Emilio Silva

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

www.memoriahistorica.org

La conocida como Ley de Memoria Histórica no ha sacado de una fosa común a una sola persona desaparecida por la represión de la dictadura franquista. Frente a la responsabilidad que debe asumir un Estado democrático de garantizar los derechos humanos, su articulado habla de “facilitar” la búsqueda. Las ayudas que el Ministerio de Presidencia concedió para la exhumación de algunas fosas comunes, comenzaron a concederse en enero de 2006, dos años antes de que la ley entrara en vigor. Esas subvenciones se convocaron, desde el departamento que encabezaba María Teresa Fernández de la Vega, con el convencimiento de que con un poco de dinero público el movimiento social de recuperación de la memoria se calmaría y dejaría de enredar políticamente. Gran error de cálculo.

En los debates actuales para corregir algunas deudas pendientes de la transición, en la que llevamos inmersos cuarenta años, se acude recurrentemente a la Ley de la Memoria. Para entender el “espíritu” del texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2007, basta la revisión de uno de sus contenidos. La Ley ofrece a las víctimas de la dictadura un Certificado de Reparación Personal. Se trata de un documento, que tiene que solicitar la persona afectada, en el que se reconoce que alguien padeció cárcel o ser familiar de una persona asesinada o desaparecida. El documento no se entrega en un acto público, en el que el Estado democrático reconoce la deuda con esas familias por su lucha y su resistencia contra la dictadura. El certificado llega a casa del interesado, en un sobre privado, para contarle algo de su vida que ya sabe. Entonces ¿dónde está la reparación a la que alude el nombre? Exactamente en ninguna parte, es sólo un ejercicio de trilerismo semántico, un eslogan de marketing político.

Insistía la ministra de la Vega, hija de un alto cargo de la dictadura franquista condecorado por Franco, que la memoria de quienes lucharon contra el franquismo debía ser “personal y familiar”. Esa idea atraviesa la ley de la memoria y es por eso que, casi nueve años después de su aprobación, no ha resuelto ninguno de los problemas que le fueron planteados al Gobierno. Lo cierto es que reparar a las víctimas de la dictadura no hacía falta una ley, como no hacía falta una Ley de Amnistía para liberar y reparar a los presos políticos; hacen y hacían falta medidas políticas e independencia judicial.

Para tratar la retirada de los vestigios que todavía enaltecen la sangrienta dictadura, o debatir sobre la búsqueda de las personas desaparecidas por la represión iniciada el 18 de julio de 1936, se hace referencia a la Ley. Desde esos planteamientos se continúa secuestrando un debate acerca de cómo debe ser la democracia y de la necesidad de incorporar a nuestra cultura política la memoria de las mujeres y los hombres que lucharon contra el fascismo español. Parte del problema es que ello conllevaría el rechazo frontal de quienes aprovecharon la represión para construir eminentes carreras políticas y económicas que han llegado, como en los casos de Rodolfo Martín Villa o Juan Carlos de Borbón, hasta nuestros días.

El debate acerca de la elaboración de ese pasado debe recorrer todos los ámbitos en los que la transición fue una enorme puerta giratoria para las élites franquistas. Se trata de entender el comportamiento de nuestras instituciones; no podemos apartar la mirada de esa herencia. La pervivencia de esa estructura social fue notariada en los años de recuperación de la democracia con el consentimiento de las fuerzas parlamentarias de izquierdas que aceptaron, unas veces por acción, otras veces por omisión, que las luchas y las resistencias contra el fascismo español siguieran siendo discriminadas.

Lo que nos queda del pasado es el conocimiento y el significado que le damos. La política fundamental de todos los gobiernos que hemos tenido desde la muerte de Franco ha sido el fomento y la planificación de la ignorancia. Por “esa casualidad” somos uno de los países con menos cultura de los derechos humanos del núcleo duro de la Unión Europea.

El mandato de reparar a las víctimas de la dictadura, de dejar de discriminarlas social, cultural, académica y políticamente no viene de la Ley de la Memoria. Procede de un deber ser de lo democrático, de la necesidad de terminar con esa ficción elitista de que la generosidad de los franquistas recuperó las libertades. Lamentablemente una parte de la oposición al régimen, encabezada por Felipe González y Santiago Carrillo, ha participado de ese relato amable con el franquismo. El mandato de la democracia debe ser el agradecimiento a quienes no tuvieron que transitar hacia ella porque ya pensaban democráticamente y nunca recibieron recompensa alguna por sus luchas.

Ahora que la crisis económica ha abierto un ciclo de cambio político, es un buen momento para reflexionar sobre inercias que imposibilitan una profunda transformación ética de nuestra vida pública. Si no creamos una cultura universal de los derechos humanos en nuestra sociedad, seguiremos sembrando las semillas de nuestra democracia sobre una tierra yerma. Tras ese relato falsificador se ha colado esa perversión colectiva que vincula las libertades y el desarrollo democrático con el buen nivel de consumo, con los centros comerciales y las grandes marcas de la globalización como urnas donde ejercemos nuestra libertad de elección.

Numerosos organismos internacionales de derechos humanos han señalado las obligaciones del Estado español hacia las víctimas de su dictadura. Pero la élite política mira para otro lado, puesto que tiene sus raíces en el profundo y oscuro pozo del franquismo. La Ley de la Memoria fue un eslogan para aparentar que se afrontaban los problemas pendientes del pasado franquista, pero fue el subproducto de una transición que articuló una enorme puerta giratoria hacia la democracia. La historia reciente sigue oculta en los centros de enseñanza. Quienes estudian para ejercer la abogacía no acceden obligatoriamente a formación en derechos humanos y todos los vestigios que enaltecen la dictadura son, entre otras muchas cosas, un síntoma de nuestra debilidad democrática.

Construir una democracia con algunos sacos de cemento de la dictadura ha sido un tremendo error. Aunque en los años inmediatamente posteriores no hubiera otro remedio, el abandono de la cimentación durante cuarenta años ha sido una operación política destinada a someter el funcionamiento de la democracia a los mismos intereses.

El maestro de La lengua de las mariposas habla emocionado en su discurso el día de su jubilación. Tras agradecer el reconocimiento de sus vecinos y vecinas clama sobre la importancia de la educación, para decir que si una generación, una sola, fuera educada verdaderamente en libertad, “nadie nos podrá arrebatar jamás ese tesoro”.

Si la cultura de los derechos humanos y ciudadanos fuera incorporada “de serie” a toda la ciudadanía y esos derechos fueran estrictamente sostenidos por el Estado, viviríamos en una sociedad mucho mejor. Sería una revolución en nuestra cultura política y el mejor reconocimiento a la lucha de los miles de hombres y mujeres que se enfrentaron al fascismo y que siguen sufriendo el olvido oficial con respecto a la autoría intelectual y política de nuestra democracia.