Luis Rico, Concepción García Herrera, Francesca Ricciardi y Tom Kucharz

Ecologistas en Acción

Aunque la clase política nos tiene acostumbrados a las extravagancias, la elección de los miembros de la nueva Comisión Europea roza la comedia satírica. La elección de un petrolero como comisario de Energía y Medio Ambiente, de un exministro de Defensa griego como comisario de Inmigración, de un exlobbista de la City londinense como encargado de regular la banca o de un recortador nato de libertades húngaro como comisario de Educación, sin embargo, están lejos de la broma. Son toda una declaración de intenciones de las prioridades de la nueva Comisión.

Entre esas prioridades, la más importante que ha fijado la nueva Comisión es llevar a buen puerto las negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés), cuya 7ª ronda de negociaciones tuvo lugar la semana pasada. La responsable de dicho acuerdo es la sueca Cecilia Malmstrom, una persona estrechamente ligada a la industria militar que, para no desentonar con la línea esperpéntica del resto de su equipo, comenzó su andadura como comisaria de Comercio contradiciendo sus propias declaraciones en menos de 24 horas.

En un primer envío de respuestas a las audiencias previas a la confirmación de la Comisión declaró estar dispuesta a eliminar del TTIP el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y estados (ISDS por sus siglas en inglés), retractándose al día siguiente.

La corrección no era banal, pues se trataba de uno de los aspectos más polémicos del TTIP, ya que el mecanismo ISDS da enormes privilegios a cualquier empresa multinacional o fondo de inversión, que puede demandar, ante tribunales privados con dudosos conflictos de intereses, a cualquier país por las pérdidas de beneficios derivadas de cambios legislativos en materia de política pública, lo que supone todo un asalto corporativo a la democracia.

Varios países europeos han podido comprobar los efectos del mecanismo de solución de diferencias: Alemania se enfrenta a una demanda de la multinacional de la energía Vattenfall de 3.700 millones de euros por el cierre de sus nucleares y Eslovaquia ha sido condenada a pagar el equivalente a su presupuesto de sanidad por revertir las políticas de privatización de ésta.

El propio Estado Español se juega cientos de millones de euros en las más de 10 demandas que ha recibido por los recortes a las renovables. Dichas demandas provienen en su mayoría de fondos de inversión extranjeros que invirtieron con posterioridad a la crisis de 2008, cuando estaba claro que las primas no iban a poder mantenerse. Éste es uno de los principales problemas achacados al mecanismo ISDS, que discrimina a los inversores nacionales, que no pueden acogerse a él.

Probablemente tras el escarmiento del caso Vattenfall, Alemania encabeza a una serie de países de la Unión que, temerosos de la potente industria legal estadounidense, no ve con buenos ojos la inclusión del mecanismo ISDS en el TTIP ni en su “hermano pequeño”, el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA por sus siglas en inglés) o Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá. El Tratado fue firmado a finales de septiembre, pero Alemania ha amenazado con no ratificarlo si no se elimina la posibilidad de que los inversores demanden a los estados.

La negativa de Alemania no ha hecho sino amplificar la campaña que los movimientos sociales europeos y norteamericanos llevan desarrollando contra la inclusión del mecanismo ISDS en el TTIP y el CETA, a sabiendas de que, solo en el caso del primero, daría la potestad de demandas a más de 70.000 empresas. Dicha campaña obligó a la Comisión Europea a realizar una consulta sobre la inclusión de dicho mecanismo en el TTIP.

La consulta, pese a ser extremadamente técnica y tediosa para cualquier ciudadano medio, fue respondida por miles de ciudadanos europeos gracias al esfuerzo y coordinación de la sociedad civil europea. La Unión Europea aún no ha publicado los resultados de la consulta, pero ha amenazado con no tomar en cuenta las respuestas de los ciudadanos individuales, demostrando que la consulta no era más que una farsa para tratar de legitimar la inclusión del mecanismo ISDS.

Ante este escenario, la Comisión Europea, que ha reconocido que las empresas han abusado de las demandas a los estados, se encuentra en un atolladero. Los lobbies empresariales no quieren ni oír hablar de un TTIP que no incluya el mecanismo ISDS y la Comisión hasta ahora ha seguido con fe ciega este mandato.

Pero la inclusión del mecanismo podría desencadenar en un estrepitoso fracaso del Acuerdo Transatlántico. De ahí que la nueva comisaria de Comercio juegue al despiste o no sepa muy bien qué decir. De hecho, la 7ª Ronda de negociaciones se ha cerrado sin grandes avances y sin ninguna declaración sobre la protección de las inversiones.

Este atasco en las negociaciones es en gran parte un éxito de las movilizaciones sociales, que han desvelado a la población a ambos lados del Atlántico todo lo que entra en juego en este Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos y, que hasta ahora, estaba siendo discutido en la trastienda.

Pero aún no se ha ganado nada, es necesario seguir movilizándose para evitar un acuerdo del que la población poco puede obtener y para desenmascarar a una Unión Europea que cada vez oculta menos su talante conservador y neoliberal. La próxima cita, el 11 de octubre en más de 200 ciudades europeas.