Dos mujeres mueren arrolladas por un tren mientras una intentaba que la otra no se suicidara. La noticia daba vueltas por las redes sociales el pasado fin de semana. Tenían 32 y 42 años y eran compañeras en un club de alterne de la localidad de Barreda. Una era rumana y la otra dominicana. Las informaciones no decían cuál de las dos había decidido quitarse la vida pero podría haber sido cualquiera. Probablemente ambas querían escapar a la vida que tenían en ese prostíbulo de Cantabria pero una creyó que la única huida posible era lanzarse a las vías de un tren.

Cuando hablamos de esclavos, tendemos a pensar en el pasado. En los barcos que atravesaban el Atlántico transportando seres humanos para abastecer las plantaciones del sur de los Estados Unidos o de Sudamérica. No solemos asociar esta palabra con las mujeres, pero también las niñas, que son víctimas de trata y explotación sexual en los miles de establecimientos que salpican nuestra geografía.

Vienen de países como Colombia, República Dominicana, Rumania o Nigeria. Últimamente también de Venezuela donde se ha agudizado la crisis económica. Nunca de Suecia o Dinamarca donde las condiciones de vida han mejorado lo suficiente para que la mayoría de mujeres no se vean obligadas a ponerse en manos de las mafias que abastecen la demanda de los mercados del sexo a nivel internacional.

Un informe de Cáritas de 2016 constataba que más del 90% de las mujeres que se encuentran en situación de prostitución en España no lo hace de forma voluntaria y que más del 80% son extranjeras. Son mujeres que llegan traficadas como ganado, que no han elegido libremente prostituirse y que tampoco lo hacían en sus países de origen. El informe constataba que habían sido engañadas o coaccionadas por su vulnerabilidad social o económica.

La tragedia de Barreda y la indiferencia que la ha rodeado se explica porque hemos normalizado la prostitución como un “trabajo”, uno que algunas mujeres eligen libremente. Asumir estas premisas, y que la prostitución no está vinculada a la pobreza y la explotación, es condenar a miles de mujeres a una actividad que se nutre principalmente de la desigualdad que existe entre los países más ricos y aquellos desde donde vienen las mujeres prostituidas.

Algunos economistas han acuñado el término “mercados repugnantes” para definir aquellos negocios a los que la sociedad debe poner límites porque no son aceptables. La esclavitud o el tráfico de órganos son los ejemplos más utilizados. Poner freno a los mercados repugnantes, nos dicen, requiere de instituciones supranacionales que actúen más allá de las fronteras porque las organizaciones criminales se aprovechan de esto, pero también de la desigualdad existente entre el primer y el tercer mundo, para operar. ¿Por qué no podemos admitir los mercados repugnantes? Porque siempre encontraríamos personas lo suficientemente desesperadas para someterse a ellos para sobrevivir. Significaría condenar a millones de seres humanos que verían vulnerados sus derechos más fundamentales.

Uno de estos mercados repugnantes es el tráfico y la trata de seres humanos, una actividad estrechamente vinculada al negocio de la prostitución en nuestro país. No sería posible la existencia de miles de establecimientos en los que se compra y vende sexo a gran escala si no existieran poderosas redes criminales que los abastecen con mujeres traficadas. Mujeres que vienen bajo la promesa de un trabajo o porque están desesperadas. Tan desesperadas que prefieren lanzarse a las vías de un tren.

Tenemos que dejar de pensar en la esclavitud como algo del pasado, en personas encadenadas y subastadas en mercados polvorientos, y comenzar a ver que es un problema que subsiste, que se manifiesta de manera menos obvia que un contrato de propiedad de una persona sobre otra. Que está en nuestras calles y carreteras detrás de la palabra ‘Club’.