España, democracia sin Talidomida

Talidomida, un compuesto inventado por la farmacéutica alemana Grunenthal (allá por los 50) como pastilla para dormir para desbancar del mercado a los barbitúricos tras la II Guerra mundial, y usado como paliativo de nauseas en embarazadas. Según su fabricante, inocuo, atoxico y “totalmente seguro” (palabras de sus propios prospectos). A principios de los 60 se vendían millones de comprimidos diarios.

En 1962, en Alemania los Dres. Claus Knapp (español de nacimiento) y Widukin Lenz, y en Australia el Dr. McBride, descubren que este medicamento mundialmente extendido produce severas malformaciones de extremidades (incluso total ausencia de ellas), además de malformaciones oculares, auditivas, digestivas, genitales… en los fetos de las madres gestantes que lo han consumido entre los días 36-50 desde la última amenorrea (menstruación). A principios de 1963 la Talidomida es prohibida en todos los mercados del mundo para uso humano, salvo… España, donde todo ha sido siempre más laxo, más pausado, más meditado y más “me lavo las manos”.

Se desconoce el número total de niños muertos por la Talidomida, nadie contabilizaba en aquellos años los abortos nacidos deformes, pero alrededor de 50.000 seres humanos en el mundo nacieron con severas deformaciones, unos 20.000 quedamos vivos, y en España no llegaremos a 500. Dada la severa mortalidad de sus secuelas, no es ninguna locura pensar que pudieron morir por la Talidomida cerca de 200.000 personas. La catástrofe “no bélica” más grave de la humanidad.

En 2011 AVITE (Asociación de Víctimas de Talidomida de España, www.avite.org) interpone una demanda civil contra Grunenthal que es ganada en primera instancia, condenando al laboratorio a indemnizar a las víctimas, pero la Audiencia provincial, primero, y los tribunales Supremo, Tribunal Constitucional, y de Derechos Humanos de Estrasburgo, después, consideran el delito “PRESCRITO”. Los brazos, piernas, ojos, orejas,…..mutilados ya han desaparecido según la justicia española, se los ha llevado el tiempo, hemos llegado tarde. Los afectados deberíamos haber sabido que lo éramos y haber demandado antes. Todo un Ministerio de Sanidad con casi 250.000 médicos colegiados lleva casi 6 años para saber quién es afectado por Talidomida en este país, y aún no ha terminado. La víctima debería haberlo conocido sin más.

España, universo paralelo. El Congreso de los Diputados aprueba por “UNANIMIDAD” en 2.016 un Proyecto no de Ley (PNL) en el que se compromete a reconocer e indemnizar a los afectados por Talidomida de este país, y hacerlo antes de finales de 2.018. Del mismo modo, reconoce públicamente, y gracias a las pruebas presentadas por AVITE, que la Talidomida estuvo disponible en el mercado nacional y accesible a los consumidores desde 1.950 hasta finales de 1985, nada más y nada menos que 22 años más que en el resto de países civilizados, o lo que viene a ser lo mismo, que se estuvo vendiendo libremente Talidomida aun conociéndose por las instituciones de control sus terribles efectos secundarios.

Tres años después de haber acabado el plazo máximo impuesto por el Congreso al Gobierno de la nación, estos son los resultados:

- No se han finalizado los reconocimientos

- No hay Real Decreto que permita las solicitudes

- Ni un solo afectado por Talidomida ha sido compensado

Hablarán las bocas sabias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, e Instituto Carlos III que el proceso ha sido lento, difícil y muy concienzudo. Falso, absolutamente falso. Estas son las cifras:

- Pocas más de 600 solicitudes a repartir entre 17 Comunidades Autónomas. Una media de 35 pacientes por CCAA. Se llevan casi 4 años para reconocer a 35 personas.

- En diciembre de 2.019 según el Ministerio de Sanidad había 535 casos finalizados y 103 pacientes reconocidos oficialmente. Dos años para reconocer a 65 personas

- A finales de 2.021 seguimos sin saber los números finales, ni si se ha acabado el reconocimiento; ni hay Real Decreto, ni se sabe cuándo va a aprobarse.

El Gobierno de coalición PSOE-PODEMOS, Sánchez-Iglesias ha narcotizado deliberadamente el proceso con intenciones desconocidas, pero imaginables. No pagar, o pagar lo menos posible. Ha tratado, y seguimos esperando que así sea, que las víctimas tributemos fiscalmente por percibir una indemnización por los daños ocasionados por la negligencia de control sanitario del Estado, reduciendo la cantidad a percibir en más de un 50%, y no solo eso, también en idéntica cuantía los ingresos del afectado por su trabajo, negocio, o pensión (Ley IRPF).

En ningún momento de los más de tres años de gobierno PSOE-Pedro Sánchez, los representantes de los afectados hemos tenido un interlocutor accesible en el Ministerio que nos informase del desarrollo del proceso. Jamás ha habido un compromiso de plazos, cronograma, hitos, ni nada parecido, se ha dejado el proceso a su natural inercia institucional, o lo que es lo mismo, “se le ha echado a dormir”. Tanto ha sido así, que en enero de 2.019 y hartos de silencios, AVITE interpone una demanda contra el Estado a la Audiencia Nacional por deliberada inacción e incumplimiento de Ley. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2.018 (Ley 6/2018 de 3 de Julio) en su Disposición Adicional 56ª. En la actualidad el proceso está próximo a ser visto para sentencia.

¿Por qué ha ocurrido algo así? ¿Por qué un proceso de meses está durando años? Seguramente tenga mucho que ver que los laboratorios farmacéuticos no están interesados en que salgan adelante procesos como este. Seguramente el Gobierno actual no sea tan socialista, y mucho más Socia “listo”, anteponiendo sus intereses a los de unos discapacitados severos por obra y gracia de la modernidad, la industrialización, el avance de la ciencia………

La realidad palmaria, la que no tiene más comentario es que en Alemania, Inglaterra, Irlanda, Suecia, Canadá, Japón, Australia, Bélgica, Brasil, Holanda, Austria, Italia……. y bla, bla, bla. Sus afectados percibieron cuantiosas indemnizaciones, pensiones vitalicias que garantizarán su supervivencia con dignidad, y todo tipo de ayudas institucionales entre finales de los 60 y principios de los 70. España, 51 años más tarde sigue silbando la banda sonora del western “La muerte tenía un precio”, con Pedro Sánchez (socialista) y Pablo Iglesias (Comunista) como principales intérpretes.

Al otro lado, hombres y mujeres sin brazos, sin piernas, sin oídos, y gravemente afectados, malviven, mendigan, suplican, e imploran lo que siempre fue un derecho exigible. Es importante, vital si cabe, decir que Grunenthal, el laboratorio responsable de la droga se reconoció pública, y mundialmente culpable de los hechos en 2.012, y pidió gratuitas disculpas a las víctimas con una estatua de bronce. Es el precio de la vida humana cuando se trata de una industria poderosa que financia, campañas, subvenciones, impone dirigentes y maneja los hilos de un sistema capitalista.

La conclusión final, sin conocer los porqués, o solo sospechándolos, es que el Gobierno de España no quiere bajo ningún concepto compensar con justicia y equidad a las victimas de la Talidomida de España. Que caiga sobre la conciencia de todas y cada una de las personas que han intervenido en este proceso durante los últimos 18 años de historia de Avite, y que nunca tengan que conocer la desgracia de ver nacer a un hijo como nosotros.