Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Una de las áreas de macroeconomía donde el lenguaje contradice más las realidades que intenta definir es la que se conoce como libre comercio (dentro de la cual se incluye el propuesto Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la Unión Europea). Como en todos los tratados de libre comercio, este tratado es promocionado, por sus promotores, como un tratado que intenta liberalizar el comercio, eliminando barreras que obstaculicen el intercambio comercial. Los principales promotores de estos acuerdos son las grandes empresas transnacionales, definidas erróneamente como multinacionales.

Lo primero que debe aclararse es que de libre comercio estos tratados tienen muy poco. La situación actual a los dos lados del Atlántico Norte ya permite la libre circulación del comercio, habiendo prácticamente desaparecido los impuestos y aranceles que solían dificultar el libre movimiento de productos y servicios. En realidad, tales tratados tienen muy poco que ver con facilitar el libre comercio. Lo que en realidad está detrás de estos tratados es proteger los intereses de dichas empresas frente a las regulaciones de los Estados que intentan proteger a la ciudadanía frente a sus prácticas desleales y dañinas para la población, que afectan a la salud y el bienestar de los ciudadanos, bien como trabajadores, consumidores o como personas que pueden estar sujetas a ofensas ambientales. De ahí que un elemento clave de estos tratados haya sido disminuir estas intervenciones públicas que existen en defensa de los ciudadanos de los países, y establecer tribunales de justicia que tengan mayor potestad y responsabilidad jurídica que los tribunales de cada Estado. Su objetivo es, pues, desarrollar sistemas jurídicos paralelos y con más poder que los tribunales nacionales. De ahí que cuando el gobierno de un Estado firma el tratado cede soberanía a una instancia superior. Las decisiones de sus Tribunales de Justicia pasan a ser secundarias a un Tribunal superior, el Tribunal que establece tal Tratado, siempre bien conocido por sus simpatías hacia tales transnacionales.

Es interesante notar que, por regla general, los partidos que más favorecen estos tratados son partidos conservadores y liberales (las derechas) que siempre se autodefinen como las fuerzas más “patrióticas”, siendo las que casi siempre ceden más la soberanía de sus Estados a favor de las empresas transnacionales. El caso español (incluyendo el catalán) es un claro ejemplo de ello.

La reproducción de las prácticas monopolistas

Un caso claro de ello es lo que está ocurriendo con la altamente monopolizada industria farmacéutica. Esta industria, claramente a la defensiva en estos días de crisis (generada en parte por el Ébola, pues nunca dieron ninguna prioridad a desarrollar la vacuna contra esta enfermedad), desea mantener la cláusula de permanencia de los monopolios, permitiendo a la empresa Gilead Sciences vender su medicamento contra la hepatitis C por 84.000$ (unos 67.000€) en EEUU, cuando este medicamento puede conseguirse por un precio mucho, pero muchísimo, más bajo en otro país (900$, unos 700€). Parecería lógico que en un Tratado de Libre Comercio los productores del mismo fármaco pero a un precio menor pudieran venderlo en el país donde el precio es mucho, pero muchísimo, mayor. Pues bien, la situación es precisamente la opuesta. Se protege a las empresas farmacéuticas que lo venden a un precio mucho más caro, manteniendo su monopolio sobre el mercado. Y a esto lo llaman libre mercado.

En realidad, estos tratados de libre comercio protegen descaradamente a las empresas que venden en varios países, lo que explica que se les llame multinacionales. Ahora bien, este término parecería indicar que son propiedad de varios países, lo cual no son. Son empresas transnacionales, basadas en un país, que a través del Estado en el que están basadas (por regla general, un país de economía más avanzada) ejercen su poder sobre el comercio internacional. Y cuentan con la protección del tribunal que gobierna cada tratado de libre comercio en beneficio suyo. De ahí que acompañando a los tratados de libre comercio siempre haya cláusulas que debilitan la normativa laboral, ambiental y social de los países que forman parte del tratado. Legislación que ha sido aprobada por los parlamentos nacionales resultado de la presión de fuerzas laborales, como sindicatos, o de prácticas políticas progresistas y/o verdes, y que se dejan de lado por considerarse que limitan el poder de las transnacionales. Y a esto, repito, también lo llaman libre comercio.

En Europa, este Tratado de Libre Comercio representa también una amenaza a los servicios públicos, como los Servicios Nacionales de Salud, que puede considerarse que vulneran el libre comercio de servicios, forzando la privatización de tales servicios. Esta ha sido una de las causas por las que defensores del Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña han denunciado dicho tratado. Las compañías transnacionales son plenamente conscientes de que sus acciones pueden ser muy impopulares, lo cual explica la falta de transparencia y opacidad de los preparativos de tal tratado. De ahí la urgencia de que haya una población bien informada para que pueda frenar tales comportamientos en los países afectados y sujetos al tratado. Por desgracia, los mayores medios de información y persuasión no han estado informando sobre los preparativos de tal tratado, en parte debido a la gran influencia que tales transnacionales ejercen en las instituciones políticas y mediáticas de los países. Y a esto le llaman libertad de prensa. Es característico del discurso y narrativa dominante que la palabra libertad siempre se utiliza para defender los intereses de unas minorías que dominan aquellas instituciones que se presentan como democráticas las primeras (las políticas) y como plurales y libres, las segundas (las mediáticas). La libertad es, pues, la libertad para defender sus intereses. Así de claro.