Podemos: plurinacionalidad y derecho a la autodeterminación

Gemma Ubasart, Roberto Uriarte, Breogán Rioboo y Toni Bennássar

Candidatos a Secretarios Generales de Podemos por Catalunya, Euskadi, Galiza e Illes Balears

Durante la Transición, la mayoría de fuerzas democráticas apoyaban el derecho a la autodeterminación. La oposición antifranquista, los de abajo contra los de arriba, fue bastante amplia y transversal, y es en esta riqueza que se entendía, con matices diversos, este derecho vinculado a apuestas por conseguir una mayor radicalidad democrática. Y el abandono de éste fue consecuencia de los pactos que dieron lugar al Régimen del 78.

Más de tres décadas después, estamos asistiendo a una fuerte crisis del régimen gestado en aquel momento. Se ha hablado ampliamente de su dimensión política (crisis del bipartidismo) y social (ausencia de blindaje de los derechos sociales ante las políticas de austeridad), pero también la crisis territorial debe tomarse en cuenta. Abrir el candado del 78 significa cambiar todo aquello que no funciona, y también poder poner sobre la mesa debates que han sido tabúes en la reciente historia democrática.

Podemos somos la única fuerza con capacidad de gobernar en el Estado español que defendemos el derecho a la autodeterminación, en tanto que consideramos que son los ciudadanos quienes deben decidir en que modelo territorial quieren vivir. Pero también nos diferencia de otras fuerzas políticas la concepción plurinacional del Estado que planteamos como proyecto político. Queremos trabajar en aras a una reformulación del modelo territorial, para que todos los territorios puedan encontrarse cómodos dentro del Estado español si así lo deciden. Es decir, tenemos que ofrecer la posibilidad de que aquellas naciones que quieran irse puedan hacerlo, pero tenemos que trabajar para que la alternativa a esta decisión no sea la España uniformizadora, sino un Estado plurinacional donde todas las comunidades nacionales y culturales puedan desarrollarse en un marco igualitario y solidario sin imposiciones. Así pues, entendemos el Estado español como país de países, valorando positivamente la rica diversidad cultural y lingüística.

La refundación de un proyecto de este tipo pasa por tres dimensiones: el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, la reforma del sistema de financiación y el repensar el modelo de organización territorial. Así pues, en primer lugar, debería procederse al reconocimiento efectivo del carácter plurinacional (pluricultural y plurilingüístico). La Constitución vigente sólo reconoce una nación -la española- y mantiene en una posición de subalternidad las otras naciones y lenguas que conviven en el Estado. En este sentido, con independencia de si la transformación constitucional se produce antes o después, defendemos un compromiso de las instituciones en la defensa y promoción de las lenguas catalana, vasca y gallega (blindando la inmersión lingüística, y con la introducción, por ejemplo,del conocimiento de estas lenguas dentro del currículum escolaren los territorios no-bilingües); proceder a la revisión de los planes educativos para superar la visión homogeneizadora de la historia del Estado, promover el compromiso en la defensa internacional y protección de la plurinacionalidad en la arena internacional, etc.

La segunda dimensión tendría que caminar hacia la reformulación del modelo de financiación para que cada comunidad pueda ejercer sus competencias. En este sentido Podemos considera que este modelo debería basarse en los principios de equidad, justicia territorial y solidaridad interterritorial. A menudo, el debate sobre el modelo de financiación ha sido uno de los principales escollos en las negociaciones entre las comunidades autónomas de régimen común y el gobierno central. Consideramos que este reparto debe ser equitativo para que los diferentes territorios puedan desarrollar sus competencias. No puede ser que el gobierno central utilice la llave de la caja como una medida para castigar o favorecer las comunidades en clave electoralista. Por otra parte, debe ser una financiación justa, lo que consideramos que podría alcanzarse mediante la introducción flexible del principio de ordinalidad; y debe haber un reparto solidario en función de las necesidades sociales de cada territorio.

La tercera pata de este proyecto pasa por la articulación de un modelo territorial que dé cabida a la diversidad y complejidad de las diferentes voluntades de acceso al autogobierno, incorporando el principio de la asimetría. La Constitución y sus consiguientes desarrollos nos condujeron a un modelo de “café para todos” que se ha evidenciado como disfuncional. Se estableció una propuesta finalmente homogeneizadora que permitía el acceso al autogobierno a determinados territorios que no tenían aspiraciones autonómicas previas, mientras se establecía una faja autonómica para territorios que aspiraban a un pleno reconocimiento de sus derechos políticos. Actualmente, observamos como una parte de la ciudadanía de los primeros territorios defiende un modelo de recentralización, mientras en los segundos territorios se observa un deseo creciente de separación. Este modelo ha generado una inconveniente tensión alimentada por dos fuerzas a la vez -una centrífuga y una centrípeta- que muestra una insatisfacción generalizada.

Todo lo apuntado no es solo teoría. Este pasado domingo las calles de Compostela celebraron al grito de “Queremos Galego” más de un milenio de historia de lengua propia, al tiempo que reclamaron que los gobiernos transiten el camino que la ciencia y la decencia les marcan para garantizar mil primaveras más de vida para esta forma de relatar el mundo. El actual presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, insiste en estar aplicando una supuesta solución salomónica al conflicto cuando en realidad despoja al gallego de herramientas de supervivencia, como demuestra una severa amonestación del Consejo de Europa. El necesario retorno de Galiza al marco teórico del consenso de 2004 (Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega) será posible deslegitimando los agentes introducidos artificialmente por el PP para sacar provecho político de un conflicto cultural artificial.

En Balears continúa la lucha contra el decreto de trilingüismo, que ha pretendido romper el consenso social existente desde el año 1983 en torno a la ley de normalización lingüística. Durante esta última legislatura el PP ha intentado confrontar a la sociedad, utilizando la lengua como instrumento. La respuesta ciudadana, con una huelga del sector educativo que fue seguida de forma masiva, y con la mayor manifestación de la historia de las islas, fue la reacción espontánea de un pueblo indignado al órdago lanzado por el ejecutivo de José Ramón Bauzá con su política educativa.

En el caso de Catalunya y Euskadi, a parte de diversos episodios conflictuales provocados por dinámicas uniformizadoras del Gobierno español que amenazan lenguas y culturas, está presente el debate sobre el derecho a la autodeterminación. Si así lo solicitara con amplia mayoría el Parlamento de estos (u otros) territorios, debería encontrarse la fórmula para poderse materializar este derecho –dentro el marco de la actual Constitución vía artículo 92 o 150.2, o con una de nueva -; pudiéndose expresar en la voluntad de decidir crear un estado independiente o formar parte de un nuevo proyecto de refundación plurinacional del Estado español donde se reconozca y promueva la realidad pluricultural y plurilingüística. Porque las decisiones fundamentales del futuro de cada territorio las debe decidir su gente.