El proverbio latino “facta, non verba”, suele ser el preferido para desmontar los discursos políticos en los que las promesas y los compromisos de futuro no tienen asidero real ni se corresponden con la práctica de gobierno que se ha llevado a cabo. Es (o debería ser) una exigencia de la ciudadanía que la política se manifieste en hechos, no palabras, una reivindicación de la realidad de la existencia de las personas y de las dificultades que éstas encuentran para lograr una vida decente, un trabajo digno, un trato igualitario. Porque la política sirve (o debería servir) justamente para eso, cambiar las cosas y garantizar la seguridad y la igualdad de las personas.

Han sucedido tremendos hechos que han trastornado la cotidianeidad de manera completa, provocando además situaciones extremadamente críticas para la convivencia que comprometían la salud y el nivel de renta de la mayoría de la población. La respuesta a estos graves momentos ha atendido especialmente a las situaciones de vulnerabilidad que la crisis agravaba, pero además se ha avanzado en un ambicioso programa de reformas que en su inmensa mayoría han sido generadas desde un acuerdo social tripartito entre el empresariado, los sindicatos y el poder público, mientras eran denunciadas como nefastas por los partidos de conservadores. Los resultados del “escudo social” progresivamente armado durante el estado de alarma son hechos evidentes ya documentados, pero posiblemente donde más recorrido ha tenido la evolución de un largo proceso de modificaciones normativas ha sido en la regulación de las relaciones de trabajo: desde los incrementos del salario mínimo a la regulación del trabajo a distancia y de las relaciones de trabajo al servicio de las plataformas digitales, o los planes de igualdad y la transparencia retributiva, además de la fundamental herramienta de contención del empleo de los ERTE y el veto sobre los despidos. La Comisión Europea acaba de asegurar que los ERTE amortiguaron el impacto de la crisis de la Covid en el mercado laboral y "abrieron el camino para una rápida recuperación". Una realidad que contrasta con las políticas adoptadas en el ciclo de la crisis de 2008-2013 en donde "la caída en el número de puestos de trabajo (-15,8%) fue casi el doble de la caída del PIB (-8,5%)", afirman las recomendaciones del semestre europeo hechas públicas en mayo del 2022. Hechos, no palabras.

Pero sin duda el elemento más determinante del cambio legislativo lo ha supuesto el RDL 32/2021 de reforma laboral, que ha incorporado elementos cruciales para una nueva configuración del sistema laboral de la etapa post-covid, ahora de nuevo atravesada por las turbulencias de la guerra en Ucrania. El informe de la Comisión resume los efectos en la economía de estas reformas: las reformas laborales planteadas en el Plan de Recuperación permiten avanzar hacia unas condiciones de trabajo más justas, reduciendo la segmentación al limitar el uso de contratos temporales, mejorando la negociación colectiva, potenciando la recualificación y la empleabilidad gracias a las políticas activas de empleo y al Mecanismo RED, cerrando la brecha salarial de género, protegiendo a los repartidores de plataformas digitales y a quienes realizan actividades subcontratadas. Las políticas desplegadas a través de la reforma laboral "tienen el potencial para lograr aumentos duraderos en la productividad y en el crecimiento potencial" y para reducir el desempleo. Los datos de empleo que se conocieron de abril de este año permiten hablar en efecto de un cambio de patrón, puesto de manifiesto fundamentalmente en la celebración de 700.000 contratos de trabajo indefinidos, casi el 50% de las contrataciones iniciales, unido al incremento en la afiliación y la reducción del desempleo.

Hechos, no palabras, que indican el acierto de las modificaciones legislativas emprendidas que eliminan el contrato de obra y servicio, refuerza la causalidad de la eventualidad y da más juego al contrato fijo discontinuo, incluso permitiendo su utilización por las ETTS, a la par que refuerza la capacidad de disuasión de la sanción administrativa ante el incumplimiento de la normativa. Con ello se está consiguiendo afirmar un principio de estabilidad en el empleo que rompe con más de cuarenta años de culto a la temporalidad y se demuestra que eran posibles reformas legislativas que desbarataran un modelo de contratación que incentivaba que el inicio en la relación laboral sólo fuera factible a partir de un contrato a término con enormes dosis de sustitución y de rotación entre las personas trabajadoras.

Y sin embargo, no parece suficiente. No sólo porque las palabras de algunos nieguen estos hechos, entendiendo que encubren la continuidad de las antiguas realidades – la tesis muy extendida de que la reforma laboral es un mero “maquillaje” – o que apenas nada ha cambiado en realidad. El hecho no subsiste ante las palabras que lo refutan. Pero asimismo, en el discurso que vertebra la discusión política, las palabras no reivindican estos hechos como elementos centrales de su argumentación. Orientado hacia los temas que marcan la actualidad de las informaciones mediáticas y el terreno que delimita el pensamiento conservador y ultraderechista, la visibilidad del cambio que se está produciendo en las relaciones de trabajo como ejemplo de la potencialidad emancipatoria de la política progresista se deja en un segundo plano hasta difuminarse en medio de denuncias de corrupción y críticas a las propuestas de los otros, o al cuaderno de agravios que justamente se exhiben como síntoma de la agresión permanente contra las ideologías del cambio.

La paradoja de este discurso que no resalta los avances evidentes en la vida cotidiana fruto de las reformas laborales como la prueba evidente de que la política sirve para avanzar gradualmente hacia un mundo mejor, menos desigual, que garantice seguridad en el empleo y una renta salarial suficiente es que de esta manera es funcional a los embates del pensamiento conservador y ultraderechista que esconden o niegan estos cambios para situar el centro del debate público en los puntos que dominan y que corresponden a un debate maximalista de ideologías en las que la palabra libertad se revuelve sobre su propio significado y se arroja sobre la acción política para devolver la realidad y los hechos a la situación de desigualdad extrema y de injusticia.

Reivindicar los hechos, desde luego, pero también afirmar las palabras que los explican y los sitúan en el centro del discurso de la transformación social. Demostrar que mejorar las condiciones de empleo y de trabajo, garantizar derechos individuales y colectivos en el espacio de la empresa, es una pieza esencial en el modelo de sociedad que se quiere ir construyendo con el apoyo de las mayorías sociales interesadas. Un modelo que paulatinamente va cobrando forma en los hechos pero que las palabras deben enseñar y mostrar como prueba de la realización de un compromiso con la ciudadanía para mejorar sus condiciones de existencia social.