Nuestro sistema democrático está sometido hoy a grandes tensiones, principalmente derivadas de una ofensiva reaccionaria que ha cristalizado en forma de lawfare contra determinados actores políticos progresistas. Cada día vemos indicios de esta guerra sucia en el marco del Caso Kitchen, que implica a oscuros miembros de las fuerzas de seguridad, políticos conservadores con muy pocos escrúpulos y algunos medios de comunicación funcionando como punta de lanza. Todo ello actúa en detrimento de la calidad de nuestra democracia, que se desploma en los índices internacionales de manera inversamente proporcional a la forma en la que aumenta el caudal que circula por las cloacas del estado.

Por eso es muy buena noticia la aprobación este jueves pasado de una ley que obtiene nuevos derechos para las víctimas del franquismo, que condena taxativamente la dictadura (¡45 años después!), ilegaliza sus tribunales políticos y anula las decisiones de su injusta y cruel justicia. Ya tenemos por fin una Ley estatal de Memoria Democrática, con destacables mejoras sobre la propuesta inicial, conseguidas por Unidas Podemos e inspiradas por las entidades memorialistas, que tanto trabajo y esfuerzo han volcado en trasladar la necesidad de que en este país la verdad, la justicia, la reparación, y las garantías de no repetición sean una línea roja, que no es otra que la de promocionar los Derechos Humanos.

Ciertamente no es el mejor texto que se podría haber aprobado, principalmente por la pervivencia de una ley “de punto final” como lo es la ley de amnistía de 1977, de la que se ha hecho una interpretación torticera para usarla como tapón contra cualquier investigación que pudiera amenazar el acuerdo fundacional del régimen del 78, que incluyó la impunidad para todos los criminales de la dictadura franquista. Seguro que las Naciones Unidas, en el próximo informe del Relator Especial para la verdad, la justicia y la reparación, nos vuelve a recordar que ese pecado original de nuestra no tan ideal transición a la democracia debería haber desaparecido hace mucho de nuestro ordenamiento jurídico.

El éxito de esta ley, como muchas otras, va a depender de la capacidad para que se cumplan sus preceptos. Hay comunidades en España en las que las principales medidas aprobadas con este texto legal ya se están desplegando, como pasa en las Islas Baleares, Euskadi, Navarra o la Comunidad Valenciana. Lugares en los que ya existen mapas de fosas, en los que ya se están excavando, identificando y retornando a las familias los restos de sus desaparecidos; donde se retira la simbología franquista por ser antidemocrática, o donde se le realizan homenajes institucionales multitudinarios a las víctimas y a sus familias. Esta ley tiene que servir para que estas iniciativas se lleven a cabo también en los lugares donde gobiernan opciones políticas que se alejan de los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. Todos conocemos casos de permisos de exhumaciones denegados, o de exaltación del franquismo en comunidades y municipios gobernados por la derecha, y era necesaria una ley que estableciera unos estándares de respeto y reconocimiento a las víctimas del franquismo de manera uniforme en el estado.

Es lógico, por supuesto, que hayan aparecido los guardianes de las esencias del PSOE encabezados por Felipe González, a opinar contra el avance de derechos para las víctimas del franquismo, desde sus sillones en los consejos de administración de empresas con beneficios milmillonarios. No tiene nada de extraño, ya que fueron ellos quienes traicionaron a esas víctimas, muchas de ellas de su propio partido, y a pesar de gobernar el país 15 años, las dejaron en el mismo sitio en el que las enterraron los fascistas, en las fosas y en las cunetas. Esta ley les deja en evidencia.

Cada paso que se da en la buena dirección es un paso bien dado. Cada avance en la recuperación de la memoria de lo que ocurrió, de lo que les pasó a muchas personas bajo el yugo del fascismo y de la dictadura, es un avance en la profundización de nuestra democracia. Aún hay pasos que dar, pero con la publicación del texto en el BOE, la sentencia a muerte del alcalde de Palma, Emili Darder, por los cargos de contrabando de armas, de rebelión militar, de ser un sectario, un antirreligioso y un separatista, será anulada, y el vergonzoso tribunal que le condenó será considerado ilegal. Como esta sentencia, que estaba en vigor hasta ayer, hay miles. Decenas de miles. Celebremos pues las victorias que mejoran nuestra sociedad, las que nos brinda un gobierno de coalición en el que Unidas Podemos está empeñada en quitar el freno de mano cuando hay posibilidad de girar a la izquierda. Se ha dado un paso más.