Megaincendio democrático: ¿cómo se apaga este fuego?

Hoy se celebra el Día mundial de la democracia y parece que nadie consigue ver en medio de las llamas de los megaincendios que arden en todas nuestras pantallas, que también la democracia arde por todos lados. Todo es un mismo incendio. Porque el fuego que hemos visto asolar Grecia, Italia o España este mismo verano, el que acaba de destruir Sierra Bermeja, es todo él, un incendio planetario que tiene por origen el mismo que el incendio invisible que arrasa nuestras sociedades democráticas: la incapacidad sistémica de todas las democracias para enfrentarse a la crisis climática.

Si todo el mundo ha oído hablar de deforestación masiva y está viendo “megaincendios” apocalípticos de quinta y sexta generación, no todos percibimos lo que la “desdemocratización” significa. Y esto, a pesar de que la vivamos a diario y participemos plenamente de la amenaza global que significa. Tres son los factores que alimentan desde que acabara la Guerra Fría este incendio que arrasa nuestras democracias. El primero, el aumento sin precedentes de las desigualdades sociales y económicas, convertidas, tal como señaló el economista Thomas Piketty, en un enorme combustible social. El segundo, los populismos incendiarios, que señalando como enemigos a “inmigrantes, menas, cosmopolitas” y marginando todo tipo de colectivos por indeseables, saben cómo echar ese combustible sobre el fuego. Por último, la inacción climática y política durante las cuatro últimas décadas que ha impedido la transformación profunda que necesita la sociedad para garantizar el derecho a una vida digna tanto a las generaciones actuales como a las futuras.

Democracia sin confianza ciudadana

En España, más allá de las reiteradas polémicas sobre peor o mejor democracia, y la supuesta normalidad de la democracia imperfecta, estamos hoy ante un panorama democrático desolador. El Instituto Real Elcano publicó un estudio de opinión del que no se han hecho grandes titulares pero que es, junto con los resultados del último eurobarómetro, la mejor visión panorámica de nuestra democracia reducida en cenizas.

En efecto, si del primero se desprende que el cambio climático es, para la mayoría de los encuestados, la más grave amenaza a la que nos enfrentamos como sociedad, muy por delante de la crisis económica, la inmigración o incluso las guerras, del segundo lo que se ve surgir del estudio es un enorme problema político: los españoles desconfían en un 90% de todos los partidos políticos y el grado de confianza en el gobierno y en el Congreso de los Diputados está bajo mínimos. Diríase que en el incendio de la democracia española no hay bomberos.

Democracia desde la ciencia y la ciudadanía

Pero el estudio del Instituto Real Elcano también demuestra que aún quedan amplias zonas que este megaincendio democrático no ha asolado y desde las que se puede actuar colectivamente para reconstruir una democracia justa, ecológica y sostenible.

En efecto, ante el megaincendio de la catástrofe climática y ecológica, la ciudadanía confía plenamente en la ciencia para marcar los objetivos en materia de descarbonización y de cambio profundo de sistema, y no por ello es una “expertocracia” lo que pretenden. Hasta un 79% de los encuestados afirman que, para actuar y alcanzar los objetivos marcados por la ciencia, se ha de confiar de forma fundamental en la participación ciudadana. Un 79 % de los ciudadanos españoles que confían en la misma ciudadanía, es decir, en ellos mismos, como actores de un sistema democrático y participativo capaz de decidir y acometer cambios que se hacen cada día más que necesarios. Esta es la buena nueva para el día mundial de la democracia: la ciencia y la participación ciudadana pueden ser los dos pilares de una nueva gobernanza climática de urgencia.

¿Pero dónde están las herramientas democráticas reales para la participación ciudadana?

La participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones no es algo nuevo. En diversos países europeos, como el Reino Unido y Francia, ya se han utilizado con éxito. En efecto, en ambos países se convocaron a lo largo de 2020 sendas asambleas ciudadanas climáticas. Como ocurre con los jurados populares, un grupo de entre 100 y 150 personas elegidas entre toda la población por un sorteo que garantiza la representatividad (por género, edad, territorio, nivel socio-profesional etc…) a las que se les posibilita toda la información necesaria sobre el impacto que el cambio climático tiene sobre nuestros modos de vida, incluyendo sus efectos en la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua potable, la salud o el bienestar.

Tras deliberar sobre todo ello y analizar los riesgos y ventajas de las diferentes soluciones para mitigar la amenaza del cambio climático, los asambleístas elevaron sus propuestas demostrando con sus resoluciones que la participación ciudadana es actualmente la mejor herramienta de intervención democrática para luchar contra lo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres califica de “senda suicida para la humanidad”: la inacción climática.

También en España el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su ministra Teresa Ribera han prometido en reiteradas ocasiones la creación de una asamblea ciudadana sobre el cambio climático. Pero ¿es realmente una asamblea ciudadana lo que se pretende?

Una asamblea ciudadana ha de reunir una serie de requisitos mínimos. Ya cuando se presentó a la opinión pública el borrador de orden ministerial por la que se proponía su creación se adivinaba una asamblea descafeinada, con resoluciones que no pasaban de ser meras manifestaciones de interés en absoluto vinculantes ni para el ejecutivo ni para el legislativo, los cuales seguirían adoptando libremente sus decisiones y legislando sin tener que responder a esos intereses. Pero es que ahora, con una orden aún pendiente de publicación, ya se ha lanzado a través de una consultora contratada para ello, un proceso de selección de las personas que van a formar parte de la asamblea que no cumple en absoluto con las buenas prácticas existentes al respecto, lo que ha provocado una fuerte contestación por parte de numerosas organizaciones sociales, con Extinction Rebellion España a la cabeza.

Mientras tanto, conviene preguntarnos: en España ¿quién gestiona los fondos europeos de reconstrucción post COVID Next Generation? ¿Quién decide sobre la extensión de puertos y aeropuertos? ¿Quién decide la política energética? ¿Para cuándo la neutralidad de emisiones de gases invernadero? ¿Cómo se han valorado las amenazas identificadas por la ciencia?

¿Dónde está la gobernanza con la ciudadanía?

Ahora mismo, el megaincendio democrático sigue ardiendo.

¿Hasta cuándo?

* Sobre Extinction Rebellion

Extinction Rebellion (XR) es un movimiento internacional, no partidista y descentralizado, que utiliza la acción directa no violenta y la desobediencia civil para persuadir a los gobiernos a que actúen con justicia frente a la emergencia climática y ecológica.

Sus objetivos se recogen en tres demandas : decir la verdad sobre la gravedad de la crisis climática, Actuar para la descarbonización, desde la constitución de asambleas ciudadanas para el clima.

En el caso de XR España, se une a estas tres demandas una demanda cero, transversal a los anteriores: JUSTICIA CLIMÁTICA.