Hablando claro: el Partido Popular ha incumplido consciente y expresamente el mandato constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que debe conformarse con arreglo a las nuevas mayorías parlamentarias que deciden las elecciones generales. Formado conforme a la composición del Congreso y el senado en el 2013, debería haberse renovado a partir de diciembre de 2018. La intención manifiesta es la de mantener la misma composición que obedece a una mayoría política que es completamente ajena a la de su origen y que se ha disuelto con las elecciones de noviembre de 2019. Alejándose de la conexión que establecen la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del “órgano de gobierno” de las personas que ejercen la función jurisdiccional con las orientaciones políticas decididas en las urnas (hay que recordar que los miembros del CGPJ son elegidos por el Congreso y el Senado y por tanto responden a la composición política de estas cámaras), el CGPJ ha ejercitado con plena normalidad las atribuciones que le señala la ley pese a hallarse en funciones, y ha tenido que ser el Congreso de los Diputados quien hiciera evidente que en la situación de excepcionalidad en la que se hallaba no podía mantener el ejercicio normal de sus funciones, en especial el nombramiento de personas para los altos tribunales de la nación.

Esta situación anómala, provocada y mantenida por el torpe designio anticonstitucional del llamado principal partido de la oposición, ha generado además una escisión pública entre los vocales que la cuestionan y aquellos que, de manera cada vez más explícita, se atrincheran en su posición y utilizan la mayoría de la que disponen para deslegitimar cualquier decisión del gobierno o de las mayorías parlamentarias que lo sostienen, en perfecta coalición con las decisiones políticas que dicte el Partido Popular. El órgano al que se niega la renovación ha sido capturado así por la orientación directa de las decisiones de su mayoría por este partido, como por otra parte es algo notorio en las informaciones periodísticas que conforman la opinión pública.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, tuvo que dimitir porque los suyos le dejaron caer, al no acceder a la renovación del Consejo con su nominación al Tribunal Constitucional en el enésimo fracaso de las conversaciones para la renovación, unidas a la derrota de la iniciativa del gobierno de reducir el quorum para la nominación de sus miembros, que fue acusado hipócritamente de ataque a la independencia judicial, como si este no fuera un órgano de gobierno que necesariamente está conectado con el cambio político y la alternancia en el poder de las distintas fuerzas políticas en que se basa la democracia. Antes ya en el 2020 se había planteado la posibilidad de que dimitieran los vocales nombrados a propuesta de las organizaciones políticas con representación parlamentaria entonces minoritaria, en función de la composición de las cámaras (Congreso y Senado) en el 2013, pero esta iniciativa fracasó al ser avalada sólo por cinco vocales. Actualmente, la vocal Concepción Sáez ha presentado su dimisión al entender “inútil” su continuidad en lo que justamente considera un escenario de “radical y puede que ya irreversible degradación de la institución”. Y explica que la “incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias” del órgano “al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones” ha terminado por agotar su paciencia.

La situación es insostenible, y, como dice la dimisionaria, es posible que ya la imagen del CGPJ haya quedado deteriorada irreversiblemente. La asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha reclamado “la inmediata dimisión de todos los vocales del CGPJ” que aún no lo han hecho, siguiendo el ejemplo que ha dado Concepción Sáez, porque “es la única forma de recuperar la dignidad de la institución, que no puede seguir indefinidamente en funciones, pese al mandato constitucional de que su duración sea de cinco años”. Se trata de una situación inaceptable que conduce, en la práctica, a duplicar el mandato constitucional”, lo que implica además el incumplimiento de la prescripción legal con arreglo a la cual ningún vocal puede ser reelegido, y estos mismos lo han sido en la práctica durante otros cuatro años más, y previsiblemente durarán hasta que se agote el ciclo electoral proveniente de la legislatura iniciada en el 2019. Ante el bloqueo obstructivo por parte del Partido Popular, las presidencias del Congreso y Senado “tienen la obligación legal, recogida en el artículo 568.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de adoptar las medidas necesarias para que la renovación del CGPJ se produzca en plazo”.

Este es el camino por tanto: “la iniciativa de Álvaro Cuesta debería secundarse por los vocales de cualquier signo, emulando lo que Pascual Sala y otros hicieron en 1996, decisión que entonces propició que se desencadenara la renovación del CGPJ”. El martes, se reúnen los 8 vocales progresistas para intentar una acción coordinada para una dimisión en bloque que impediría que el CGPJ pudiera funcionar y por tanto forzaría la solución a la que el Partido Popular se niega permitiendo la continuidad de este órgano in aeternis. Esperemos que puedan de este modo favorecer con esta acción el respeto de la Constitución que el Partido Popular desprecia.