Vicenç Fisas

Investigador en procesos de paz

El proceso seguido con ETA en los últimos años, que permitió que dicha organización abandonara definitivamente la lucha armada, no es propiamente un proceso de paz clásico, en la medida en que en la etapa final no hubo negociación ni, por tanto, acuerdo de paz. Fue una decisión unilateral motivada por la suma de varios elementos, fundamentalmente tres: la presión policial, el hastío de la sociedad vasca y la enorme presión de la izquierda abertzale para quitarse de encima el estigma de la muerte y posibilitar su participación política desde una nueva perspectiva de respeto a las reglas de la democracia.

En los procesos convencionales, tras el acuerdo de paz suele seguir un proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR). En el caso vasco, este esquema no era posible, por el carácter y modo de operar de la organización, de tipo terrorista, y como he señalado, por no existir un acuerdo negociado. Pero eso no excluye que estemos ante una situación también extraña, de “no finalización”, que dificulta enormemente la desaparición de ETA como organización. Dos son, esencialmente, los escollos: el desarme y la situación de los presos. Como analista, desde hace años, de los procesos de paz que hay o ha habido en el mundo, incluidos los casos realmente excepcionales, como el que nos atañe, de grupos que abandonan la lucha armada sin una negociación formal previa, puedo afirmar que nunca se ha dado el caso de que un Estado, con todas sus instituciones, no hayan favorecido el desarme final de un grupo armado que ha sembrado el terror en su territorio, y que ha decidido no utilizar nunca jamás las armas. Y no solo eso, sino que intenta desprenderse de dichas armas, pero de una manera que no implique la captura de sus miembros todavía no detenidos, aunque muchos de ellos es de suponer que están controlados por las fuerzas de seguridad españolas y francesas. Incluso es muy probable que la policía conozca donde están algunos de los zulos en los que ETA ha depositado parte de su armamento.

Los hechos son los siguientes: ETA quiere desprenderse totalmente de su arsenal, no muy numeroso, y hacerlo de alguna de las siguientes maneras: depositando las armas en zulos y señalarlos a cal y canto, dando las coordenadas de estos zulos a la Comisión Internacional de Verificación (CIV); otra posibilidad es entregar directamente las armas que no estén en zulos a dicha Comisión; una tercera sería que la misma ETA destruyera su arsenal, de la manera que pueda, e informara de ello a la CAV, para que pudiera recoger los restos. Hay incluso más variantes técnicas, pero el problema no es de esa naturaleza, sino estrictamente político. No hay interés alguno, para la mayoría de la clase política, de que ETA se quede sin armas, porque ello obligaría a dar algunos pasos en materia de presos, con el coste político y electoral que ello supone, debido a la demonización, ganada a pulso, por ETA. Para la mayoría de los actores políticos, lo mejor es no hacer nada, dejar las cosas como están, esperando que en el transcurso de los años o las décadas, el problema desaparezca por falta de materia. Pero eso no es manera de solucionar y terminar definitivamente los conflictos, aunque sean de tan baja intensidad como ahora. Para posibilitar el desarme final de ETA, se requiere del consentimiento y cooperación de los gobiernos de España y Francia, garantizando que para el logro de un bien superior (recoger y destruir las armas), no se detendrá a los participantes de este acto (etarras huidos o desconocidos y miembros de la Comisión Internacional de Verificación, o algo similar, como una Comisión Independiente de Desarme). Evidentemente, un etarra no irá a dejar su arma en un zulo, y sellarlo con cemento a continuación, si sabe que ello va a suponer su detención. La pregunta, pues, es ¿qué preferimos que ocurra?

Y sigue una segunda pregunta: ¿ETA pone, además, condiciones para quitarse de encima su armamento? La respuesta está en su último comunicado, en el que remite a un reciente documento de la izquierda abertzale llamado “Vía vasca para la Paz”, que por ser silenciado no por ello deja de tener propuestas y compromisos interesantes, como que “todas las víctimas reciban reconocimiento, reparación y garantía de no repetición”, crear una Comisión de la Verdad, “facilitar ejercicios críticos encaminados a reconocer todo el daño causado”, “implantar nuevos modelos legislativos basados en una justicia de carácter transicional”, o “poner en marcha un plan de excarcelación condicional anticipada, que requerirá que los presos vascos muestren su compromiso con el nuevo escenario abierto y renuncien a las vías violentas, y así mismo, haya por su parte un reconocimiento del daño causado como consecuencia de su actuación”. El documento, por supuesto, también tiene sus reivindicaciones, conocidas de hace tiempo, como terminar con la legislación de excepción, acercar a los presos, arresto domiciliario para los que estén gravemente enfermos, y cumplimiento de 2/3 partes de la condena a los presos que reconozcan el daño causado.

Para algunas personas, especialmente las víctimas, cerrar el tema con estos elementos, será duro, y es comprensible. Pero si no cerramos definitivamente el caso, la sombra de ETA permanecerá durante años y años, y no se ayudará a cerrar el duelo. El fin de ETA es una “patata caliente” que nadie parece estar dispuesta a coger, pero con los brazos cruzados no se logrará nada y pasaremos a la historia como el país que no supo poner fin a la existencia de un grupo que sembró el terror. Facilitemos, por tanto, el desarme de ETA, de la manera que se crea conveniente, y tratemos de alguna forma la cuestión de los presos. No se trata de amnistiarlos, ni siquiera de liberarlos escalonadamente como se hizo en Irlanda, sino algo más sencillo. Lo que no sirve de nada es quedarse con los brazos cruzados y no atreverse ni a discutir este tema, que se ha convertido por desgracia en un tabú, cuando, en política, este término no debería existir.