Los millones de la Renta Básica que Pedro Sánchez no encuentra en Podemos

Pedro Barragán

Economista. Candidato al Consejo Ciudadano de Podemos en Madrid con Claro que Podemos

El País abría hace unos días su titular de portada con unas declaraciones de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE: “¿De dónde saca Podemos los 160.000 millones de la renta básica?”

Podemos está defendiendo la implantación de la Renta Básica en España en los términos de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que viene recogiendo firmas de los ciudadanos desde hace meses. Esto es, defiende la Renta Básica Universal como objetivo social a alcanzar y propone implementar de forma inmediata una renta a las personas desempleadas y sin seguro de desempleo, así como a las personas mayores y a cualquier persona con unos ingresos por debajo del mínimo de inserción social.

España ha dedicado en 2013 al sistema de Garantía de Mínimos en todas sus vertientes 21.516,8 millones de euros, considerando tanto los presupuestos del Estado como de las CCAA. Implementar esta nueva prestación de renta mínima de inserción y de complemento de pensiones habría supuesto para los datos de 2013 un importe total de 43.732 millones de euros. Esto es, un incremento de 22.215 millones de euros. Este incremento de las prestaciones sociales de Garantía de Mínimos se desglosaría en 16.804 millones de euros de rentas mínimas de inserción, más 2.290 millones de euros para complemento de pensiones por debajo del mínimo de inserción, más 3.121 millones por incremento de los 426 euros que cobran los desempleados que han concluido el subsidio.

Pero empecemos por el principio.

La situación fiscal en España

En nuestro país asistimos a una concentración de la riqueza y de la renta acelerada cada vez en menos manos. En el año 2000 los asalariados disponían del 50% de la renta nacional mientras que el capital detentaba el 40%, en la actualidad el capital ya ha sobrepasado al total de las rentas salariales.

Pero mientras se iba dando este proceso de concentración de la renta en manos del capital se ha producido una tendencia simultánea a concentrar la carga fiscal en los salarios en beneficio del capital. Así, mientras en el 2006 antes de la crisis los asalariados soportaban el 52% de los impuestos directos y el capital el 48%, en el 2012 los asalariados aguantan ya el 76% de los impuestos directos y el capital tan solo el 24%.

La evolución de las cuentas públicas durante la crisis en España en relación con la zona euro muestra que el incremento del gasto público ha sido relativamente mayor, pero donde muestra una discrepancia total es en la evolución de la presión fiscal: mientras los ingresos fiscales de las Administraciones Públicas en % del PIB crecía en la zona euro entre 2007 y 2013 del 45,3% al 46,7% en España entre estos dos años descendía del 41,1% al 37,8%. Este es el origen del agujero fiscal, del déficit público y uno de los principales junto con el rescate bancario del salto de la deuda pública que entre esos dos años ha pasado del 36,3% del PIB al 93,9%.

¿Dónde se ha producido este agujero fiscal tan espantoso? La recaudación de todos los impuestos ha subido o no ha bajado excepto el Impuesto de Sociedades. A pesar de que la renta, el consumo, etc. han descendido, los tipos se han elevado y se ha mantenido e incrementado la recaudación del IRPF, del IVA y de los Impuestos Especiales. Sin embargo, el Impuesto de Sociedades ha pasado de una recaudación de 41.675 millones de euros en 2006 a tan solo 15.141 millones de euros en 2012. Si miramos dentro del Impuesto de Sociedades vemos que a los Grupos Consolidados (grandes empresas que representan más de la mitad de los resultados positivos declarados) se les ha reducido el tipo efectivo (sobre resultado contable positivo) del 13,2% en 2006 al 5,3% en 2012. El otro casi millón y medio de empresas (sociedades) ha mantenido unos tipos más razonables, ha pasado del 24,6% en 2006 al 16,0% en 2012. Difícil situación la de las empresas medianas y pequeñas que han visto como a sus competidores grandes se les eliminaba los impuestos y que han reaccionado disparando el fraude fiscal estos años.

Una estimación razonable del Impuesto de Sociedades, que se ha dejado de recaudar como consecuencia de los cambios normativos introducidos por el gobierno socialista de Jose Luis Rodriguez Zapatero, es de algo más de 30.000 millones de euros anuales que representan en torno al 3% del PIB (para que el lector se haga una idea de estas cifras señalemos que el total de los recortes en educación y sanidad entre 2009 y 2012 ha sido del 1,2% del PIB). Si cuantificamos lo dejado de recaudar año a año desde el 2007 al 2012 nos daría un total de 148.290 millones de euros que más su coste financiero supone el 31,4% del tremendo incremento de la Deuda Pública que se ha producido entre esos años hasta ahogar la economía española.

La Renta Mínima de Inserción en España y el sistema de Garantía de Mínimos

El sistema de Rentas Mínimas de Inserción (RMI) de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla es un sistema de garantía de recursos mínimos para la subsistencia y un instrumento en los procesos de inclusión social. Tiene grandes variaciones entre unas Comunidades y otras.

Si nos fijamos en 2013, el sistema de Rentas Mínimas de Inserción alcanzó a 637.573 personas, con un gasto anual ejecutado de 1.040,6 millones de euros.

El sistema de Garantías de Mínimos es el conjunto de prestaciones que complementan el sistema de protección social del Estado en los ámbitos de desempleo, vejez e incapacidad contribuyendo así a reducir las situaciones de riesgo y de exclusión social. Dentro del sistema de Garantía de Mínimos existente en España podemos agrupar las prestaciones en varios grupos:

a) Complemento al sistema de pensiones. En el año 2103 existían 447.153 perceptores de pensiones no contributivas (personas sin derecho a una pensión de la Seguridad Social que reciben una pensión mínima por parte del Estado) por un importe de 365,9 euros/mes y que supuso un importe anual al Estado de 2.318,9 millones de euros. En este mismo año fueron 2.493.437 personas a las que les correspondía una pensión de la Seguridad Social por debajo de la pensión mínima dentro de su categoría personal y que tuvieron un complemento hasta los 7.063,07 euros/año con un importe total para el Estado de 7.677,9 millones de euros. Las pensiones del SOVI (seguro obligatorio de vejez e invalidez) supusieron otros 2.253,5 millones de euros para 398.730 personas.

b) Complemento al seguro de desempleo. 1.351.276 personas cobraron los 426 euros/mes bien como renta activa de inserción o como subsidio de desempleo totalizando 7.842,4 millones de euros.

c) El sistema de rentas mínimas de inserción de las CCAA que ya hemos mencionado, al que accedieron 637.573 perceptores con un importe total de 1.040,6 millones de euros.

En total, junto con otras partidas y conceptos menores que no detallamos supuso un desembolso anual de 21.516,8 millones de euros percibidos por 5,5 millones de personas.

¿Qué proponen la ILP de la Renta Básica y Podemos?

Como decíamos al principio defienden la implantación de la Renta Básica Universal a medio plazo y proponen la aprobación de una Renta de Inserción de forma inmediata que palie los efectos dramáticos de la crisis sobre las clases sociales más desfavorecidas, contribuyendo además a la reactivación de la economía y el empleo.

Tenemos en España una población de 46,5 millones de habitantes con una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social del 28,2%. Esto representa que tenemos 13,1 millones de personas en riesgo. De este total calculamos en 5 millones de personas, las más desfavorecidas y que no cobran otra prestación, las que tendrían que ser atendidas a través de la Renta Mínima de Inserción. Para ello se requieren tan solo 17.690 millones de euros.

El complemento de las pensiones hasta la Renta Mínima de Inserción requiere otros 2.290 millones de euros afectando a 0,8 millones de pensionistas.

Por último el complemento de la renta activa de inserción y el subsidio de desempleo de los 426 euros hasta la Renta Mínima de Inserción requiere 3.121 millones de euros beneficiando a 1,4 millones de personas.

En conclusión, facilitar una Renta Mínima de Inserción de 1.063,2 euros/ mes de media por hogar a los 5 millones de personas en situación de pobreza y exclusión y complementar las prestaciones de otros 2,2 millones de pensionistas y parados hasta ese mismo importe nos va a representar tan solo un coste adicional de 22.215 millones de euros. Que junto con los 2,5 millones de pensionistas que verían complementada su pensión mínima nos da un total de 10 millones de personas con su Renta Mínima garantizada.

Compárese con los 30.000 millones de euros que estamos dejando de cobrar anualmente del Impuesto de Sociedades, con las ayudas a la banca, el rescate de las autopistas, etc., etc.

No es solo justo y posible sino, además, el mejor camino para la reactivación económica y la creación de empleo.