Marina Albiol Guzmán

Portavoz de Izquierda Plural en el Parlamento Europeo

“República es dignidad”. Este lema va a encabezar este año muchos de los actos y manifestaciones que se van a celebrar alrededor del 14 de abril, uniendo así la reivindicación de las marchas de la dignidad exigiendo pan, techo y trabajo, a la idea de República.

Vincular República y Dignidad es del todo oportuno porque resume a la perfección el hecho de que, para nosotras, la apuesta por el republicanismo va mucho más allá del debate sobre cómo se tiene que elegir al jefe de Estado, que en cualquier caso habría de ser a través de mecanismos democráticos y no en base a un determinado código genético. Si bien esto es algo de suma importancia, no es lo fundamental. Nosotras planteamos la República como alternativa al régimen actual.

Alternativa al Régimen del 78 entendiendo este como todo el sistema, las instituciones y las leyes que han marcado la vida política en el Estado Español desde la transición, teniendo en cuenta que la transición no fue una ruptura con el anterior régimen dictatorial sino que supuso en parte un continuismo con el régimen franquista. Una transición orquestada desde la cúpula sin contar con la voluntad popular y que dio como resultado un régimen bipartidista, monárquico y, como ha quedado claramente demostrado, corrupto.

Ahora este régimen hace aguas por todos los lados. Analizando cada uno de los elementos en que se sustenta podemos ver cómo el régimen está herido de muerte y por lo tanto estamos ante una oportunidad histórica para darle la estocada final.

Hablar de democracia liberal es un contrasentido. Tanto que en realidad es difícil mantener esa denominación. Es cierto que mantiene la forma donde tienen cabida partidos políticos, y donde se celebran elecciones que conforman gobiernos, pero adolece en su contenido. Ya nadie duda de que quien realmente ostenta el poder son los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, que son en realidad quienes deciden las políticas a aplicar en mayor medida que el propio consejo de ministros. Nuestras instituciones están consumidas por la corrupción. Ejemplos no faltan con casos como Gürtel o Bárcenas, que incluso ponen en entredicho la legitimidad de los resultados electorales.

Una de las piezas claves del Régimen es el estado de las autonomías, absolutamente agotado con un gobierno que además impide el derecho a la autodeterminación.

Otra de las grandes patas es la Constitución, que no da respuesta a nuestras actuales necesidades. ¿Dónde quedan artículos como el 35, que asegura el derecho al trabajo cuando hay 4,5 millones parados? ¿Dónde el artículo 43 que vela por derecho a la salud cuando están recortando y privatizando la sanidad pública? Por no hablar del artículo 47 referido al derecho a la vivienda, cuando la realidad es que los bancos vienen desahuciando a miles de familias víctimas de una crisis que no han provocado.

Si a todo ello le sumamos que nuestra jefatura del estado descansa sobre una monarquía desacreditada - cuando cada vez más la ciudadanía percibe que, en pleno siglo XXI, el hecho de que el jefe de estado lo sea por gracia divina es absolutamente antidemocrático – vemos que el republicanismo adquiere todo su significado. No olvidemos que la propia institución monárquica se ha convertido en abanderada involuntaria del republicanismo pues de todas es sabido que ha colaborado en su propio desprestigio, al involucrarse en negocios oscuros con el dinero público y con recientes casos de corrupción en su entorno.

Por lo que respecta al sistema de partidos resultante de la Transición, vemos que también el bipartidismo se encuentra en horas bajas. La alternancia PP-PSOE se desmorona y la gran coalición empieza a dibujarse como un escenario posible.

La crisis ha puesto de manifiesto que el capitalismo, el sistema económico que sustenta el régimen, no puede satisfacer las necesidades materiales de la mayoría. Los recortes en derechos laborales, sociales y democráticos con la justificación de la crisis, han tenido el único objetivo de que las grandes empresas, la élite económica, puedan mantener y hasta incrementar sus ingentes beneficios a pesar de la recesión económica.

Si algo ha caracterizado la actual crisis económica es el hecho de que se han disparado las desigualdades sociales alcanzando niveles difícilmente imaginables hace tan sólo unos años. Esto hace que otro de los sustentos del régimen también se venga abajo. Me refiero al Pacto Social. ¿Cómo mantener algo parecido a un Pacto Social cuando una empresa como Gas natural obtuvo en 2014 unos beneficios de 1.462 millones euros mientras 7 millones de personas no pudieron encender la calefacción? ¿Cómo justificar que el Banco de Santander obtenga unos beneficios anuales de 6.000 millones de euros mientras alcanzamos el 30% de pobreza infantil y se continúa desahuciando decenas de familias cada día?

Rota la paz social, el conflicto de intereses se ha expresado en las calles, tanto que el Gobierno del PP junto a los poderes económicos tienen claro que, para poder continuar con políticas que les permitan aumentar beneficios ignorando el sufrimiento de la gente, hace falta más represión. La Ley mordaza o la reforma código penal responden a esta situación.

Por tanto, tenemos por una parte al poder económico llevando a cabo un cambio en las reglas del juego en su propio beneficio, modificando la constitución. Y por otra la reacción de la corona que, a través de cambios legislativos pretende llevar a cabo una nueva restauración borbónica. El recambio de Juan Carlos por Felipe obedece más a un intento de prestigiar a la monarquía frente a la pérdida de apoyos que a una cuestión meramente biológica.

Frente a estos atropellos, el pueblo reacciona, se despierta, se politiza, se mueve y plantea la necesidad de una alternativa, de romper con lo anterior para poner también nuevas reglas del juego, y empezar una nueva partida. Pero esta vez, en beneficio de la mayoría. Estas nuevas reglas del juego, que ya no pueden ser consecuencia del pacto social ya caduco, tienen que marcar un proceso de cambio en la correlación de fuerzas en la sociedad.

Y es en este contexto donde reivindicamos la república. Para nosotros la alternativa, el verdadero cambio, se debe conformar alrededor de los valores republicanos que aseguren un cambio radical para una democracia plena. Este cambio debe alcanzar al propio sistema político, a las instituciones y al sistema económico.

Es necesario un nuevo sistema político que dé cabida a revocatorios y referéndums. La fiscalización de los cargos públicos, la transparencia y la dación de cuentas deben formar parte de la normalidad democrática. Todo esto debe ir ligado al cambio del sistema económico, que debe poner la economía al servicio del pueblo. Porque no habrá democracia mientras los ciudadanos y ciudadanas no tengan asegurado el acceso a la vivienda, al trabajo, a la sanidad y a la educación pública.

No podemos hablar de libertad si hay personas a las que no les quede más remedio que aceptar un trabajo de 8 horas al día por 500 euros al mes. No podemos hablar de igualdad si las personas con discapacidad no tienen una vida digna. Para acabar con esto hay que poner los recursos al servicio de nuestras necesidades, es imprescindible la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, una banca pública, un SMI digno, limitar salarios también a la empresa privada y es necesario un sistema fiscal justo.

Tampoco podemos hablar de fraternidad o solidaridad si continúan los asesinatos de mujeres de forma sistemática, o si a los inmigrantes se les encierra en los CIEs.

Queda claro que nuestra reivindicación republicana no es una cuestión de nostalgia sino de la necesidad de tener presente y futuro para nuestra clase, pero esto no quita que digamos con orgullo que nosotras nos sentimos herederas de aquellas mujeres y hombres que hicieron posible la II República, el momento de nuestra historia con más avances sociales y democráticos. Somos herederas de aquellas personas que lucharon contra el fascismo y por la libertad y venimos a reivindicar aquello que por derecho nos pertenece.