Situémonos por un momento a comienzos de los años 90. Por aquel entonces, un joven delfín del Consejero de Sanidad en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, inicia sus experimentos privatizadores de la Sanidad con las llamadas ‘Fundaciones’. La primera de ellas, en 1993 con el Hospital de Verín. En 1996, Feijóo se trasladó a Madrid para formar parte del gobierno Aznar, y no perdió el tiempo: al mes como director general del Insalud propulsó mediante el Real Decreto Ley 10/1996, la privatización del sistema sanitario en territorio del Insalud. Nada menos que en 10 comunidades autónomas por aquel entonces. Ya no estaba en esa lista la Comunidad Valenciana, de la que ya se encargarían más adelante sus compañeros de partido, ávidos de negocios en Sanidad, con proyectos como el del Hospital de Alzira.

Esa norma aprobada en 1996 fue, nada más y nada menos, la predecesora de la famosa 15/1997, la madre de la privatización sanitaria. Un año después de su llegada a Madrid y con el apoyo del PSOE, capitaneado por la exministra de Sanidad Ángeles Amador, Feijóo hacía realidad el deseo de Aznar de acabar con la Sanidad Pública.

Concebida bajo la premisa de que “lo público no funciona” la ley 15/1997 sirvió al PP para enmascarar el inicio del desmantelamiento del sistema de salud bajo la excusa perfecta de la necesidad de abrirse a formas de gestión "más modernas e innovadoras", siguiendo la estela del Thatcherismo y por el camino que había marcado el Informe Abril, que años antes los movimientos ciudadanos habían rechazado.

Así, en un abrir y cerrar de ojos, se iniciaron en nuestro país los grandes negocios en la Sanidad, uno de los nichos más atractivos. Y fue facilísimo: sólo había que deteriorar la sanidad pública, los argumentos salvadores como “echar una mano con las listas de espera” o “una gestión más ágil” aparecieron solos.

En la actualidad, por suerte, el problema para mantener estas privatizaciones en sus más diversas fórmulas es que ya hay datos suficientes para conocer el engaño en todos los planteamientos en base a la eficiencia.

¿Qué sucedió con el primer experimento de Feijóo? Tan sólo 3 años después de que el hospital público de Verín contase con las "innovaciones" del sector privado, ya tenía un déficit de 1,2 millones de euros, cuentas opacas según el Consello de Contas. ¿Cuál fue el siguiente paso? El de siempre, rescate con dinero público.

Otro ejemplo del paradigma de la ineficiencia de los modelos de gestión privada sanitaria fue el ocurrido en Alzira. ¿Qué ocurrió en esta localidad valenciana? El gobierno del PP en junio de 1997 se apresuró a implantar una concesión administrativa para este hospital. Fue construido y dotado de infraestructuras y profesionales sanitarios por la empresa Ribera Salud, una UTE creada con este fin. La Generalitat Valenciana financió la concesión a través de pago per cápita y pago por procesos. En 2003 Ribera Salud entró en pérdidas y se rescindió contrato. ¿Qué ocurrió entonces? Que la Generalitat le pagó a la empresa 25 millones por lucro cesante, pese a que eso no estaba en el contrato. Cuando se hizo un nuevo concurso, el gobierno valenciano del PP adjudicó, por increíble que parezca, la concesión a la misma empresa que había rescatado, esta vez con un pago per cápita mucho más elevado.

En 2014 Centene compró el 50% de Ribera Salud. Para entonces, Vivalto Santé, tercer grupo sanitario de Francia ya había adquirido todo el grupo Ribera Salud. En Valencia y en toda España, la gestión privada de la sanidad pública se encuentra manos de multinacionales extranjeras y fondos de capital de riesgo. Conocer quién está detrás de estas privatizaciones es fundamental para entender las motivaciones de las acciones: los beneficios empresariales privados se deben en gran parte a que tienen menos profesionales que los hospitales de gestión pública. Cuando en 2018 se logró la desprivatización del área sanitaria de Alzira, la Generalitat necesitó aumentar la plantilla en más de 400 profesionales, de entre ellos, 36 en enfermería de UCI. La gestión privada implica servicios deficitarios y riesgos evitables para los pacientes.

Otro ejemplo de ineficiencia de la gestión privada sanitaria que estamos sufriendo actualmente se encuentra en la sanidad madrileña. Los sobrecostes de los tres modelos privatizadores en la Comunidad son bien patentes. El modelo PFI (colaboración público-privada) ha supuesto un incremento del coste entre 7 y 8 veces sobre la alternativa de gestión pública. El modelo de concesiones administrativas ha supuesto un aumento del 14,95% anual. Y el modelo de concesión de la asistencia de un área sanitaria a un hospital privado ha supuesto un incremento presupuestario del 25,04% anual.

La decisión política de optar por modelos de gestión privadas ineficientes tiene la finalidad de desviar dinero público a empresas privadas para que hagan negocio, simple y llanamente. El gobierno del PP madrileño en su afán por favorecer el negocio empresarial presentó el proyecto de Ley Ómnibus, una distopía muy peligrosa que en su artículo 44 incluye la creación de una agencia de contratación sanitaria para la Comunidad de Madrid sin control parlamentario. Será un ente público con plena capacidad jurídica y que actuará con sometimiento al derecho privado.

Así, luego nos encontramos con que Fresenius Helios, dueño de Quirón Salud, el mayor grupo hospitalario privado de España, género unos ingresos de 2.190 millones de euros en el primer semestre de este año, un 10% más que el mismo periodo de 2021. Unos beneficios indecentes cuando las listas de espera no paran de aumentar, la atención primaria se encuentra saturada y los profesionales agotados después de habernos sostenido tras la pandemia.

Es por ello que desde Unidas Podemos no podemos permitir no derogar la ley 15/1997. Y el actual proyecto de ley de la ministra Darias no lo hace. El silencio de Ayuso, Feijóo y los directivos del Grupo Quirón así lo evidencian. Lucharemos para que en la ley 15/1997 no solo se modifique la redacción, que es lo que recoge el proyecto de Ley de la ministra Darias, sino el contenido legislativo, y que sirva de verdad para resguardar la salud de la población fuera de los negocios.