. Por esas mismas fechas, la cadena de supermercados ALDI, pedía explicaciones a sus proveedores del Mar Menor, preocupada por las graves violaciones medioambientales que se estaban produciendo y las acusaciones de utilizar pozos y plantas desalobradoras ilegales.

Más allá de nuestras fronteras, 25 millones de personas en todo el mundo se encuentran en una situación de trabajo forzoso, la gran mayoría de ellas explotadas por el sector privado. Más de 160 millones de niños y niñas están en situación de trabajo infantil, la mitad realizando trabajos peligrosos. También los derechos ambientales se vulneran de forma recurrente: el 2020 fue un año funesto para los y las defensoras ambientales en países como Colombia, México, Filipinas o Brasil. 227 personas -4 cada semana- fueron asesinadas por defender la tierra, los ecosistemas y sus medios de vida.

Lamentablemente, en muchos lugares del planeta muchas empresas multinacionales que operan en terceros países, se aprovechan de contextos donde los derechos más básicos no están protegidos, causando y beneficiándose de daños ambientales y abusos contra los derechos humanos. Estos atropellos quedan impunes y las comunidades afectadas no pueden acceder a la justicia para reclamar daños y perjuicios. Es necesario regular estos aspectos para frenar los abusos y asegurar que las víctimas pueden acceder a la justicia.

La sociedad es cada vez más consciente del impacto que las empresas tienen sobre las personas y el planeta y exige que se actúe al respecto. En España, el 92% de la ciudadanía española es favorable a obligar a las empresas, a prevenir vulneraciones de derechos, como el trabajo forzoso, la contaminación o el acaparamiento de la tierra.

También crece la conciencia entre las empresas. Muchas ya están adoptando voluntariamente procesos que respeten los derechos humanos. Para estas empresas responsables, también es importante que exista un marco legal obligatorio, de entrada, para eliminar la competencia desleal que sufren, igualando el terreno de juego -con estándares uniformes, claros y transparentes- tanto entre distintos países europeos como en España. La dilatada experiencia de organizaciones como Oxfam en el trabajo, por ejemplo con supermercados, muestra los impactos positivos de realizar procesos de debida diligencia, pero esto no puede estar sujeto a la voluntariedad de las empresas o a la presión hecha por el consumidor, sino que debe regularse por ley.

Sacar adelante una ley de debida diligencia en derechos humanos y ambientales es una medida indispensable y urgente. Una ley española que, con un enfoque centrado en las víctimas, exija a las empresas españolas prevenir y mitigar las vulneraciones de los derechos humanos y medioambientales en el marco de sus actuaciones en toda su cadena de suministro, tanto si se desarrollan en España como si lo hacen en otros continentes.

Tanto la UE como España ya están trabajando en sendas regulaciones. Los numerosos escándalos conocidos de abusos contra los derechos humanos que involucran a empresas europeas -como los perpetrados por el gigante energético francés EDF en México- demuestran que las directrices no vinculantes por sí solas no son suficientes. Los principios rectores de la ONU y la OCDE cuentan con el apoyo de la comunidad internacional, pero siguen siendo principalmente de aplicación voluntaria. Siendo así, no proporcionan justicia a las víctimas, ni previenen abusos corporativos, ni cambian la conducta de las empresas. Los estudios muestran, uno tras otro, que, por lo general, las empresas no rinden cuentas por violaciones de los derechos humanos o medioambientales.

Necesitamos con urgencia una ley para proteger a las y los trabajadores y al planeta de las malas prácticas empresariales para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas. Pero demasiadas empresas todavía destruyen la naturaleza, abusan de sus empleados, expulsan a los indígenas de sus tierras o apoyan la esclavitud moderna. Esto requiere una acción inmediata.

España tiene la oportunidad de sumarse a países como Alemania, Noruega o Francia, y próximamente Finlandia u Holanda, influyendo a su vez en el alcance y enfoque de la directiva europea en lugar de ir a remolque. El Gobierno cuenta desde hace meses con un anteproyecto redactado de la Propuesta de Ley de la Sostenibilidad y de la Diligencia Debida en las Actividades Empresariales Transnacionales. Ahora, le toca apretar el acelerador y asegurar que esta ley se aprueba antes del final de la legislatura. Este Gobierno tiene la oportunidad de demostrar que se toma en serio la promoción de una economía más responsable y sostenible, forzando un punto de inflexión sin retorno en la lucha contra la impunidad corporativa. Toca mover ficha.