Paloma López

Eurodiputada de Izquierda Unida

Ramón Boixadera

Economista

Lo público como herramienta para el beneficio privado: en eso consiste el Estado neoliberal. Así lo demuestran los trabajos y estrategias de la actual comisión: sirva de ejemplo su proyecto estrella, el Plan Juncker. Deseoso de enmascarar la continuidad con sus predecesores, el luxemburgués optó por disimular su compromiso con los recortes y la precarización del trabajo. Y lo hizo con un guiño al movimiento sindical, recuperando su propuesta de un plan de inversiones para Europa.

El inesperado anuncio decía retomar una de las viejas demandas de la izquierda keynesiana, sacrificada en su momento por la incipiente dislocación entre la soberanía estatal y el mercado europeo; la de recrear, a nivel continental, las políticas económicas del capitalismo de posguerra, usando el gasto público como remedio al desempleo masivo.

Pero los 300.000 millones anunciados eran un mero señuelo. Limitada por el corsé de un presupuesto europeo menguante, la nueva comisión decidió eliminar partidas de innovación y desarrollo e infraestructuras públicas para constituir un núcleo de 15.000 millones con los que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) garantizaría hasta 300.000 millones... de inversión privada.

Es sospechosa la decisión de fiar a la deuda privada programas de inversión dirigidos desde las administraciones públicas, toda vez que los costes de financiación son superiores a los que incurriría el Estado endeudándose directamente si se flexibilizaran las normas europeas de déficit. Además, mediante el uso directo de los presupuestos públicos, se garantizaría que se contribuya efectivamente dinero nuevo a la expansión de la capacidad productiva y la demanda europea, en vez de reciclar inversiones privadas que se habrían llevado a cabo de todos modos. Peor aún; la propuesta sacrifica fondos públicos esenciales a la mejora del conocimiento, productividad y bienestar de la sociedad europea para convertirlos en la precaria base de una nueva pirámide financiera.

En España conocemos bien los peligros de esta apuesta. La Comisión apoya como prioritaria las inversiones en sectores como la energía o el transporte, pero la apuesta por grandes infraestructuras desligadas de un plan de desarrollo llena el territorio de inversiones que no pueden ser rentables, lo que lleva a vergonzosos rescates y tarifas excesivas para el mantenimiento de la industria y el bienestar de las familias. Los 1.350 millones de indemnización a Castor, uno de los primeros proyectos avalados por el BEI, son un aviso de lo que sucede cuando se privilegian los intereses de las finanzas y grandes grupos transnacionales frente al control público de la inversión. Atraídos por el subsidio implícito que suponen las garantías públicas, tanto por el menor interés de los créditos como por el compromiso de absorber las pérdidas del proyecto, la extensión del programa de proyectos del BEI es una invitación a la especulación masiva en proyectos de dudosa rentabilidad y utilidad social.

Asimismo, el sello europeo podría servir para legitimar la participación de la inversión privada en proyectos en los que sus riesgos ecológicos o sociales habrían despertado una notable oposición o servir de palanca para hacerse con la gestión o la propiedad de servicios públicos. Además, en ausencia de criterios de cohesión y convergencia productiva, se reforzarían las tendencias centralizadoras de la inversión europea, ahondando en los procesos de relocalización industrial que dañan nuestro tejido productivo.

La solución a los problemas del neoliberalismo no pasa porque la UE se consolide como un engranaje más de la voluntad de los mercados. Por el contrario, exige que utilice los mecanismos de los que dispone para permitir que los estados financien y planifiquen una alternativa productiva que supere las limitaciones que la división del trabajo en Europa les impone.

De esta apuesta da una pincelada la propuesta de resistencia del nuevo Gobierno griego: el mantenimiento de la liquidez del BCE, la renegociación de la deuda y la lucha contra el fraude fiscal; algo a lo que Europa debe contribuir también con la armonización al alza de los tributos del capital y sociedades y la flexibilización de los objetivos de déficit, con los que se obtendrían recursos necesarios para que la inversión pública estimule y transforme las economías devastadas por la austeridad.

La nacionalización de sectores estratégicos, como la electricidad o las finanzas, y de aquellas empresas vitales a nuestro tejido productivo en dificultades por la mala gestión privada; la inversión en I+D e innovación; las infraestructuras sostenibles y un Estado del Bienestar y sector público fuertes que sirvan a la vez de polo de excelencia y sostén de los derechos sociales de la población europea: éstas deberían ser las prioridades de un plan de inversiones digno de este nombre, por el que seguiremos apostando.