Peor hubiera sido un mal pacto de gobierno

Roberto Uriarte Torrealday

Profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco

Existe un amplio acuerdo entre los analistas de uno y otro signo y entre la ciudadanía en general a la hora de enjuiciar el fracaso en la formación de gobierno. Aparentemente, el sentido común hace que todo el mundo, por encima de etiquetas ideológicas, lo juzgue como un fracaso de los partidos en su conjunto. Quizá pequé de optimista, pero tengo mis dudas para juzgar tan negativamente lo sucedido y quiero plantear dos elementos que me las suscitan.

El primero es el elogio generalizado que se está haciendo de la virtud de saber pactar, de saber hacer cesiones, de saber llegar a acuerdos entre diferentes. Parece algo de sentido común; pero, si profundizamos un poco, resulta que hasta ayer mismo, la ciudadanía achacaba a los partidos justo el vicio contrario: la excesiva facilidad que históricamente habían demostrado para llegar a acuerdos de reparto de cuotas de poder. Incluso se había creado un término castizo para describir el fenómeno: el 'pasteleo'. Se criticaba a los partidos que, cuando se trataba de repartirse poder, les resultaba demasiado fácil olvidarse de compromisos y exigencias previas y hacer cualquier tipo de concesiones. ¿Cómo es posible que nos moleste por igual que los partidos sean demasiado transigentes y acomodaticios y que no lo sean?

En mi opinión, la respuesta está en la predisposición que tenemos a considerar positivos los acuerdos y negativo el disenso, lo que nos hace muchas veces valorar más el hecho de que se pacte que las condiciones en que se pacta. Y en materia de pactos, igual que en otras muchas, me parece más importante el cómo que el qué. Es bueno llegar a acuerdos sólo si sus procesos y sus contenidos son buenos y es malo si se soslayan determinadas condiciones. Lo mismo sucede con la capacidad de transigir, de hacer concesiones e incluso de rectificar discurso; no son virtudes en abstracto, sino cuando se hacen de forma legítima.

Una segunda contradicción que aprecio está en la convicción casi unánime entre los analistas de que no es posible formar gobierno “si no dan las cuentas”, es decir, si no se tiene una mayoría que le permita a uno “cambiar las leyes”, entre las cuales estarían sin duda las leyes orgánicas, que sólo pueden cambiarse con mayorías absolutas. No tendría sentido formar un gobierno que no tenga una mayoría suficiente en el Parlamento para reformar algunas leyes, por ejemplo, restrictivas de derechos. ¿Cómo se compadece esto con la tradicional crítica a los gobiernos con mayoría absoluta, por los riesgos que supuestamente entrañan para la división de poderes? También para este riesgo ha existido una expresión muy popular: 'pasar el rodillo'. Entonces, ¿consideramos negativo que se pueda pasar el rodillo y a la vez nos parece demasiado débil un gobierno que no pueda hacerlo?

Esta segunda contradicción deriva, en mi opinión, de otro error de nuestra cultura política: la sobrevaloración de la importancia de la letra de las leyes. Es evidente que la ley es un instrumento importante de acción política, pero conviene recordar que la ley es algo más que letra impresa y que, aunque modificar la redacción de las leyes pueda ser algo relativamente importante, tampoco lo es todo. Especialmente si pensamos que en este país el fraude de ley es un fenómeno masivo y que un problema político sustancial consiste en que hay una minoría que consigue eludir las leyes en su ventaja.

Pienso que frente al mal de que las leyes no son iguales para todos, el de la redacción mejorable de las normas es un mal menor. No niego en absoluto la urgencia de reformar determinadas leyes, lo que obligaría a un gobierno sin mayoría absoluta a negociar; pero sí considero que se puede gobernar y se pueden hacer transformaciones políticas muy profundas sin alterar textos legales; igual que al revés, se puede mejorar la redacción de estos sin que ello tenga apenas transcendencia real. El inmenso fraude fiscal que padecemos es el mejor ejemplo de la incapacidad del Estado para conseguir que las leyes se apliquen a todos por igual.

En resumen, no comparto la indignación generalizada contra los partidos por no haber formado gobierno rápidamente, al igual que tampoco comparto la idea de que no daban las cuentas para un gobierno entre el PSOE y Podemos y los grupos afines con posibilidades de realizar reformas importantes. Creo que la repetición de las elecciones tiene carácter excepcional, porque es consecuencia de una importante mutación del sistema de partidos, que ha pasado de ser 'de bipartidismo imperfecto' a ser multipartidista. Esto, unido al empate técnico entre lo que tradicionalmente se ha identificado como derecha e izquierda, obliga a las fuerzas principales a posicionarse en el nuevo escenario; y no es extraño que haya habido dificultades en el primer intento.

El PSOE debía elegir entre un gobierno compartido con Podemos y otras fuerzas, que no habría tenido mayoría absoluta y habría necesitado acuerdos para modificar determinadas leyes y un gobierno con el apoyo del PP, que sí habría podido pasar el rodillo. Sánchez no se atrevió a ninguna de las dos opciones y pactó con Ciudadanos, con la esperanza de que la apelación a la responsabilidad hiciera que el PP o Podemos le regalara su apoyo o al menos, su abstención.

No me parece tan grave que los ciudadanos tengamos que volver a pasar por las urnas para romper el empate técnico o al menos para decirles a los partidos si han acertado en sus apuestas, teniendo en cuenta que se trata de una situación excepcional, consecuencia de un cambio profundo de un sistema de partidos y de una cultura bipartidista que llevaba décadas asentada. La gestión de los resultados por parte de los partidos no ha resultado exitosa, pero más grave habría sido, en mi opinión, una enésima reedición del viejo pasteleo.