Fundamentalismo constitucional vs. legitimidad democrática

Jaime Pastor

Autor de 'Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda' y 'Cataluña quiere decidir'

Con una rapidez sin precedentes, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados por el gobierno contra la ley de consultas del Parlament catalán y el decreto, firmado por el President de la Generalitat, de convocatoria de una consulta no vinculante el próximo 9 de noviembre. Pretende, además, paralizar no sólo la consulta sino también “las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella”. De esta forma, una suspensión cautelar “exprés” sitúa en la ilegalidad a una mayoría social y política en Cataluña.

Los recursos del gobierno, resumidos en el discurso de Rajoy, siguen siendo los de siempre: que “la consulta que se pretende llevar a cabo, ni por su objeto, ni por el procedimiento seguido, es compatible con la Constitución española” (¿seguro?: ¿por qué no aceptaron aplicar, por ejemplo, el artículo 150.2 que habría permitido transferir la competencia de convocar referéndum no vinculante a la Generalitat?); que “la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto y una parte de él no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos” (¿por qué, entonces, en Escocia sí han podido votar únicamente los y las escoceses si se separaban o no del Reino Unido y no el conjunto de la ciudadanía de ese Estado?); que, en fin, ya en plan catastrofista, “esta consulta de autodeterminación (…) va en contra de la Ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España, y perjudica gravemente a su bienestar” (¿no será, más bien, el Estado español el que se aleja de esa “Europa” que no ha dicho nada en contra del referéndum escocés y, en cambio, asiste preocupada a la inestabilidad política que puede provocar al “choque de trenes” que se anuncia?) .

Lo peor de todo en el ya previsible discurso de Rajoy es su afirmación rotunda de que “desde un punto de vista estrictamente político, tampoco cabe obrar de otra manera”. Porque ahí está el quid de la cuestión: si hay una demanda ampliamente mayoritaria en Cataluña a favor de ejercer su derecho al voto el próximo 9 de noviembre, como está archicomprobado por distintas vías (ahora, con el 92,9 % de ayuntamientos dispuestos a organizar la consulta), lo lógico habría sido buscar alguna fórmula legal de ejercicio de ese derecho; con mayor razón cuando se trata de una consulta no vinculante y, por tanto, no se desprendería de la misma, en la hipótesis de que hubiera una mayoría a favor de la independencia, que se proclamara inmediatamente ésta.

Contrasta ese autismo político, no nos cansaremos de recordarlo, con lo que hicieron tanto PP como PSOE a propósito de la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, en pleno agosto de 2011, para así contentar a esos “mercados financieros” que continúan actuando como los verdaderos gobernantes de la eurozona. ¿Por qué no haberlo hecho en este caso? Obviamente, porque las cesiones de soberanía “por arriba” son ya norma corriente en unos gobiernos que están al servicio de un despotismo antidemocrático a escala europea, mientras aumenta su miedo a la democracia ejercida desde abajo y, en esta ocasión, por un pueblo que reclama ser reconocido como tal.

Ha sido esa falta de voluntad política de Rajoy y su gobierno de buscar un terreno de encuentro que encaje la legalidad con la realidad, y no al contrario, la que ha conducido a la confrontación actual. Sin duda, en ello ha influido un fundamentalismo constitucional muy arraigado en sus filas, pero también los consabidos cálculos electoralistas, dirigidos a compensar el desgaste que está sufriendo tanto en el plano político (corrupción) como social (“austericidio”) mediante el recurso a un nacionalismo español beligerante en una parte significativa de su base social. Con todo, el precio que va a pagar por ello será muy alto no sólo en Cataluña sino también en otras partes del Estado, en donde, como estamos viendo ahora mismo en Canarias, la reclamación del derecho a decidir sobre asuntos de especial trascendencia para la ciudadanía se va extendiendo frente a un gobierno y a un régimen en profunda crisis de legitimidad.

La respuesta de las organizaciones sociales y políticas catalanas favorables a la consulta no se ha hecho esperar. Muy probablemente comprobaremos esta misma tarde la potencia de un movimiento plural y transversal, dentro del cual una parte creciente no se reconoce tampoco en ese “pujolismo” que ha sido también uno de los pilares del “régimen del 78”, ha practicado también duros recortes sociales y hoy se encuentra en profunda crisis. Proclamando su derecho a desobedecer a la suspensión del Tribunal Constitucional, pueden contar con toda la legitimidad democrática para ello y, además, con la propia legalidad de lo acordado por sus instituciones representativas.

No sabemos hasta dónde podrá llegar este movimiento ni qué va a ocurrir el 9-N. Algo es, sin embargo, seguro: con este portazo a la consulta, la desafección ciudadana y el independentismo en Catalunya no dejarán de fortalecerse en el futuro.

Mientras tanto, vemos que fuera de Cataluña, y pese a que es perceptible un progresivo cambio en segmentos significativos de la opinión pública española a favor de permitir a los catalanes celebrar la consulta, pocas siguen siendo las voces que se levantan exigiendo al gobierno –y al PSOE- que reconozcan ese derecho, se resignen de una vez a reconocer la realidad plurinacional de este Estado y, por tanto, acepten la existencia de un demos catalán diferenciado con derecho a decidir su futuro. ¿Habrá que insistir una vez más en que el desafío democrático catalán supone una impugnación en toda regla de ese “régimen del 78” contra el que también está luchando una creciente mayoría social en todo el Estado español? ¿No deberíamos tomar nota de que, aunque los sentimientos nacionales sean muy diferentes, tenemos un mismo interés común en que en esta contienda política no salga victorioso un régimen que está, además, en profunda auto-reforma reaccionaria?