VICENÇ NAVARRO

Hace 40 años, el 18% de los españoles adultos trabajaba en la agricultura. Hoy, sólo el 2% trabaja en la agricultura y produce incluso más que lo que producía 40 años atrás el 18% de la población en edad de trabajar. Dicho en otras palabras: un trabajador produce hoy más alimento de lo que producían antes nueve trabajadores, y ello como consecuencia de un enorme crecimiento de la productividad del trabajador agrícola. Con base en estos datos, se puede ver lo absurdo que habría sido si hace 40 años cien economistas hubieran alarmado a la población indicando que, como consecuencia de que los trabajadores estaban dejando el campo, habría menos producción de alimentos, y al cabo de 40 años la gente en España se moriría de hambre. Su desatención al impacto que el crecimiento de la productividad tiene en la cantidad de alimentos producidos explicaría el ridículo de su pronóstico.

Pues bien, por muy ridículo que parezca, esto es lo que está ocurriendo ahora, con grandes cajas de resonancia mediática disponibles para promover este mensaje. La única diferencia es que, en lugar de alimento, ahora se habla de pensiones. FEDEA, la fundación más importante del capital financiero (banca y cajas de ahorros) en España, acaba de patrocinar un manifiesto, firmado por cien economistas, que utiliza el mismo argumento: “La ratio entre la población en edad de trabajar y la población mayor de 65 años pasará de cuatro en la actualidad a 1,65 en 2050”, de lo cual deriva que el sistema de pensiones públicas no es sostenible. Este argumento ignora que, más importante que la relación población adulta versus ancianos, es el número de trabajadores por pensionista y su productividad. Pues bien, el número de trabajadores por pensionista pasará de 2,24 ahora a 1,15 en 2050 (una reducción de menos de la mitad), pero, lo que es más importante, es que en 2050 cada trabajador producirá mucho más del doble de lo que produce un trabajador ahora, con lo cual podrá sostener más del doble de pensionistas que ahora.

El mismo error aparece cuando el manifiesto neoliberal alarma a la población indicando que ahora nos gastamos el 9% del PIB en pensiones y dentro de 40 años nos gastaremos el 15%, lo cual, concluyen, es insostenible en una sociedad que tiene recursos limitados. (Por cierto, Italia ya se gasta ahora el 14% del PIB en pensiones públicas, y el sistema no se ha colapsado). De nuevo, el manifiesto asume que la productividad apenas variará, lo cual es un error.

Si la productividad creciera un 1,5% por año, que es el promedio de crecimiento en los últimos 40 años, el PIB de España en 2050 sería 2,25 veces mayor que ahora (en monedas constantes, es decir, que la capacidad adquisitiva real habrá más que doblado la actual). En otras palabras, si ahora el PIB es, por ejemplo, 100, en 2060 sería 225. Pues bien, en pensiones nos gastamos ahora nueve puntos, dejando para los no pensionistas 91 puntos. Y ,en 2050, nos gastaremos el 15% de 225, es decir, 33 puntos en pensiones, quedando para los no pensionistas 192 puntos, muchos más que los 91 actuales. En realidad, hace 40 años nos gastábamos el 3% del PIB en pensiones, y ahora nos gastamos el 9%. Hemos triplicado el gasto en pensiones y, sin embargo, los recursos para los no pensionistas también han aumentado, pues el tamaño de la tarta es mucho mayor ahora que hace cuatro décadas.

Que no haya problemas graves en las pensiones públicas no quiere decir que no deban hacerse reformas, pero estas no debieran ir en el sentido de reducir las pensiones. Una medida aconsejable para aumentar los fondos a la Seguridad Social y mejorar las pensiones (que son demasiado bajas) es facilitar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. En España, el porcentaje de la población que trabaja es más bajo de lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene. Y en parte se debe a dos factores. Uno es el bajo porcentaje de la población adulta que trabaja en empleo público (el 10%, uno de los más bajos de la UE-15, cuyo promedio es del 15%). En contra de lo que se dice, el sector público (y, muy en particular, en los servicios públicos del Estado del bienestar, tales como sanidad, escuelas de infancia, educación, servicios sociales, vivienda social, entre otros) está poco desarrollado y tiene escaso personal, y ello se traduce en el bajo porcentaje de la población que trabaja en él.

El otro factor es el de la baja participación de la mujer en el mercado de trabajo (52%). Si España tuviera el porcentaje de Suecia, habría 2,8 millones más de trabajadoras pagando impuestos y cotizaciones sociales. Para ello se debiera expandir el cuarto pilar del bienestar, de modo que se incluya el derecho de acceso a las escuelas de infancia (que deberían ser mucho más que guarderías, aparcamientos para niños), además de los servicios domiciliarios a personas con dependencias. Y, naturalmente, hacer al hombre corresponsable de las obligaciones familiares. Y sobre todo, invertir en infantes y jóvenes, pues ellos son los futuros cotizantes que financiarán las pensiones del futuro.

Deberían también corregirse las inequidades existentes en la financiación de las pensiones. Es injusto que Emilio Botín, el banquero más rico de la UE, pague a la Seguridad Social un porcentaje mucho menor que un empleado de su banco. Como también es injusto que una persona trabajadora no cualificada (que vive 10 años menos que un burgués), tenga ahora que trabajar dos años más para pagarle las pensiones al burgués (que le sobrevivirá 10 años). En realidad, el incremento de la edad de vida se ha concentrado en los últimos 40 años en las rentas superiores, sin que apenas se haya notado en las rentas inferiores. Predeciblemente, ninguno de estos temas aparece en el manifiesto de los cien.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

Ilustración de Mikel Jaso