ERIKA M. RODRÍGUEZ PINZÓN

Antes de tomar posesión de su cargo, el presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, está esforzándose por demostrar que va a imponer un modelo de gobierno propio, distanciándose del saliente Álvaro Uribe. Una de las áreas en las que es más clara la intención de imponer patrones propios es en materia de relaciones internacionales.

Santos intenta que su legitimidad electoral esté acompañada de apoyo internacional. Con ese objetivo viajó por Europa, entrevistándose con los dignatarios de Reino Unido, Alemania, Francia y España y otras personalidades. En la gira reveló también su intención de solicitar la entrada de Colombia en la OCDE y se aplicó en reunir apoyos a la candidatura.

Aunque el interés por estrechar relaciones con Europa no puede interpretarse como una desvinculación de Estados Unidos –que sigue jugando el papel central en las relaciones exteriores colombianas–, su política apunta en positivo en varios sentidos. En primer lugar, al nombrar Canciller a María Ángela Holguín, por su alto nivel técnico y experiencia en la carrera diplomática. En segundo lugar, con la apertura de las relaciones hacia otras latitudes, la pretensión de mejorar las tensas relaciones con los países vecinos y el interés en incluir nuevos temas en la agenda internacional.

Sin embargo, algunas de sus declaraciones parecen dar dos pasos atrás hacia el discurso exterior errático y alejado de la realidad nacional que caracterizó al anterior Gobierno.

Santos se refirió a los problemas como el narcotráfico, la guerrilla o el paramilitarismo como “historia pasada”. Exaltó su idea de que Colombia se convierta en asesora de otros países en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Pese a que Santos insiste en mostrar los problemas de inseguridad como un fenómeno superado en Colombia, en todas las ruedas de prensa los periodistas continuaron acusando preguntas sobre los derechos humanos y el conflicto armado en Colombia. Asimismo, Amnistía Internacional se dirigió previamente al presidente español para pedirle que reclamara apoyo para las y los defensores de derechos humanos y el fin de la justicia militar para enjuiciar violaciones de derechos humanos en el país.

Ni las organizaciones de derechos humanos ni los periodistas se basan en una idea difusa de la realidad del país, como siempre lo sugirió Uribe. Se basan en que Colombia vive una grave situación de inseguridad que genera cuantiosas pérdidas humanas y económicas y que está ligada no sólo a la existencia del narcotráfico, sino a un profundo déficit social e institucional.

Es cierto que es necesario incluir temas nuevos en la agenda internacional, el medio ambiente es de hecho uno de los más importantes. Es asimismo necesaria una desnarcotización de la política exterior e incluso es viable que, dadas las expectativas de crecimiento económico del país, se le incluya en la OCDE. Pero ante todo hace falta reconocer que en Colombia la historia del conflicto no se ha cerrado, el narcotráfico, la guerrilla, el neoparamilitarismo y sobre todo las violaciones de los derechos humanos son pan de cada día. Lo saben bien los interlocutores europeos. Si Uribe no pudo acabar con la existencia del conflicto sólo negando su existencia, Santos tendría que saber que tampoco él puede borrar la imagen negativa de Colombia y de su Gobierno cambiando de tema de conversación o dándolo por superado.

La seguridad sigue siendo prioritaria, no ya la militarización, pero sí las políticas para la consecución de una seguridad de carácter humano. Contar con la experiencia del juez Garzón es una idea notable, pero hay que ir más allá. Hace falta una política de Estado de transparencia absoluta en esta materia, hace falta voluntad política y hace falta una superación social del conflicto y sus causas, incluida la reparación a las víctimas.

Santos debe mostrar respeto por las reglas de juego a todo nivel. No puede ser más el Juan Manuel Santos, ministro de Defensa que autorizó un ataque a la guerrilla en territorio ecuatoriano. Tiene que ser el presidente que debe convencer a los demócratas del Congreso estadounidense y a los parlamentarios europeos de la ratificación de los tratados de libre comercio, mostrando que Colombia mejora “sustancialmente” su situación de derechos humanos y que el Gobierno será el primer defensor del Estado de derecho.

Colombia no puede desviar las acusaciones internacionales jugando al papel de víctima, ni caer en el síndrome de la negación, ni mucho menos vender los éxitos de una política de seguridad que todavía no ha conseguido cumplir su cometido.

Europa debe aprovechar y estrechar la relación con Colombia reconociendo su vitalidad económica y su papel como puerta de entrada a América del Sur, pero también debe mostrarle a Santos que la transparencia de su Gobierno será su más valiosa carta de presentación. Por encima de cualquier vía ideológica o diplomática serán los hechos y los indicadores sociales los que hablen para demostrar si Santos es capaz de desmarcarse de Uribe y superar las graves deficiencias del anterior Gobierno.

Erika M. Rodríguez Pinzón es socióloga, coordinadora del Panel América Latina de la Fundación Alternativas

Ilustración de Miguel Ordóñez.