MARÍA MUÑIZ DE URQUIZA y

MANUEL DE LA ROCHA VÁZQUEZ

La aguda crisis económica y financiera internacional está revalorizando las políticas y valores promovidos desde hace años por la socialdemocracia, que resurgen como la mejor receta para recuperar cuanto antes la senda del crecimiento y garantizar la prosperidad y el progreso para todos. En esta situación, la Unión Europea debe desempeñar un papel fundamental en la construcción de una nueva y necesaria gobernanza de la globalización económica. Pero no nos engañemos, las estrategias para salir de la crisis, y la distribución de sus costes, no van a ser iguales gobierne quien gobierne en Europa.

Existe un consenso bastante general que señala que han sido años de políticas económicas neoliberales, de desregulación sin control y de fe ciega en el laissez faire de los mercados, los causantes del desastre actual. A su vez, las respuestas que se han puesto en marcha coinciden básicamente con las que la socialdemocracia europea siempre ha defendido: más transparencia y más y mejores controles de los sistemas financieros; estricta disciplina para las agencias de calificación de riesgos; una vuelta a las políticas keynesianas para dinamizar la economía a través, básicamente, de inversiones públicas; la protección de los consumidores y los inversores... todas ellas medidas con las que los Estados garantizan a las empresas, los trabajadores, los consumidores y los ahorradores que la economía está bajo control o, como se ha dicho muy correctamente, más Estado para controlar el buen funcionamiento del mercado. En definitiva, utilizando palabras de Habermas sobre la globalización, se trata de la domesticación política del capitalismo desbocado.

Desde el principio de la crisis, la Unión Europea ha liderado la iniciativa en la búsqueda de soluciones

coordinadas, y su modelo normativo supranacional debería servir como modelo de gobernanza del capitalismo global. En efecto, hay que recordar que la inflexión en la caída libre de la bolsas no se produjo con los planes nacionales de rescate de los bancos en crisis, sino a partir de la respuesta coordinada de los Estados miembros y que el texto común con el que Europa ha ido a Washington es la base de la hoja de ruta mundial acordada por el G-22. Ya está, además, asumido que en diciembre el Consejo Europeo acordará un sistema de coordinación de las políticas económicas de los 27, no sólo de los países de la zona euro, en lo que podría ser la concreción de un gobierno económico de Europa, tan denostado por los conservadores y euroescépticos y tantas veces defendido por los socialdemócratas europeos en su ambición de consolidar un modelo europeo de economía social de mercado.

Esta es la combinación ganadora en un momento histórico de cambios y desafíos: una UE fuerte y progresista. Una Europa capaz de regular los mercados y de profundizar en su modelo solidario de cohesión social, de manera que sus mecanismos de integración se utilicen en beneficio de los ciudadanos, por encima de los intereses del mercado. Por ejemplo, se trata de que la libre circulación de trabajadores no sea un activador del dumping social; de que el aumento de competitividad de la economía europea se base en la capacidad para innovar y en el valor añadido de los trabajadores y no en el aumento del tiempo de trabajo; de que la respuesta al cambio climático se concrete con reducciones de emisiones y más energías renovables; de promover las inversiones en educación y en I+D+i como vectores fundamentales para el crecimiento y la creación de mejores empleos; de que cada acto legislativo europeo tenga en cuenta el progreso social; de avanzar con firmeza en la igualdad de género efectiva y la extensión de derechos en toda la UE; de labrar políticas migratorias comunes que abarquen desde la cooperación con los países de origen y la gestión de los controles fronterizos hasta la integración solidaria de los que vienen de fuera.

A nivel global, la victoria de Barack Obama en Estados Unidos abre la puerta para renovar una alianza trans-

atlántica que aborde los retos globales sobre unas bases de progreso. Para ello se requiere de una UE fuerte, capaz de hablar con una sola voz para defender sus valores, dotada de los instrumentos para desarrollar una política exterior sólida, creíble y efectiva. De ahí la importancia de ratificar el Tratado de Lisboa.

Todo ello en un marco de estrecha cooperación internacional y reforzamiento de las instituciones multilaterales. Así, la agenda progresista incluiría la reforma del sistema financiero internacional y de las instituciones de Bretton Woods en el sentido de darles más transparencia, mejorar su legitimidad con una mayor participación de los países emergentes y en desarrollo y reforzar su vinculación con el sistema de Naciones Unidas, sin olvidar otros retos globales como la lucha contra el cambio climático como prioridad absoluta; la financiación del de-

sarrollo para la erradicación de la pobreza y la consecución de los Objetivos del Milenio; el combate al

terrorismo desde la legalidad internacional y los derechos humanos; y la construcción de la paz y de una alianza de civilizaciones duradera.

Muchas de las ideas perfiladas se incluyen en el Manifiesto del Partido Socialista Europeo –que se presentó ayer en Madrid– y que reúne a los principales líderes socialistas y socialdemócratas de la UE. Los ciudadanos deben saber que las respuestas a la crisis no son las mismas si vienen desde la derecha o desde la izquierda. La Europa que defendemos en esta tribuna sólo será posible con una mayoría progresista en los gobiernos e instituciones de la UE. Les toca a los ciudadanos identificar la opción.

María Muñiz de Urquiza es Doctora en Ciencias Políticas y asesora del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo.

Manuel de la Rocha Vázquez es Economista. Miembro de la Fundación Alternativa.

Ilustración de Mikel Jaso