Carmen Montón

Secretaria federal de Igualdad

El gobierno de Rajoy ha legislado contra las mujeres durante toda la legislatura. Ésta ha sido la legislatura de la desigualdad. El Partido Popular ha usado la crisis económica como excusa para desmantelar las políticas de igualdad, arremetiendo contra las mujeres recortando su capacidad económica y sus derechos al tiempo que las ha sobrecargado con todo el peso de los cuidados eliminados del Estado del bienestar. Pero no solo eso, la ofensiva del gobierno de Rajoy contra las mujeres se ha desarrollado en cuatro frentes. A la desaparición de organismos y políticas específicas en igualdad, hay que sumarle los recortes presupuestarios, las reformas consideradas como "neutras" —reforma laboral, reducción de puestos de trabajo en el sector público, adelgazamiento del estado del bienestar o desmantelamiento de los servicios públicos esenciales— y las reformas ideológicas —ley de educación, reforma del Código Penal, anteproyecto de custodia compartida impuesta o la reforma de la administración local— que en conjunto, suponen un enorme retroceso en derechos de ciudadanía de las mujeres.

Desde que gobierna el PP, España ha caído 19 puestos en el informe sobre la brecha de género que realiza cada año el Foro Económico Mundial. En 2007, España estaba en el número 10. La peor nota la obtiene en oportunidades económicas donde ocupa el puesto 84. En este área, que tiene en cuenta la igualdad salarial, España ha perdido ocho puestos solo en el último año.

La disminución de la partida para Igualdad en los Presupuestos Generales del Estado ha sido una constante. Desde que gobierna el PP, se ha recortado un 33% en general y un 22% los presupuestos en la lucha contra la violencia de género.

Además de este recorte sistemático, el Partido Popular ha mantenido durante toda la legislatura la amenaza de reducir los derechos de las mujeres, de disminuir su consideración como ciudadanas, de relegarlas a personas tuteladas a través de la reforma de la ley del aborto. Una amenaza que tiene dos vertientes: por un lado los problemas reales, abocar a las mujeres a abortos clandestinos jugándose la salud e incluso la vida y por otro, el retrógrado discurso que ha alimentado para justificar esta reforma.

Ante el mayoritario rechazo social, mitigó el golpe retirando el primer borrador y cesando al ministro Gallardón, pero en ningún momento retiró la amenaza —de hecho, sigue vigente el recurso de anticonstitucionalidad que interpusieron a la ley del aborto en vigor—, y esta semana han consumado sus planes presentando una reforma de la ley que ataca precisamente a las mujeres más jóvenes –que aún no votan- y, entre ellas, a las más desprotegidas, a aquellas que como señala la ley actual, viven situaciones de violencia, amenazas, abusos o desamparo.

El proyecto de ley presentado por el Gobierno constituye una grave amenaza para la salud sexual y los derechos reproductivos de las mujeres jóvenes. En 2014, el 3,6% de todos los abortos en España se llevaron a cabo por las mujeres de 16 años o 17. Sólo el 12,38% de este reducido 3,6 por ciento, no pudieron informar a sus padres, por las razones que señala la ley. Son el 12 por ciento que está en familia disfuncionales, en situaciones de violencia, con padres que residen fuera de España, o que están en la cárcel… Por lo tanto, el proyecto de ley tendrá un efecto desproporcionado en las mujeres jóvenes.

Se trata de un nuevo intento de restringir el acceso al aborto seguro y legal en España. ¿Por qué motivo el gobierno de Rajoy vuelve a arremeter contra las mujeres con tanta virulencia? Solo se puede explicar esta reforma por un puñado de votos en un año electoral.

Organizaciones internacionales como el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer o el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Salud, han expresado su preocupación con respecto a la relación directa entre las leyes restrictivas y el aborto clandestino y sus riesgos para la vida, la salud y el bienestar de las mujeres. Cuarenta y siete mil mujeres mueren cada año como resultado de abortos inseguros, y cinco millones sufren lesiones graves, la gran mayoría de ellas en países donde el acceso a abortos seguros y legales está penado por la ley.

Tan vergonzosa es la reforma que ningún ministro se ha querido hacer cargo de ella, ha tenido que ser el grupo parlamentario popular quien la presente y que efectivamente, se trata de una reforma cobarde. El Partido Popular la presenta por la puerta de atrás, para eludir los informes preceptivos como el Informe del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial o de la Fiscalía.

La actual ley del aborto es una buena ley porque cumple el objetivo de disminuir el número de embarazos no deseados. En 2013 —último año que tenemos cifras oficiales— se ha registrado la cifra más baja de tasa de aborto de los últimos 7 años. Especialmente ha disminuido en las menores de 30 años. Lo que debería hacer este gobierno es desarrollar la primera parte de la ley en vigor, reforzar la educación sexual, no castigar y perseguir a las mujeres.