La guerra en Ucrania como excusa para perseguir y censurar (y no sólo en Rusia)

Masha Moskalióva, de 13 años, estudiaba en una escuela de la región de Tula, a unos 160 kilómetros de Moscú. En abril de 2022, algo más de un mes después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, en una clase de arte pintó un dibujo que desencadenó toda una serie de acontecimientos disparatados que acabarían, casi un año después, con su padre, Aleksey Moskaliov, detenido y con ella en un orfanato.

En su dibujo aparece una mujer con un niño haciendo frente a unos misiles que vuelan en su dirección, y dos banderas: la rusa, con la inscripción de “no a la guerra”, y la ucraniana con “gloria a Ucrania”. De alguna manera la policía de la pequeña ciudad de Yefrémov recibió información sobre el dibujo. Inicialmente se dijo que fue la profesora de la pequeña la que había “delatado” a la peligrosa activista, aunque ahora mismo esto no está tan claro, puesto que la escuela lo niega.

Fuera por la profesora o no y fuera por el dibujo o por los comentarios en redes sociales de su padre (que fueron investigados con posterioridad), el caso es que la casa de Masha fue registrada y su progenitor detenido durante unos días y posteriormente sentenciado a arresto domiciliario acusado de desacreditación de las acciones de las FF.AA. Masha lleva casi una semana en un orfanato. Con el regreso de Aleksey para cumplir la pena en su domicilio parecía que la pesadilla había terminado para esta familia monoparental y que su hija podría volver a casa. Pero no. Según las últimas informaciones, los servicios sociales pretenden quitarle a Alexey la custodia de Masha y ordenar que él reciba “tratamiento psiquiátrico”.

Meses antes, a finales de diciembre, un trabajador metalúrgico de la ciudad de Vologda, Vladímir Rumiántsev, fue sentenciado a tres años de prisión por el mismo delito por el que Aleksey Moskaliov se encuentra en arresto domiciliario: difusión de falsedades sobre el Ejército ruso. El trabajador de 61 años subió a su cuenta de Vkontakte, el análogo ruso de Facebook, seis vídeos que, según el juzgado, “contenían información falsa sobre los supuestos saqueos, violaciones, asesinatos y destrucción que cometen los soldados rusos en el territorio ucraniano”.

Ese no fue su único “delito”. Desde hacía años su afición era la radio, así que montó su propia emisora cuya señal llegaba a algunas decenas de metros a la redonda de su casa, gracias a un aparatito que compró en Aliexpress. Bautizó a su recién nacida emisora ‘Radio Vován’ (por el diminutivo de su propio nombre).

Antes del inicio de la guerra se limitaba a la radio fórmula: emitía sólo grandes éxitos musicales. Luego del 24 de febrero de 2022 varió su repertorio y le sumó podcasts y programas de posturas contrarias a la guerra. Pese a que en la sentencia no se identifica a más oyentes de este subversivo formato que el propio Vovan, se le condenó a tres años de cárcel por esos seis vídeos contrarios a la guerra subidos a sus redes sociales.

Según datos que recoge OVD-Info, proyecto no gubernamental que desde hace años se dedica a recopilar información sobre represaliados políticos rusos, en el período comprendido entre el 24 de febrero de 2022 y el 15 de febrero de 2023, en Rusia fueron detenidas 19.586 personas por mostrar posturas contrarias a la guerra. Esto no significa que esas casi 20.000 personas sigan en la cárcel: la gran mayoría de ellas habrán sido liberadas después de pasar unas horas en los calabozos y ser fichadas, con un expediente abierto de carácter administrativo. Lo que sí sabemos, gracias a OVD-Info, es que en los últimos 363 días se han iniciado casos penales contra 447 personas por oponerse a la guerra o criticarla y ese dato sí que es significativo: se trata del mayor número de causas penales por temas ideológicos abiertos durante el gobierno de Putin.

Los casos de Aleksey Moskaliov o de Vladímir Rumiántsev son los que más repercusión tuvieron por lo absurdo de las acusaciones que se hacen contra ellos y por tratarse, básicamente, de ciudadanos que no son “nadie” y que no suponen ningún desafío para las aparentemente desquiciadas autoridades. Digamos que por lo gratuito de sus detenciones, dentro de lo enormemente gratuitas que son todas las demás. Pero hay muchos más casos de periodistas y opositores al gobierno encarcelados con penas todavía más duras.

Un post en un canal de Telegram sobre el bombardeo del teatro de Mariupol le costó a la periodista Maria Ponomarenko, de la ciudad de Barnaul, del krai de Altái, 6 años de cárcel. Una transmisión de Youtube sobre Bucha le supuso 8 años y 6 meses de prisión al diputado municipal moscovita Ilyá Yashin.

Seis años y 11 meses de condena le cayeron al diputado municipal de Moscú Aleksey Gorinov por sugerir en una reunión laboral, unas semanas después del inicio de la guerra, que no era el momento más idóneo para organizar concursos de dibujos infantiles, mientras niños del país vecino morían víctimas de la “operación especial militar”.

Por si fuera poco, la semana pasada la Duma estatal aprobó enmiendas al Código Penal para castigar a aquellos que se atrevan a cuestionar la narrativa oficial que asegura que el “ataque preventivo” era inevitable, que no afecta a la población civil del país vecino y que solo se persigue la “desnazificación” y la desmilitarización de Ucrania. Poner en duda estos pilares del argumentario del Ministerio de Defensa Ruso podrá ser penado, a partir de ahora, con hasta 15 años de cárcel. Además de la desacreditación de las Fuerzas Armadas en sí, las nuevas enmiendas incluyen a los hasta hace bien poco “inexistentes”, según las autoridades, grupos de mercenarios adscritos al Estado que operan en esta guerra. De manera que decir que un paramilitar de Rúsich (cuyas fotos tatuados con simbología nazi son notorias y fáciles de encontrar en Internet) es un nazi, podrá ser castigado por esta audaz y avanzada legislación.

Al ser preguntado al respecto de las más que evidentes simpatías filonazis de los paramilitares de Rúsich, Andréi Kartapolov, uno de los coautores de las enmiendas, se despachó con las siguientes explicaciones delirantes: “Si cumplen sus tareas dentro de las FF.AA. significa que ya han cambiado. Creo que ya se han quitado sus tatuajes y no hacen más el saludo nazi”. En fin, que si son nuestros nazis, ya no son nazis, básicamente. Un relato que se parece sospechosamente al de las autoridades ucranianas cuando explican la presencia de elementos ultras en sus filas.

La cuestión es que la gran mayoría de los casos de encarcelamientos y persecuciones en Rusia están perfectamente documentados por la prensa de este lado del mundo al que ahora algunos han dado en llamar “el Occidente colectivo” a imagen y semejanza de lo que hacen las autoridades rusas. Pero nadie que se preocupe realmente y de forma sincera por los derechos humanos podrá poner en duda que violaciones similares a estas se están dando también en el otro bando en conflicto: en Ucrania. No nos cabe duda, entre otras cosas, porque se trata de una deriva iniciada ya bastante antes, tras la anexión de Crimea y el inicio de este conflicto en el Donbass. ¿Y qué tenemos sobre esto en los medios occidentales? Pues la verdad es que el volumen de información al respecto deja mucho que desear…

A lo largo de los ocho años previos a la invasión rusa, la acusación de prorruso sirvió al poder ucraniano para invalidar toda postura contraria a la dominante y despejar el campo político y mediático de cuestionamientos. El 24 de febrero del año pasado el gobierno ruso le facilitó bastante el trabajo al Servicio de Seguridad de Ucrania, dando vía libre a las persecuciones de todo tipo de opositores, disidentes y activistas de izquierdas, sin necesidad de elaborar pruebas fehacientes, dar explicaciones coherentes y aparentar algún grado de legalidad.

Así, el 20 de marzo pasado Volodymyr Zelenski ilegalizó las actividades de 11 partidos políticos opositores por sus supuestos vínculos con el Estado ruso, que no hizo falta demostrar.

Paralelamente, comenzó un caza de brujas de la que se habló poco o nada en los medios. Yuri Tkachev, editor del diario Timer, de Odesa, fue detenido pocas semanas después del inicio de la invasión. Mientras los agentes de seguridad irrumpían a registrar su casa se despedía en su canal de Telegram con el mensaje “Han venido a por mí. Fue un placer comunicarme con ustedes”.

Durante años el periodista ha criticado la política de las autoridades ucranianas surgidas tras la revolución del Maidán y fue uno de los pocos profesionales ucranianos que denunció la masacre en la casa de los sindicatos en Odesa en mayo de 2014. Atrevimientos como estos le valieron la etiqueta de “agente al servicio de Moscú”. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza a la espera de juicio.

En las semanas de febrero y marzo de 2022 también fueron detenidos los hermanos Mijail y Aleksander Kononovich, líderes de las Juventudes Comunistas de Ucrania. Similar suerte corrieron el historiador Aleksander Karevin, el poeta Yan Taksiur, el periodista Dmitri Dzhanguírov… los delitos de los que se les acusa van desde traición a la patria a colaboracionismo y violación de la integridad territorial ucraniana. Para probar los dos últimos son suficientes publicaciones en redes sociales o cualquier manifestación en público o en privado de ideas alejadas de la línea oficial.

Hay que reiterar que todos estos periodistas, activistas, poetas y partidos estaban libres o eran legales hasta que Rusia inició su campaña “de liberación” bajo lemas como “no abandonamos a los nuestros”, pero no deja de resultar curioso el empeño de las autoridades ucranianas de relacionar a las fuerzas izquierdistas u opositoras con las actitudes “prorrusas”. Algo que puede hacernos pensar que más bien es su oposición a los gobiernos que se sucedieron desde la revolución del Maidán y su negativa a renegar de la época soviética lo que los ha puesto en el punto de mira de estas autoridades.

Todo esto puede entenderse dentro de la lógica de Estados en guerra que han perdido toda preocupación por el respeto a los derechos humanos (una cuestión que tampoco pareció importarles demasiado nunca, todo hay que decirlo). Pero no debería de ser algo que detuviera en su afán de informar a los medios y periodistas de países que teóricamente no están en guerra. Por no hablar de países que, como Polonia, directamente recurren a detenciones similares de ciudadanos de la Unión Europea, usando acusaciones también similares. Es el sangrante caso de Pablo González. En la situación actual, para las autoridades españolas ha sido más fácil sacar de Irán a una activista feminista detenida supuestamente por protestar (con lo que eso supone en aquel país), que informar sobre la situación de este periodista cuyos cargos, más allá del de “espía”, se desconocen por el momento, tras un año entre rejas. La española fue liberada del régimen de los ayatolás en 4 meses. De Pablo se sabe más bien poco, por decirlo muy suavemente. Un verdadero aviso para todos aquellos que se atrevan a cuestionar, aunque sea ligeramente, la línea de pensamiento establecida en este lado del mundo.

Esta corriente de violaciones de derechos humanos y del Estado de derecho a ambos lados de la frontera, es algo que ya nos esperábamos al inicio de la invasión, tristemente, y no parece que la cosa vaya a ir a mejor. Lo que era más difícil de prever es la reacción de los medios y su silencio ante las violaciones de los derechos humanos en uno de los lados. E incluso el ataque y la marginación a los que son sometidos todos aquellos que quieran hablar de ambas violaciones y no solo de unas.

Como ejemplo, tenemos el hecho insólito de Amnistía Internacional, que incluso llegó a disculparse por “la angustia causada” al sacar un informe en el que se reconocían ciertas violaciones de las leyes de guerra por parte de las fuerzas ucranianas (como si a alguien le cupiera duda de que éstas, en guerra, no se dan en uno de los dos bandos, algo que la historia se ha encargado de demostrarnos que nunca sucede). La misma Amnistía Internacional que siempre ha defendido su independencia y su voluntad de velar por los derechos humanos de todos, incluyendo, por ejemplo, a los presos por terrorismo en países democráticos, pedía disculpas, no por haber hecho acusaciones falsas… sino por haber informado de violaciones que nadie ha desmentido. Una clara muestra de lo complicado que resulta esta defensa, especialmente en tiempos de guerra. Y es que, reconozcámoslo: para los defensores de la guerra, de uno y otro bando, ni existen los derechos del bando contrario, ni se les puede considerar exactamente humanos, algo que nos han dejado bien claro en sus declaraciones durante los últimos meses. Solo vale la victoria, y la victoria es solo la aniquilación del enemigo. En eso, al igual que en otras cosas, Rusia y Ucrania no parecen ser muy diferentes. Ni tampoco los aliados de ambos y aquellos que siguen jaleando la guerra.