Miren Etxezarreta

Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB

A primeros de diciembre se generó una gran expectativa acerca de la propuesta de los dirigentes Merkel y Sarkozy para la cumbre europea del 9 de diciembre. Una vez más, se hacía referencia a una propuesta y una cumbre “históricas” –ya van siendo bastantes– y parecía que de ambas tenían que salir medidas clave para resolver los graves problemas que se le presentan a la Unión Europea, y en especial a la eurozona.

Los dos mandatarios (Merkozy) presentaron una propuesta en la cumbre que fue enseguida aprobada por casi todos los países de la UE. Incluso los que no están en el euro la han aceptado también, aunque Hungría, la República Checa y Suecia han de consultar todavía a sus países y Reino Unido la ha rechazado.

El show Merkozy ha supuesto poco más que una demostración del poder de ambos dignatarios en la Unión y una intensificación de lo que la UE sostiene desde mayo de 2010. El aspecto más destacado es que se “armonizarán” las políticas fiscales, lo que significa principalmente que el déficit estructural del presupuesto tendrá un límite del 0,5%, que habrá de integrarse en las constituciones de los países y ser monitoreado por el Tribunal de Justicia de la UE; y que habrá correcciones y sanciones automáticas a los países no cumplidores, con incremento de las sanciones. La política fiscal, que hasta ahora gozaba de cierto grado de libertad, queda en adelante sometida a las autoridades de la Unión.

Se han añadido otras medidas, como que las decisiones no se tomarán por unanimidad, sino con una mayoría del 85% –lo que supone que Alemania, Francia e Italia tienen derecho al veto pero no España–, así como respecto al Fondo de Estabilidad permanente; con algunas más de carácter menor.

Sin embargo, al mismo tiempo se impide que el BCE tenga un papel más activo para resolver los problemas: se afirma que este no emitirá eurobonos, aunque parece que su gobernador (Draghi) no los descarta del todo; que no se emitirán avales europeos; que no se ampliará la compra masiva de bonos de los estados con dificultades; medidas que realmente podrían paliar los problemas financieros de los países periféricos. Por el contrario, el BCE ampliará los plazos para dar créditos al 1% a los bancos privados –de 3 a 36 meses– y estos pueden prestar a los estados, pero no prestará ni al FMI ni a los fondos de rescate europeos. Si los estados necesitan fondos tendrán que pedírselos a los bancos privados, a los mercados. Como el BCE por ley no puede ayudar directamente a los estados, se acude a la rocambolesca vía de que ¡los estados europeos bilateralmente presten al FMI 200.000 millones de euros, para que les ayude a ellos! Se insiste en la recomendación de realizar rápidamente cambios estructurales, en especial la reforma laboral, la de la negociación colectiva, las privatizaciones y el adelgazamiento del Estado del bienestar. Por supuesto, no hay ayudas para políticas activas de crecimiento, para la recuperación económica, ni para políticas sociales.

En conjunto se refuerza la austeridad, se dan importantes facilidades a la banca privada, se estrechan los márgenes para la actuación del BCE de apoyo a los estados y se hacen potentes sugerencias de reformas estructurales. En definitiva, vuelven insistentemente a lo que más importa: apretar con dureza a las poblaciones de los países con problemas bajo el argumento de reducir el déficit y disminuir la deuda.

Todas estas medidas, que tienen un gran impacto negativo en los países periféricos, no serían tan dañinas si la UE tuviera una política económica compensatoria de apoyo a las economías de los países. Pero de esto no existe ni el más mínimo rastro, sino que se percibe una decidida voluntad de no hacerlo (disminución del presupuesto de la UE). Con lo que la política económica de la UE es sólo recesiva y represiva.

En España el nuevo Gobierno ya ha afirmado que seguirá fielmente la normativa europea. De hecho, los límites al presupuesto y la prioridad del pago de la deuda ya se introdujeron en la Constitución con prisas por el Gobierno anterior. Lo que obliga a drásticos recortes del presupuesto, la correspondiente disminución del gasto social junto con la destrucción gradual del Estado del bienestar y el estímulo a su privatización. Las primeras pistas acerca del programa del recién estrenado Ejecutivo señalan su prioridad en realizar las reformas estructurales, especialmente la reforma laboral, sosteniendo que una desregulación creciente del mercado de trabajo mejorará la creación de empleo, mientras que la patronal no se recata en exigir el derecho a utilizar a los trabajadores como mejor le plazca. Se acoge la idea de los miniempleos con entusiasmo, aunque es de temer que sean más minisalarios que otra cosa.

Después de toda la algarabía acerca de los problemas del déficit y la deuda, de las propuestas de Merkozy y de la cumbre del 9 de diciembre, llegamos al verdadero objetivo: austeridad, recortes y reformas estructurales. Sabiendo perfectamente, además, que con ello no se resuelve el problema del déficit ni de la deuda, y mucho menos de la economía de los países. No es extraño que las agencias de evaluación no se hayan dejado impresionar por toda esta parafernalia y hayan rebajado las posiciones de todos los países de la eurozona. Probablemente han percibido que todo este estrépito no cambia en casi nada la situación europea.

Lo que de verdad buscan los poderes fácticos es lo mismo de siempre. Tras el bullicio, las políticas para lograr lo que de verdad interesa: el control de los trabajadores, el deterioro de sus condiciones de trabajo, el dominio de las poblaciones, la reducción al mínimo del Estado del bienestar y el debilitamiento de la democracia, la incertidumbre y un grave deterioro económico para la ciudadanía, para que todo ello les permita recuperar rápidamente sus beneficios.