Óscar García Jurado es doctor en Economi?a y profesor de la Universidad Pablo de Olavide e investigador del Instituto de Desarrollo Regional (Sevilla). Adema?s, es socio trabajador de la cooperativaAutonomi?a Sur.

Jesika Rita López es trabajadora social del área de Inclusión de AFES Salud Mental (RED Anagos, Canarias).

El empleo como excusa para la implantación del modelo neoliberal

Las políticas de empleo de la Unión Europea desde la década de 1980 se caracterizan por el impulso de las políticas “activas” y por el concepto de “empleabilidad”. Los empleos de iniciativa local pasan a ocupar un lugar en el segundo pilar de la política comunitaria de empleo, dedicado a la creación de empresas o a la promoción del “espíritu emprendedor” -cultura de empresa-. Las estrategias de desarrollo local y/o territorial en el marco neoliberal, van en el mismo sentido. Las diversas estrategias convergen en su objetivo de generar empleo mediante el apoyo a empresas. El objetivo esencial de estas políticas de desarrollo local es mejorar las condiciones de revalorización del capital global mediante la movilización o “puesta en valor” del capital local.

El desarrollo local puede denominarse, con fines aclaradores, como "neoliberalismo territorial" pues estas políticas han servido como elemento legitimador de las nuevas estrategias de revalorización del capital. Esto se traduce en una colonización económica en la que “si genera empleo, todo vale”. Canarias es una expresión clara de estas políticas: si una empresa, normalmente extranjera, viene a “invertir”, no importa que incumpla la ley, que destruya los ecosistemas, o genere empleos precarios. Si repite el mantra de que “generará puestos de trabajo”, tendrá las puertas abiertas. Ejemplos de proyectos urbanísticos como el Resort Cuna del Alma y el Hotel de la Tejita en Tenerife, ilustran el modelo neoliberal en que el capital extranjero se lleva la riqueza, a cambio de promesas de empleo a la población local.

Del neoliberalismo territorial al desarrollo local transformador

Desde la Economía Social y Solidaria (ESS) se pretende sustituir este modelo de desarrollo neoliberal dependiente y subordinado al capital privado, a un desarrollo territorial transformador, que genere políticas para aumentar la soberanía económica de las personas que habitan un determinado territorio, es decir, que aumenten su capacidad para resolver sus problemas económicos, y decidir colectivamente en los ámbitos sectoriales estratégicos.

Un desarrollo territorial transformador debe ser capaz de generar cambios que sirvan para favorecer los intereses generales de la población y el territorio, y esto requiere transformaciones en torno a cómo se produce, qué se produce y cómo se distribuye el excedente económico (Delgado Cabeza, 1981).

Respecto a “qué se produce”, la transformación deseable del modelo productivo supone un desarrollo de las actividades socialmente necesarias y medioambientalmente sostenibles, que conlleve un avance en las soberanías sectoriales estratégicas (alimentaria, energética, tecnológica, financiera, cuidados, etc.). En este sentido, es importante señalar que la crisis sistémica actual, requiere eliminar o limitar actividades económicas que están atacando la vida, es decir, generando daños en los ecosistemas y/o desigualdades a nivel social. En este marco, también toma relevancia la capacidad de vincular producción y consumo local, y atender a los principios de autoabastecimiento y “subsidiariedad”: proveer localmente todo lo que sea posible y recurrir a las “importaciones” solamente en caso de necesidad.

Respecto al cómo se produce y, en gran medida, cómo se distribuye el excedente económico, es preciso replantear el tipo de unidades socioeconómicas que realizan la generación de bienes y servicios. El objetivo es avanzar hacia un modo de producción basado prioritariamente en entidades de economía social y solidaria, con base en formas comunes de propiedad -frente a la propiedad privada-, el valor de uso o satisfacción de las necesidades sociales -frente al valor de cambio en función de los beneficios empresariales- y el trabajo autogestionado -frente al trabajo dependiente por cuenta ajena- (García Jurado, 2018).

La economía social y solidaria avanzará hacia un trabajo autogestionario que se guíe por el reparto frente a la acumulación (de decisiones, de poder, de tiempos, etc.) y que busque el establecimiento de la cooperación en un proceso laboral común. Cuando hablamos de trabajo, desde la ESS nos referimos a todos los trabajos, con o sin salario. Es esencial recuperar el concepto de trabajo (más allá del empleo) e internalizar el trabajo de cuidados para no imputar externalidades negativas a las mujeres, ya que el mercado capitalista penaliza la asunción del trabajo reproductivo de múltiples maneras: dobles jornadas, mayor parcialidad obligada, brecha salarial, etc. El trabajo asalariado por cuenta ajena es uno de los pilares del sistema capitalista y nos hace dependientes de un sistema que nos daña. En oposición a esta lógica, para generar trabajos dignos es necesario avanzar hacia modelos cooperativos, no guiados por la lógica del beneficio, con mecanismos para poder decidir sobre las condiciones de nuestros empleos e incorporando la esfera reproductiva en las dinámicas de nuestras entidades.

En conclusión, las economías transformadoras proponen la sustitución de la soberanía del capital por la autonomía de la actividad laboral y reproductiva de las personas (soberanía del trabajo), y la asunción de capacidad de decisión popular sobre los diversos ámbitos estratégicos de un determinado territorio (soberanía económica territorial), para alcanzar una soberanía vital, donde la vida subordina al capital.

Canarias tiene un límite y mucho futuro

Canarias tiene todos los ingredientes de la receta neoliberal y sufre intensamente sus consecuencias. En cuanto al cómo se produce, tenemos un modelo basado principalmente en el sector turístico, un sector hiper dependiente del exterior y en el que touroperadores y otras empresas extranjeras acaparan gran parte de la riqueza del archipiélago, mientras Canarias sigue siendo la segunda comunidad de España con más riesgo de pobreza (más del 33% de la población) y con el peor salario medio al mes, solo tres cuartas partes del promedio español. Estos datos son escandalosos sobre todo si se compara con el récord anual de visitantes (16 millones el último año), cuya subida es paralela a la subida del índice de pobreza que crece año tras año en el archipiélago y a la precariedad de las trabajadoras, con especial incidencia en las trabajadoras del sector turístico.

En cuanto al qué se produce, el turismo y el desarrollo urbanístico aparejado, es un sector extremadamente impactante y, con la dimensión adquirida, lo convierte en una actividad medioambientalmente insostenible y socialmente perjudicial. Solo por mencionar algunas de sus consecuencias negativas sobre el territorio y las condiciones de vida de las canarias, destacaremos la escasez de recursos básicos como el agua, los problemas de viviendas y el desplazamiento de la población local ligados a la puesta de los recursos al servicio del turismo, y la saturación de espacios y servicios (espacios naturales, carreteras, etc), entre otros.

El sector turístico supone casi un 35% del PIB canario y genera cerca del 40% del empleo. Una dependencia económica que ha justificado casi cualquier tipo de actividad en las islas, independientemente de sus “daños colaterales”. Sin embargo, las consecuencias son actualmente tan flagrantes que la población ha comenzado a cuestionar el modelo y a pedir un cambio. Canarias, ha dicho alto y claro el pasado 20 de abril, que el modelo productivo basado en el turismo y el sector inmobiliario tiene un límite, y que ya se ha llegado a él.

La especialización productiva de Canarias requiere de medidas que propicien una transición ecológica de la actividad socioproductiva; una actividad productiva mercantil que responda a las necesidades de la sociedad respetando los límites de la naturaleza. No es posible meterse dentro de los márgenes de sostenibilidad ambiental (y menos con criterios de justicia global) sin una reducción fuerte de los trabajos socioambientalmente innecesarios y/o contraproducentes. Para alcanzar esta reducción, algunos de los cambios fundamentales necesarios en economías como la canaria se resumen en cuestiones como las siguientes.

Por un lado, el decrecimiento del tamaño de algunos sectores (turismo, construcción, generación de energía, transporte o finanzas) y fomento de otros. Es necesaria una reprimarización de la economía con un crecimiento muy importante de la agricultura ecológica, una expansión de la superficie forestal como sumidero de carbono y mayor peso de los trabajos de cuidados (sector sociosanitario, educación, empleadas de hogar, cuidadoras, etc). Por otro lado, la localización de la economía, con descenso de las importaciones, una reducción importante del uso de la energía y un incremento del tejido productivo autóctono de las actividades económicas.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este punto se plantean las líneas básicas de transformación de la actividad económica en Canarias y se relacionan los diversos sectores económicos convencionales con algunas de las soberanías sectoriales estratégicas[1]. En este caso la soberanía se entiende como la capacidad de decisión popular en los diversos ámbitos sectoriales, principalmente en los estratégicos, al margen de los procesos de acumulación de capital.

El sector primario se vincula con la soberanía alimentaria. Es necesaria la revitalización del mundo rural y de este sector para alcanzar mayores cotas de autoabastecimiento que permita cubrir los impertativos de la reproducción de la vida con materiales locales y de manera políticamente autónoma.

En el ámbito energético, la línea de transformación general debe basarse en la desfosilización, la reducción del consumo y la implantación de energías renovables. Es precisa la generalización de la participación y control de la población sobre la generación y distribución de energía para autoabastecerse colectivamente y para satisfacer los objetivos y las necesidades comunitarias. En este ámbito toman relevancia desde hace unos años las comunidades energéticas locales.

La actividad industrial debe estar estrechamente relacionada con el sector tecnológico y la soberanía tecnológica. Se debe favorecer un diseño tecnológico que garantice la resistencia y durabilidad de los instrumentos y herramientas, y que además se base en el uso de materiales y energía sostenibles, abundantes en el territorio y reciclables. Además, es necesario impulsar ecosistemas digitales territorializados. Un ecosistema digital territorializado que tenga en cuenta la soberanía tecnológica se compone de varios elementos interrelacionados: Infraestructura de red local, centro de datos locales, Plataformas y aplicaciones locales, marco normativo y regulaciones, y capacitación y formación.

La sociedad canaria reclama mayor soberanía económica para vivir mejor y para poner el cuidado del territorio y de las personas, en el centro de su economía. Esto requiere la construcción de soberanías populares, del aumento de la capacidad de decisión del movimiento popular y de su autoorganización (Goikoetxea, 2018). Los movimientos sociales y organizaciones ambientales del archipiélago ya están poniendo sobre la mesa propuestas para este necesario cambio de modelo económico. Es importante que las entidades de la Economía social y Solidaria canaria incidan en este momento para impulsar un tejido productivo más democrático, que redunde en una mayor redistribución de la riqueza y un empleo más digno y emancipador.

Justo en las Palmas de Gran Canaria hablamos de esto y otros vectores para construir un trabajo digno desde la perspectiva de la Economía Solidaria, en el encuentro de Idearia de los pasados 6, 7 y 8 de mayo. Esperamos que esta inmersión contribuya a dar un paso más hacia otro modelo para Canarias y un desarrollo territorial transformador.

[1] Se va a entender estratégico aquel sector con una importancia excepcional, en gran medida porque del mismo depende el buen funcionamiento de otros sectores. Así, y sin realizar una acotación estricta de las soberanías estratégicas, es evidente que sin alimentación, energía o tecnología, el resto de actividades o sectores económicos difícilmente pueden funcionar.