HASSAN ABBAS

Pervez Musharraf se encuentra prácticamente solo, enfrentándose al reto más serio de su presidencia: su posible destitución por el nuevo Gobierno democráticamente electo.

Los cargos potenciales son serios: conspirar para desestabilizar al Gobierno electo en el pasado mes de febrero; destituir ilegalmente a los principales jueces del país en noviembre de 2007; y no haber proporcionado una adecuada seguridad a Benazir Bhutto, asesinado el pasado diciembre. Además, su alianza con la Administración Bush ha aumentado su impopularidad, especialmente tras los ataques de misiles estadounidenses contra áreas tribales de Pakistán.

A pesar de que existen ciertas diferencias acerca de cómo enfrentarse a Musharraf, los principales partidos políticos de Pakistán están ahora unidos contra él. Las disputas entre el Partido Popular, encabezado por el viudo de Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari, y la Liga Musulmana de Pakistán, dirigida por el ex primer ministro Nawaz Sharif, habían dado a Musharraf una oportunidad de recuperar cierto prestigio después de la derrota de sus aliados en las elecciones de febrero. La renuncia estadounidense de abandonar a Musharraf, junto con los prolongados cortes de electricidad, que le dieron al nuevo Gobierno una imagen de incompetencia, también dio pie a sus esperanzas.

Puede que Musharraf esté contando con el Ejército, su principal apoyo, para salir de esta crisis. Si bien ese respaldo es sólo una posibilidad, es poco probable que el Estado Mayor actúe en su beneficio.

Aunque es un protegido de Musharraf, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Ashfaq Kayani, es un soldado profesional para el que los intereses institucionales del Ejército son más importantes que los intereses políticos de su ex jefe. Kayani ha declarado una otra vez que el Ejército no interferirá en asuntos políticos, y que el parlamento y la constitución son entidades supremas.

Aunque se siente tentado a actuar en nombre de Musharraf, el Ejército se ha visto perjudicado por acontecimientos políticos ocurridos durante el año pasado. Toda la comunidad legal se levantó para exigir el restablecimiento de los jueces y la restitución del imperio de la ley. Finalmente, la exigencia pública de elecciones libres y la creación de un Gobierno democrático han obligado al Ejército a aceptar la voluntad pública.

El Ejército también ha pagado un alto precio por la actitud de Musharraf en la guerra contra el terrorismo. Alrededor del cuartel general en Rawalpindi ha habido varios ataques con bombas suicidas. Además, el aumento de mortíferos ataques a

convoyes en las áreas tribales de Pakistán y Afganistán también ha hecho que se distancie de Musharraf.

Aunque el Ejército ha recibido gran cantidad de fondos en concepto de ayuda militar estadounidense y ha perseguido a muchos militantes extranjeros aliados con Al Qaeda en la región, su desempeño contra los militantes paquistaníes ha sido más bien deslucido. En consecuencia, ha aumentado el prestigio de los talibanes y otros grupos militantes que operan en el área. En este contexto, el Ejército, buscando evitar ser el único responsable de los resultados adversos, desea que un Gobierno popular se haga cargo de las políticas. No es posible que surja un Gobierno así, si es que en él no tienen presencia los partidos electos.

Sin embargo, entre el Gobierno y el Ejército hay señales de desacuerdo en asuntos importantes. Hace poco, el Ejército bloqueó una medida del Gobierno de poner el ISI, el servicio de inteligencia paquistaní de negra fama, bajo el control del ministro del Interior en lugar del primer ministro. Musharraf respaldó la oposición del Ejército a esta reforma, ganando cierta gratitud de sus comandantes.

Durante la visita del primer ministro Yousaf Raza Gilani a Estados Unidos, el presidente Bush insistió en que su Administración apoya la democracia en Pakistán, política reiterada desde entonces por la secretaria de Estado Condoleezza Rice. Esto indica que Estados Unidos no respaldará a Musharraf en una confrontación entre él y las fuerzas democráticas de Pakistán. La mayoría de los paquistaníes así lo esperan.

Musharraf debe evaluar cuál será su legado. En lugar de intentar hacer fracasar la acusación constitucional para destituirlo y prolongar así la crisis, debería reconocer que Pakistán no se puede permitir más inestabilidad y que salir del escenario de manera honorable le puede aportar cierto respeto.

Incluso si Musharraf se enfrenta a la acusación constitucional para su destitución y por algún golpe de suerte se salva de ella, su futuro será sombrío. En marzo de 2009, la coalición gobernante actual obtendrá más poder en el Senado y, casi con toda seguridad, el Gobierno intentará destituirlo nuevamente.

Más aún, cualquier intento por parte de Musharraf de desestabilizar al Gobierno mediante su autoridad constitucional generaría otras elecciones, cuyos resultados no serían muy distintos a los de las de febrero. Es tiempo de que los amigos de Musharraf en Occidente lo presionen para que sirva a su país una última vez: retirándose, evitando así, la confrontación con las fuerzas democráticas de su país.

Hassan Abbas es investigador del Centro Belfer sobre Ciencia y Asuntos Internacionales de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard

Ilustración de Patrick Thomas