Canarias ha aprobado este miércoles la Ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, más conocida como la Ley Trans canaria, que reconoce la libre determinación del género de las personas trans.

Con este hito histórico, Canarias se suma a la lista de CCAA (12 con Canarias) que ya reconocen este derecho: Andalucía, Cataluña, Illes Balears, Navarra, Aragón, Cantabria, Andalucía, Euskadi, Extremadura, Madrid y la Comunitat Valenciana.

Lo que tantas trabas y escollos está encontrando en la política estatal se ha aprobado esta semana en el Parlamento canario por unanimidad, es decir, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios incluidos el PSOE e incluso el Partido Popular.

Además, no es la primera vez que todo un arco parlamentario aprueba de manera unánime una ley para garantizar los derechos a la población trans. Esto ya sucedió en Aragón en 2018 y en Extremadura en 2015.

La luz verde a la ley canaria es una prueba más de que a nivel estatal las personas trans nos encontramos frente a un bloqueo ideológico, basado en temores infundados fruto del desconocimiento y, en ningún caso, en razones de seguridad jurídica. Las leyes autonómicas se aprueban porque sus dirigentes entienden que no estamos hablando de ideologías, ni de teorías, y que las personas trans somos muy reales y necesitamos que nuestro estado, un estado democrático que defiende la igualdad de toda la ciudadanía ante la ley, nos acoja y nos ampare.

Las personas trans canarias lloramos este miércoles de alegría porque desde ahora podremos vivir con una dignidad que se nos había arrebatado. Sin embargo, también lloramos con lágrimas de impotencia porque desde este miércoles, las personas trans en Canarias tenemos más reconocimiento, más derechos y más calidad de vida que las personas trans de Castilla La-Mancha, que las personas trans de Asturias, que las personas trans de Melilla. Yo misma he adquirido con esta ley unos derechos que mañana puedo perder si me voy a vivir a León. Esto ni es justo, ni tiene cabida en un estado de derecho.

Las leyes autonómicas se aprueban porque sus dirigentes han escuchado a las personas trans y han entendido cuáles son nuestros problemas y la urgencia con la que tienen que ser resueltos a nivel legal. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, del PSOE, lo explicó claramente al decir que esta ley supone una "reparación histórica" porque permite "poder tener por fin un marco legislativo para que las personas trans tengan una cobertura legal y unos derechos que sean indiscutibles".

Las Naciones Unidas han ratificado el derecho de las personas trans al reconocimiento jurídico de su identidad de género y a la modificación de dicho género en los documentos oficiales, incluidas las actas de nacimiento, sin necesidad de someterse al cumplimiento de requisitos onerosos y abusivos.

¿Acaso es que las Naciones Unidas están animando a los estados a que aprueben legislaciones que pongan en peligro su jurisdicción o que les resten derechos a las mujeres o a cualquier otra persona o colectivo?

Los argumentos para no garantizar la igualdad de las personas trans ante la ley nunca se han sostenido y menos si levantamos la cabeza y miramos lo que están haciendo nuestros países vecinos a nivel internacional. Noruega, Argentina, Malta o Dinamarca son ejemplos de países en los que las personas trans pueden cambiar su género desde hace tiempo sin que una tercera persona tenga que validar que es cierto. Y parece que el mundo ha seguido girando y que el resto de la población ha preservado sus derechos.

Canarias es, por tanto, un ejemplo más de que reconocer derechos a una minoría vulnerable es solo una cuestión de voluntad política. Ni las personas trans, ni las entidades que nos representan entendemos este bloqueo por más tiempo. Sin embargo, estamos dispuestas a seguir trabajando con este Gobierno y a seguir buscando soluciones. Nosotras creemos en los compromisos, nosotras tenemos voluntad, ¿la tendrá realmente nuestro Gobierno?