Antoni Comín

Profesor de Ciencias Sociales de ESADE

Ilustración por Mikel Casal

Con los planes de ajuste fiscal, muchos países de la Unión Europea están sometidos a una trágica encrucijada: para salvar el euro –se les dice– hay que recortar drásticamente el gasto social, cercenar derechos fundamentales, detener la inversión pública. El dilema se presenta así: o la moneda única o los estados del bienestar, pero no ambas cosas a la vez.

La elección es especialmente insoportable si se analiza con perspectiva histórica. El Estado del bienestar es nuestro modelo social europeo, aquello que nos identifica como continente. La integración europea y el desarrollo de los estados del bienestar se iniciaron de la mano, en la posguerra, como las dos caras inseparables de una misma estrategia. La Guerra Mundial había sido provocada por los fascismos y nacionalismos totalitarios; pero estos, a su tiempo, eran consecuencia de la crisis radical del capitalismo liberal. Para garantizar la paz, para asegurarse de que aquel horror no volvía a repetirse nunca más, había que unificar Europa para inmunizarse de los nacionalismos destructivos; pero hacía falta, todavía más, un Estado social para que las clases medias no se arrojasen en brazos del fascismo ante el colapso de un capitalismo sin control público.

Hoy, en cambio, el euro –máxima expresión de la integración europea– y el Estado social se nos presentan como adversarios, como horizontes incompatibles. Son los mercados de deuda soberana, una de las muchas caras de los mercados financieros, quienes marcan el paso hasta acorralar a los gobiernos europeos. El Pacto del Euro es ambivalente. Por un lado, supone un avance hacia el gobierno económico europeo y, por lo tanto, hacia la unión política continental. Por el otro, consagra la disciplina fiscal como la única columna vertebral de nuestra política económica común. Más coordinación macroeconómica, bien. Más austeridad presupuestaria, bastante mal.

El mensaje se podría traducir así: más Europa, pero menos cohesión social. Es una paradoja especialmente triste para la izquierda europea, es decir, para todos aquellos que desde hace años reclaman el avance hacia una unión económica europea –y no sólo monetaria– precisamente para reforzar unos estados del bienestar que, organizados a nivel estrictamente estatal, son cada vez más difíciles de defender. Ahora que esta unión se acerca, parece que acaba sirviendo justamente al objetivo opuesto.

¿Hay alternativa? Sí la hay. Nadie con un mínimo sentido de la prudencia pretende que los estados europeos se instalen de manera permanente en los déficits públicos. Pero el equilibrio fiscal se puede lograr sin debilitar las políticas sociales, en algún caso dramáticamente, ni castigar a los más débiles. Para ello, eso sí, se requiere una visión y una ambición políticas de las que los líderes progresistas europeos han carecido en estos primeros años de la crisis. Porque esta alternativa pasa por impulsar una serie de reformas que sólo son posibles si se articulan a escala europea:

Una reforma fiscal: impuestos al capital financiero, sobre beneficios y sobre sueldos elevados, en la línea de lo que una institución tan poco sospechosa de radicalismo como el FMI propuso en su informe A Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector (2010); impuesto sobre las transacciones financieras; impuestos sobre patrimonio y grandes fortunas, entre otras medidas.

Un Tesoro europeo: creación de los eurobonos, para proteger de manera efectiva y contundente la deuda de los países periféricos de la UE del ataque de los mercados, que acaba por perjudicar a todos los países del euro en su conjunto.

Una verdadera reforma financiera: en Caída libre, Stiglitz detalla con considerable precisión todo aquello que deberíamos hacer para que los mercados financieros no repitan una catástrofe como la de 2008: cómo regular los bonus de los directivos para evitar incentivos perversos, cómo garantizar la transparencia para que la “banca en la sombra” no quede al margen de los reguladores, cómo impedir que estos sean capturados por el propio sector financiero al que regulan, cómo vigilar o trocear las entidades sistémicas (“demasiado grandes para caer”), qué hacer con los derivados para que no se conviertan en armas de destrucción masiva, cómo proteger al consumidor del abuso de los bancos, etc. Y, nos atrevemos a añadir, cómo regular las agencias de rating para que no trabajen al servicio de los especuladores y en contra del interés general.

En esta crisis, la izquierda europea estaba llamada a cerrar un programa común con todas aquellas medidas que permitirían resolver nuestra sangría fiscal de una manera más justa y menos antisocial y que podrían poner a la política en el lugar que le corresponde, esto es, por encima y no por debajo de los mercados financieros. No hacerlo ha sido su gran omisión.

Este programa alternativo no se puede llevar a la práctica de hoy para mañana, ni se puede aplicar en una UE con una abrumadora mayoría conservadora. Pero ofrece un horizonte distinto al de los meros recortes, que permitiría a la izquierda mantener viva su razón de ser. Que la derecha aplique las recetas ortodoxas de lucha contra el déficit, no arruina su capital simbólico ni sus fundamentos ideológicos. Que lo hagan los gobiernos socialdemócratas tiene un efecto devastador para su credibilidad ante sus bases electorales.

Hoy, los ciudadanos progresistas de Europa no saben muy bien qué ganarían si gobernase la izquierda, ni por qué deberían acercarse a las urnas. Ese programa alternativo serviría para explicarles que sí hay una salida distinta a la crisis, que es posible salvar el euro sin debilitar nuestros estados del bienestar, que la izquierda, si gobierna, librará sus batallas propias, bien distintas de las de los gobiernos conservadores.

Hace pocas semanas los líderes de la izquierda europea –socialistas y ecologistas– lanzaron un manifiesto, www.changeforeurope.eu, que propone avanzar por el camino de las tres reformas anunciadas. Parece que la gran omisión termina. Bienvenido sea, aunque llegue con dos años de retraso.