Luis Nieto Pereira

Coordinador de Paz con Dignidad

América Latina, a pesar de lo que dicen algunos de sus gobernantes, es un territorio asolado por conflictos: desde México a Argentina se suceden los conflictos sociales y aún hay pervivencia de enfrentamientos armados. Detrás de ellos hay una larga historia de antagonismos sociales y étnicos que se han resuelto con violencia y represión. La desigualdad y la herencia histórica represiva continúan hegemonizando la vida en la región.

Existe una campaña mediática que nos muestra Colombia como un país de oportunidades y como una locomotora en América Latina, en comparación con otros países de su entorno. Pero la verdad es que no se visualiza la consolidación de un Estado de Derecho inclusivo para todos los sectores de la población y los indicadores sociales, económicos y de respeto a los derechos humanos no parecen generar esperanza en una menor desigualdad entre sus habitantes.

Desde hace más de medio siglo, Colombia vive un drama histórico caracterizado por el sistemático recurso a la violencia como forma de resolución de los conflictos sociales, económicos y políticos. Esta no sólo se vincula al conflicto armado que enfrenta al gobierno, grupos paramilitares y a las guerrillas de las FARC-EP y ELN, sino que es un fenómeno complejo y multidimensional. Adopta diversas modalidades, formas y experiencias en las cuales se cruzan la violencia producto de la lucha interna, con la derivada de las condiciones de pobreza en la que vive una importante parte de la población. Hoy, en el país persiste el conflicto armado más antiguo de América Latina, a la vez que se mantienen y reproducen las enormes desigualdades sociales. Así mismo se producen innumerables violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afectan a la vida, la integridad, la libertad y los derechos económicos, sociales y culturales de la mayor parte de su ciudadanía.

En Colombia existen más de 5 millones de desplazados internos (un 13% de la población) y cada año 150.000 personas se ven obligadas a abandonar su hogar. Cruz Roja dice que en 2014 hubo 617 casos de delitos de lesa humanidad. En lo que va de año ha habido 52 víctimas de violación de derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales a partir del año 2000 superan las 5.840 víctimas (1.500 fueron considerados falsos positivos- muchachos asesinados por las fuerzas de seguridad y presentados como guerrilleros) y la impunidad persiste en un 98% de los casos. Así mismo se han usado niños y niñas como miembros de organizaciones armadas.

En este mismo sentido los organismos de derechos humanos cifran en más de 40.000 las personas desaparecidas por los grupos legales e ilegales y sitúan la violencia contra las mujeres como parte de las dinámicas del enfrentamiento armado. Las mujeres sufren violencia física, psicológica y sexual en la lógica de “lesionar al enemigo” y su cuerpo se configura en campo de batalla. Por otra parte los defensores y defensoras de derechos humanos son amenazados, perseguidos y asesinados y las escuchas ilegales, conocidas por “chuzadas”, los seguimientos y las amenazas están a la orden del día.

De igual modo si analizamos la situación del país, al calor de los textos de organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, podemos constatar que el principal violador de los mismos es el propio Estado colombiano, quien además es el principal incumplidor del Derecho Internacional Humanitario, seguido de distintas organizaciones paramilitares – las conocidas por “bacrim”- creadas por los propios aparatos del Estado y en clara connivencia y complicidad con grupos de narcotraficantes y junto a ellos los grupos insurgentes como las FARC-EP y el ELN.

El conflicto armado no es la única fuente de violación de los derechos humanos. El 45% de la población está por debajo de los niveles de pobreza y a ello se suma la falta de tierra (8 millones de hectáreas de tierra despojada) y de trabajo (más de tres millones de personas desempleadas, un 16% de la población) e importantes carencias en infraestructuras y necesidades básicas como educación, sanidad y vivienda.

La ONU denunció este año que la violación a los derechos humanos queda impune en la mayoría de los casos, especialmente entre altos cargos militares. Flavia Pansieri, Adjunta del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH, en la presentación del Informe sobre Colombia al Consejo de DD.HH de la ONU recordó que “amplios segmentos de la población colombiana permanecen marginados, especialmente los indígenas, los afrocolombianos, los trabajadores rurales, las mujeres y los niños. Todas las formas de discriminación deben ser abordadas para lograr avanzar en la lucha contra la pobreza”.

Las violaciones a los derechos humanos se agravan en el caso de las poblaciones indígenas y afrocolombianas, pues sus territorios son objeto de disputa y de interés de numerosos actores –armados y no armados-, al albergar en ellos grandes recursos y riquezas naturales. El conflicto colombiano hunde sus raíces en la apropiación de la tierra y de riquezas naturales, minerales, hídricas, agrícolas y energéticas que alberga el país, por lo que es importante tener en cuenta a actores que como las grandes multinacionales que, bajo la protección del gobierno y de grupos paramilitares, se han beneficiado de proyectos de infraestructuras, agroindustriales, agrocombustibles y extractivos. Y es que dichas multinacionales se han adueñado de buena parte de los sectores clave de la economía: energía, banca, telefonía, minería, etc. Algunas de estas empresas son españolas (BBVA, Banco Santander, Telefónica, Gas Natural-Fenosa, Repsol, FCC, Ferrovial, Acciona, OHL, Abertis, Abengoa y Mapfre entre otras) y no han traído el progreso y bienestar que se prometió, con las reformas neoliberales, a la mayor parte de la población.

Pudiera pensarse que el conflicto armado colombiano es el último que se vive en el continente, aunque no debemos olvidar que aún persisten alzamientos armados en México y últimamente, en menor escala, en Nicaragua. El país se enfrenta actualmente a uno de los mayores desafíos de su historia reciente: poner definitivamente fin a su sangrante conflicto armado que dura ya cinco décadas y construir un país y una sociedad en paz. Las conversaciones entre el gobierno y las FARC-EP en la Habana podrían permitir al pueblo colombiano soñar con ese escenario. Ahora bien, la experiencia de países como Guatemala nos lleva a pensar que la firma de la Paz que no conlleve una Hoja de Ruta donde se contemple además del cese del enfrentamiento armado, la superación de las causas que lo originaron y el respeto a los Derechos Humanos en su conjunto, podría llevar al cierre en falso del conflicto. Cerrar los ojos y permitir la impunidad al gobierno de Juan Manuel Santos no ayuda a lograr que la Paz con Justicia pase de la palabra a la realidad.