Un proyecto más allá del 20-N

Ignacio Urquizu

Profesor de Sociología en la UCM y colaborador de la Fundación Alternativas

Ilustración de Enric Jardí

Desde hace unos años, la izquierda está huérfana de ideas fuerza. La renovación ideológica que introdujeron la Tercera Vía de Tony Blair o el Nuevo Centro de Gerard Schröeder, era una revisión muy edulcorada de la socialdemocracia. Afortunadamente, en España no hemos asistido a una versión similar de la izquierda. El proyecto de Rodríguez Zapatero ha sido, en muchos aspectos, una continuación del socialismo español de los ochenta: ha reforzado el Estado del bienestar con nuevos servicios sociales, especialmente los de dependencia, y ha seguido desarrollando la idea de ciudadanía con nuevos derechos.

No obstante, la crisis económica ha mostrado que no todos los argumentos que venía defendiendo la socialdemocracia en los últimos años eran realmente ciertos. Por ejemplo, ha sido clamorosa la ausencia de un debate mucho más racional y razonable sobre la política fiscal. Toda la discusión se centró en la reducción de impuestos.

Además, la sociedad ha cambiado profundamente en los últimos años. Afortunadamente, vivimos más años, son muchas más las mujeres que trabajan y los modelos familiares son muy distintos. Los cambios sociodemográficos implican retos nuevos y, por lo tanto, cambios en las políticas de bienestar.

Dadas estas dos premisas, el gran reto que tienen los socialistas este fin de semana es elaborar algo más que un programa de Gobierno. La izquierda necesita una hoja de ruta para los próximos años. Tanto si están en el Gobierno como en la oposición, los ciudadanos progresistas necesitan saber cuáles son los objetivos y cómo se van a alcanzar.

El primer conjunto de retos debería seguir abordando la idea de ciudadano. Aunque se ha avanzado en los últimos años, algunos aspectos han quedado inacabados, especialmente todo lo que tiene que ver con el laicismo. Sigue siendo incomprensible el papel privilegiado que ostenta la Iglesia católica, tanto en el sistema educativo como en los actos públicos. Justificarlo bajo el paraguas de la tradición y la cultura no es decir mucho, puesto que este argumento también podría utilizarse para justificar tradiciones tan aberrantes como la esclavitud.

Los derechos políticos son un segundo aspecto que hay que mejorar en el ideal de ciudadano. El 15-M es una gran fuente de críticas al funcionamiento de la democracia. Al margen de explorar nuevos mecanismos de participación, nuestros derechos como ciudadanos que financiamos el sistema público dejan mucho que desear.

Esta semana hemos sabido que la presidenta de Madrid y sus consejeros cobran un sobresueldo de una partida opaca. Pero esto sólo es un ejemplo: ¿cuánto cuestan los conciertos educativos?, ¿cuál es el porcentaje de gasto sanitario que se destina a personal? En definitiva, ¿por qué es tan difícil saber qué se hace con el dinero público? Existe tecnología suficiente como para que los gobiernos dieran a conocer de forma detallada las partidas presupuestarias por departamentos y el porcentaje de ejecución.

El acceso a la información es una de las asignaturas pendientes. Aunque se ha prometido en numerosas ocasiones, el derecho al acceso a los documentos públicos no está todavía regulado en España. La falta de transparencia es el origen de comportamientos fraudulentos como, por ejemplo, la corrupción, contribuyendo al deterioro de la calidad de la democracia.

El segundo conjunto de retos debería concentrarse en el ámbito del bienestar. Si comparamos el gasto social español con el del resto de países desarrollados, veremos que es uno de los menos redistributivos (The Welfare State and Redistribution, Esping-Andersen y Myles). Esto significa que debemos rediseñar el Estado del bienestar, haciendo un mayor énfasis en las políticas redistributivas. Para ello, el gasto público debería hacer un especial esfuerzo en los colectivos más débiles: niños, mujeres y ancianos.

La educación de 0 a 3 años es fundamental desde esta perspectiva. No sólo permite que las mujeres puedan compatibilizar la vida laboral con la familiar, sino que además tiene un alto grado de igualitarismo al incorporar a todos los niños a la misma edad al proceso educativo.

Junto al componente redistributivo, la sostenibilidad del Estado del bienestar también debe preocupar a la izquierda. El aumento de la esperanza de vida y la reducción de las tasas de natalidad conduce a un descenso en la relación entre personas activas e inactivas. Esto conlleva un problema en la transferencia intergeneracional de rentas, una de las bases del Estado del bienestar. La solución es que más gente trabaje. Una vez se reduzca el desempleo actual, en el medio plazo, implica que es necesario incrementar la incorporación de las mujeres al mercado laboral y seguir atrayendo a personas de otros países.

El tercer conjunto de retos está relacionado con la economía. Una de las tentaciones que podría tener la izquierda es volver a un modelo económico más “nacional”. Es decir, bajo el argumento de recuperar soberanía económica, algunos podrían pretender frenar la apertura de los mercados. Pero lo cierto es que la evidencia empírica nos dice que los países con mayor gasto social son los que más internacionalizan su economía. Además, si algo nos ha enseñado la reciente crisis económica, es que sólo las soluciones globales podrán reparar muchos de los problemas locales.

En definitiva, las sociedades modernas tienen por delante numerosos retos. Los proyectos políticos deben identificar los principales problemas y dar soluciones. Pero, para la izquierda, no se trata sólo de hacerlo mejor y de forma más eficaz que la derecha, sino que además tiene que proponer cosas distintas e innovadoras. La socialdemocracia debe competir con los conservadores en algo más que la eficacia y la eficiencia.