Joan Herrera

Secretario general de ICV

Ilustración por Enric Jardí

Hasta hace muy poco se ha dicho que la reivindicación a favor de una mayor y una mejor democracia poco tienen que ver con una salida de la crisis. Bajo el lema del “es la economía, estúpido” nos venden que no hay más alternativas que el ajuste duro, a golpe de recortar derechos. El esquema es bien sencillo, vender un producto, como si de consumidores –que no ciudadanos– se tratara. Esconder las políticas más duras para después aplicar un programa de recortes que nunca se anunció sin darse cuenta de que estas prácticas ponen en crisis el pacto democrático.

Este es el esquema que se viene aplicando. En Portugal, en Grecia, en España o en Catalunya. Se ganan las elecciones –Mas es el último ejemplo– con un programa vago y con muy pocas concreciones, pero con la promesa de no afectar los derechos fundamentales. Después se aplica un programa de recortes sociales injustos, renunciando a cualquier política de ingresos y con la legitimidad de las urnas que le avalaron. Y en su justificación se explica que son los mercados, las reglas del juego, las que acaban imponiendo el esfuerzo, cuando no el dolor, de la mayoría de la ciudadanía y el nulo sacrificio de quienes crearon la crisis. Y así, la mercadocracia se impone sobre la voluntad de la gente, impone reglas, se pierden derechos, y al final, sin recuperación económica alguna, nos encontramos con sociedades más desarmadas y más vulnerables ante el juego especulativo de los que acabaron imponiendo las reglas del juego. Cada uno de los gobiernos, con mayor o menor entusiasmo, acaban por acatar sus consignas independientemente del coste y de las consecuencias, sin ser capaces de articular una propuesta a escala europea que limite el juego de los especuladores.

Pero la mercadocracia no sólo tiene consecuencias económicas, sino que tiene un claro efecto negativo sobre el funcionamiento democrático, limitando claramente su alcance. A ello se le suma un funcionamiento obsceno, que provoca la indignación de la sociedad cuando los bancos que se atreven a dejar sin vivienda a personas que no pueden pagar una hipoteca, o cuando quien da lecciones sobre las reformas, puede acabar siendo un defraudador pertinaz a Hacienda.

Lo más grave es que el dominio de la mercadocracia tiene por el momento un efecto colateral extraordinario: la pérdida de legitimidad de la política a ojos de buena parte de la ciudadanía, la desmovilización del electorado de izquierdas, el incremento de la abstención y del voto en blanco. Y al final las opciones conservadoras son las grandes ganadoras de las elecciones, se hacen con todo el poder, aun cuando no tienen muchos más votos –como se ha visto en las municipales–, por el hundimiento de quien no plantea alternativa alguna, haciendo políticas de ajuste aún más duras e incrementando el alejamiento de parte de la sociedad de las políticas que se llevan a cabo.

La cuestión es cómo podemos salir de este círculo que supone un paulatino debilitamiento democrático. La primera batalla está en la construcción de un nuevo sujeto social y político a escala europea, que nos permita dar la batalla allá donde se produce. Si buena parte de la política económica se decide a nivel europeo, cuando no a nivel mundial, necesitamos de una sociedad articulada política y socialmente en el mismo marco. Lamentablemente poco podemos esperar de la socialdemocracia europea, habiendo renunciado desde hace décadas a discutir las políticas económicas. Creo que es mediante una movilización europea como una huelga general, como plantea la Confederación Europea de Sindicatos, como se podría empezar a construir un nuevo polo político y europeo de exigencia democrática y social.

La segunda batalla creo que debería traducirse en llenar todos los espacios que promueven alternativas de cambio social. Eso significa ir mucho más allá del ámbito político e institucional, creando nuevos espacios de consumo, de creación, de articulación de sociedad, y eso interpela claramente a partidos e instituciones, especialmente a gente de izquierdas, para que entendamos que hoy la política debe ir más allá del ámbito institucional. Pero, a su vez, hay que dar la batalla en todos los espacios, también los institucionales, donde se deciden políticas claves como el acceso a la educación o a la sanidad, interpelando a aquellos que de partida entienden que es mejor no dar la batalla en los marcos institucionales.

Finalmente, creo que es urgente una reforma en profundidad de nuestro pacto democrático. En un momento de crisis profunda, ya no vale con un modelo que se base en el “tú vota, que yo administro”. Debemos crear un modelo que sea capaz de combinar elementos de democracia representativa y democracia participativa, con consultas regulares que avalen o rechacen políticas, que añadan o quiten legitimidades, a no ser que se quiera imponer medidas sin consenso social, ignorando que esta imposición puede acabar en un fracaso económico y social y con una fuerte degradación democrática. Y por último los partidos, especialmente los que apostamos por transformar la sociedad, debemos ceder poder a la ciudadanía: primarias donde participen no sólo los militantes, listas abiertas y mecanismos de control del cumplimiento programático, entre otros, son hoy debates y cambios impostergables.

Todo esto o dejarnos llevar por las reglas de la mercadocracia, asumiendo el riesgo de que al final acaben por saltar las costuras, las sociales, las democráticas e incluso las convivenciales.

En este marco es donde debemos situar nuestra responsabilidad política ante el creciente dominio de la mercadocracia. En el conjunto del Estado es necesario un nuevo polo de izquierdas y ecologista que sitúe en la agenda política transformaciones profundas de nuestro sistema político y de nuestro modelo económico. Para ello habrá que conjugar novedad, la novedad que aportan proyectos de izquierda verde renovada que hoy emergen con diferentes formas en Europa y España. Y también unidad, realizando todos los esfuerzos unitarios con quienes compartan el objetivo de construir alternativas.