Ignacio Jurado

Investigador en la Universidad de Oxford

Ilustración de Iker Ayestaran

Ante las terribles sacudidas vividas en los mercados de deuda de la zona euro, cada vez crece más el consenso de que es necesaria una actuación decidida y definitiva del Banco Central Europeo (BCE). Este tiene en sus manos herramientas suficientes para hacerlo, ya sea comprando deuda para evitar que la prima de riesgo de algunos países supere determinados niveles o bajando el tipo de interés. Así, cuando en los pasados meses el Banco Central introdujo liquidez, hubo consecuencias inmediatas en la bajada de la prima de riesgo y en la subida de las bolsas. Sin embargo, los atisbos de luz se han ido desvaneciendo. Mario Draghi descarta una intervención a gran escala en los mercados aduciendo la independencia del BCE y despojando a este de toda responsabilidad en la superación de la crisis. El discurso no es muy distinto al que viene marcando Angela Merkel. En su comparecencia ante el Bundestag del pasado 2 de diciembre, insistía en la independencia del BCE como garante de la estabilidad monetaria, calificándolo de “gran logro de nuestra democracia”, olvidando que se trata de una institución que carece de legitimidad democrática. Desde altas instancias europeas, por tanto, se arguye que la independencia del BCE implica que este actúe de modo neutral ante la crisis, desplazando a los gobiernos toda la responsabilidad en su solución y dejando las medidas de austeridad como única salida de la crisis.

Esto nos plantea inevitablemente la pregunta de qué es la independencia de un Banco Central y cuándo es vulnerada. Respondiendo a la primera pregunta, la independencia de los bancos centrales es un fenómeno relativamente reciente que surgió para garantizar que la política monetaria no estuviera al servicio de las necesidades políticas del gobierno de turno, por ejemplo, animando artificialmente la inversión e incrementando el empleo antes de las elecciones. Un mal uso de la política monetaria cosecha beneficios a corto plazo para los políticos, pero tiene efectos perniciosos a medio plazo para toda la sociedad, como la inestabilidad en los precios o la pérdida de competitividad internacional. Para evitar los problemas de inconsistencia temporal a los que se puede enfrentar un gobierno y escapar de un uso oportunista de la política monetaria, se decidió dotar a los bancos centrales de independencia. Así, estos podrían atender únicamente a las necesidades de la economía y decidir sobre la política monetaria óptima dadas la coyuntura económica y sus condiciones estructurales.

Por tanto, el surgimiento de la independencia de los bancos centrales se basa en garantizar que la política monetaria siga criterios de necesidad económica y no de necesidad política. Esto significa que deben actuar libres de las presiones políticas, pero no independientemente de la situación económica. Poco tiene que ver esto con la independencia que hoy se reclama. Cuando Trichet, Draghi o Merkel se refieren a ella, no la entienden como autonomía de decisión, sino como blindaje de una decisión inamovible sobre política monetaria. La independencia ha de ser autonomía de decisión, no autismo. El BCE es todo menos independiente si mantiene una actitud ciega ante la situación en los mercados, manteniendo un rumbo fijo en sus decisiones y siendo insensible a las circunstancias económicas que vive la zona euro en su conjunto.

La segunda pregunta pertinente es si, en las circunstancias concretas en las que estamos, un cambio en la actuación del BCE puede atentar contra su independencia o credibilidad. Este es en parte el discurso mantenido por Alemania y otros países del norte de Europa al sugerir que una acción ahora implicaría una cesión ante las economías “irresponsables” del sur. Es cierto que en una unión económica tan diversa como la europea, no siempre es fácil determinar cuáles son las soluciones óptimas para el conjunto de países, pues los efectos de la misma política monetaria pueden ser (como han sido) tan heterogéneos como las economías sobre las que se aplican. Pero precisamente por esto la independencia debería ser el escudo que permitiera al BCE utilizar un criterio flexible a la hora de determinar las prioridades. Y, en el caso de la crisis que nos ocupa, frente a la posibilidad de que un buen número de países tengan que ser rescatados, que las medidas de austeridad ahoguen cualquier posibilidad de crecimiento económico y que el euro definitivamente sea un proyecto fracasado, no parece descabellado concluir que la zona euro necesita un BCE proactivo en la solución de la crisis.

Parte del problema viene dado porque, a la hora de constituir el BCE, y a diferencia de otros bancos centrales, se fijó la estabilidad monetaria y el control de la inflación como únicos objetivos. Esta es una de las excusas utilizadas por Draghi para justificar que el BCE no puede hacer nada para salvar al euro. Sin embargo, esto no deja de ser interpretación muy restrictiva del mandato del BCE. Que la independencia de un banco central implique que este no puede actuar para defender la supervivencia de su propia moneda es un auténtico sinsentido. Y si fuera así debería de ser una llamada de atención inmediata para reformar su estatuto y habilitarle para poder utilizar sus capacidades monetarias y de compra de deuda en virtud de las necesidades. Si no, habremos pervertido la independencia para convertirla en ceguera. O peor, cabrá pensar que la excusa de la independencia en realidad enmascara la defensa de los intereses de Alemania.