La ministra de Trabajo ha asegurado que el diálogo social es fundamental, porque los agentes sociales deben formar parte de las decisiones relevantes que se tomen en materia laboral, pero ha abogado por dirigirlo con "cierta discreción".

También ha indicado que "los datos laborales de la pandemia han puesto de manifiesto que es "imprescindible" cambiar la legislación laboral en España porque hay normas que han precarizado absolutamente el mercado laboral y han "agudizado" la contratación laboral". Nada que objetar.

Han pasado suficientes años, desde que el Gobierno del PP, aprobase con alevosía y nocturnidad su reforma laboral de 2012. No vamos a hacer balance: existen multitud de ellos y en su mayoría coinciden; además, las Encuestas de Población Activa (EPA), reflejan la situación del mercado laboral desde entonces. No hay que inventar, ni tergiversar u ocultar, las cifras lo dejan claro. Los efectos de la reforma laboral están aquí, una sociedad con cuotas enormes de precariedad, desigualdad, pobreza y hambre.

Los objetivos de la reforma eran: la devaluación salarial, facilitar y abaratar el despido y el debilitamiento cuando no la ruptura de la negociación colectiva, el incremento del poder empresarial y el debilitamiento de los sindicatos.

Estas políticas regresivas e injustas se han desarrollado con la reforma laboral de 2012, impuesta arbitrariamente por el Gobierno del PP, junto con los recortes en los salarios de los empleados públicos, en las prestaciones por desempleo, en las pensiones y en los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, dependencia, etc.)

Hasta hoy, las reformas laborales habidas con el beneplácito de los gobiernos elegidos han favorecido los intereses de las grandes empresas y de las multinacionales.

Desde siempre, los sindicatos han venido defendiendo la necesidad de un marco más democrático de relaciones laborales, un marco que proteja los derechos de los trabajadores y que el empleo estable y con derechos sea la condición necesaria para el sostenimiento de la calidad del empleo en otro modelo económico, social, productivo y respetuoso con el medioambiente.

Estas semanas estamos asistiendo a posiciones que intentan esconder o disimular que la reforma laboral, se realizó en beneficio del capital financiero, las multinacionales y las grandes empresas. Solo así se entiende el mutismo de entonces y la defensa de la reforma laboral, hoy.

Días antes de la aprobación por decreto, de la reforma laboral del PP, los que suscribimos este artículo, fuimos protagonistas de aquella negociación con acuerdo, entre CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, que se trasladó al Ministerio de Empleo. El II Acuerdo para Empleo y la Negociación Colectiva, publicado en BOE de 6 de febrero de 2012, unos días antes de que el Gobierno impusiera su decretazo de forma autoritaria.

El Acuerdo fue vulnerado por el Gobierno, que lo metió en un cajón y de ahí nunca más se supo, es más, solo los sindicatos exigieron explicaciones que nunca se dieron y CEOE, enmudeció primero y defendió después. No hablamos de oído, ni lo hemos leído, ni nos lo han contado.

Por todo ello nos indigna que se escriban cuestiones como: "la reforma laboral del 2012, hecha de prisa y corriendo sin el necesario acuerdo entre empresarios y sindicatos" o se hagan falsas declaraciones defendiendo los aspectos positivos de una reforma que ha condenado a sectores de trabajadores y trabajadoras, a la precariedad, cuando no a la indigencia.

¡Qué falta de humanidad! ¡Que memoria más flaca!

Es importante la evolución de la economía, pero también evitando el establecimiento de leyes y regulaciones que su único objetivo es mantener a la mayoría de la sociedad, a las trabajadoras y trabajadores, lejos del poder.

Se equivocan si en ante la situación tan grave de la pandemia y de la crisis en la que está este país, se propongan regulaciones que solo favorecen un incremento de los beneficios que produce el trabajo de las personas trabajadoras a costa de sus vidas, derechos y libertades.

Conviene reflexionar. Volver a construir.

Acabamos citando a Antón Costas, catedrático de Economía aplicada y anterior presidente del Círculo de empresarios de Barcelona. Escribía hace un tiempo: "la reforma más urgente, que se necesita en España, es sin duda un cambio de la estructura empresarial, teniendo en cuenta que el mercado laboral es tanto o más flexible que el de la mayoría de los países europeos y que la mayor restricción a la competitividad y el crecimiento viene de otros rasgos de la economía española como son, la pobre calidad de la gestión empresarial, la escasa dimensión media de las empresas y los efectos que estos rasgos tienen en la competitividad".

Estamos ante un cambio profundo, del modelo anterior, como no se conocía desde hace muchos años. Estamos convencidos de que, en el actual proceso de reconstrucción económica y social, es fundamental la defensa de la vida y del trabajo, lo que exige nuevas alternativas, y sobre todo ir a las negociaciones con voluntad de alcanzar acuerdos dejando en el baúl de los recuerdos, las actitudes de las aves de rapiña.

Seguimos pensando que es absolutamente indispensable derogar la reforma laboral para recuperar los derechos de las personas trabajadoras. Al mismo tiempo, es imprescindible aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que se base en el consenso de los interlocutores sociales y que sirva para garantizar un marco de relaciones laborales democrático y participativo. Dar respuesta a las nuevas necesidades sociales, y potenciar el nuevo modelo productivo basado en la descarbonización y digitalización de la economía.