Los asuntos que preocupan más directamente a la ciudadanía han quedado en un segundo plano en la batalla política que se libra en la Comunidad de Madrid. La salud, la educación, el transporte, el derecho efectivo a la vivienda, la precarización del trabajo, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la concentración empresarial, el deterioro medioambiental... todos ellos son temas fundamentales de los que apenas se habla y de los que habría que hablar en el tiempo que queda hasta el día 4.

El Partido Popular (PP) no está interesado en participar ni en impulsar un debate que desvelaría las vergüenzas de una gestión desastrosa de la pandemia y de unas políticas que sólo han beneficiado a los privilegiados y a los grupos empresariales afines que han recibido todo tipo de prebendas. Le basta con poner en funcionamiento, con el concurso de los medios de comunicación próximos, la poderosa maquinaria de propaganda que ha creado después de años de ocupación de las instituciones.

El fascismo que Vox representa tiene como único propósito empantanar el clima político con provocaciones, mentiras y amenazas de las que pretende sacar réditos electorales. Su objetivo es gobernar con el PP o ser decisivos en la configuración del nuevo gobierno para llevar a cabo una política que supondrá una vuelta de tuerca en la pérdida de derechos y en la degradación de las condiciones de vida de la ciudadanía.

Y Ciudadanos intenta navegar en aguas turbulentas, intentando evitar su desaparición como partido en la Comunidad de Madrid, quizá como preludio de su desintegración a escala estatal, sin otra hoja de ruta que ofrecerse como socio de gobierno a un PP que lo contempla con desdén y que cada vez más se reconoce en la derecha extrema.

Por supuesto, hay que denunciar la amenaza cierta que supone la comunión de intereses entre el PP y Vox, que ambos partidos alimentan e incluso reconocen abiertamente; y hay que luchar contra la ultraderecha, que ha llegado a las instituciones y que las utiliza para propagar su mensaje de odio, adoptando medidas drásticas que frenen la expansión de este cáncer.

Pero las izquierdas, los demócratas, necesitan ir más allá. Es difícil que puedan consolidar los apoyos que necesitan para gobernar sin presentar alternativas a los problemas que antes mencionábamos, sin generar esperanzas en la posibilidad real de atención de los poderes públicos a las necesidades cotidianas de las personas.

Y es todavía más difícil si no existe un anclaje entre lo que se dice y lo que se hace. Y aquí, inevitablemente, la mirada de la gente se dirige al Gobierno central, cuyas políticas -que, por supuesto, nada tienen que ver con las que hubiera llevado cabo la derecha, situada, como acabamos de señalar, en posiciones cada vez más extremas- están siendo tibias y contradictorias en aspectos cruciales, como la transición ecoenergética, la construcción de un verdadero escudo social, la progresividad tributaria o la defensa incondicional del sector público. Sin un referente claro en este nivel, las propuestas formuladas desde la izquierda en Madrid pierden fuerza y recorrido.

Otro aspecto a considerar, tan relevante como el anterior, es la desmovilización de la ciudadanía, que evidentemente tiene muchas causas, pero una de ellas se encuentra en la institucionalización de la política, en la confianza, desmedida e injustificada, en que la presencia y intervención en las instituciones es el principal motor del cambio. Un planteamiento que termina pasando factura, y que contribuye a generar un espacio social donde la apatía, el absentismo... se abren camino. ¿Hay que denunciar la progresión de la bestia ultraderechista y la connivencia del PP? Por supuesto que sí, pero no es suficiente, porque si se sienten fuertes y amenazan no es porque resulten convincentes, sino porque aprovechan la desconfianza en la política que sienten franjas importantes de la población.

Hay que echar a la derecha de las instituciones, todavía estamos a tiempo, para que los cargos de responsabilidad los ocupen demócratas convencidos, pero antes y después del 4 de mayo hay que demostrar que existe voluntad política transformadora, para conseguir una auténtica igualdad de derechos económicos y sociales.