PERE VILANOVA

Partimos del supuesto de que a la ciudadanía le preocupa mucho lo que pasa en el mundo, los problemas “que nos acechan”, las series de “riesgos, retos y amenazas” que todo analista de prospectiva debe conocer de memoria. En realidad, no sabemos muy bien lo que preocupa de verdad a la gente, y las encuestas de opinión fiables (es decir, las que se basan en técnicas rigurosas y muestras representativas) sólo dan indicaciones en las tendencias más obvias. Por ejemplo, actualmente la crisis económica y el paro, pero en años de bonanza estos dos indicadores no ocupaban un lugar relevante o no aparecían. Y además, los temas que el ciudadano percibe como “de política internacional” todavía le resultan más volátiles, excepto en casos extremos como el 11-S y sus derivadas. Parte de la confusión se deriva del hecho de que la relación entre política internacional y política interior está más interconectada que nunca, la tradicional

división formal y temática con la que operaban los estados durante mucho tiempo se ha difuminado. Mejor dicho, se ha esfumado, literalmente.

Esto debería llevarnos a todos, a gobernantes y gobernados, a reflexionar desde una doble perspectiva: la de los problemas que afrontamos como sociedades (retos, riesgos, amenazas), y más aún, la de las posibles soluciones a nuestro alcance. Y ello pasa por sentar un principio de partida, una especie de premisa mayor, para a continuación ver algunos ejemplos que confirmen la validez de esta premisa mayor.

Dicha premisa es la siguiente: para afrontar con cierto éxito la mayor parte de los problemas que acechan a nuestras sociedades es indispensable que tengamos una dosis suficiente de solidez, de cohesión, de estabilidad institucional y jurídica, también desde el punto de vista de los valores comunes. Es lo más parecido a lo que cabría llamar “moral colectiva”. En otras palabras, no deberíamos subestimar el peligro de que uno de los factores de debilidad que nos acechan, ante un mundo lleno de incertidumbres, es precisamente de orden interior. La desestructuración social, la fragmentación de valores, en otras palabras, el debilitamiento de los sistemas democráticos, no son sólo un factor de riesgo en un mundo volátil. Ese debilitamiento interno es un riesgo multiplicado por la sencilla razón de que tendemos

a ignorarlo, cuando no a negarlo.

Varios ejemplos ilustran el problema de fondo: hay una serie de temas que, por su importancia “estratégica” –es decir, por su trascendencia para definir nuestro lugar en el mundo y, sobre todo, en el mundo del futuro–, deberían ser preservados de los efectos más negativos del debate político, mediático y de opinión. No se trata –tampoco hay que ser tan idealistas– de pretender que sobre ellos no haya debate político o ideológico. Se trata de que sean abordados de modo distinto. En algunos países cercanos o lejanos, visto desde fuera, parece que el experimento es posible. En este país, desde luego, no, desde la superación exitosa del 23-F.

Cambio climático, terrorismo, crisis económica global o, en su día, la cuestión de las armas nucleares (por ejemplo, durante la Guerra Fría), son algunos ejemplos. Pero la lista es más larga y compleja. En un reciente encuentro (Halifax International Security Forum) organizado por el Gobierno de Canadá y la German Marshall Fund a finales de noviembre, además de los temas mencionados, se trataron otros como Seguridad ártica, Derecho versus poder a escala global, El futuro de la democracia en el hemisferio occidental, Seguridad energética global, o dos muy significativas, como ¿Qué ideas merece la pena defender? y Se necesita cooperación regional urgentemente: el papel de los vecinos para asegurar la paz (se entiende que en conflictos armados). Y ello sucedía en un foro de formato supuestamente hard security approach, es decir, junto a temas como Irak, Afganistán, la OTAN, el terrorismo transnacional, etc.

De los asuntos aquí mencionados se deriva que, sin ser condición suficiente, es condición necesaria –o preferible– abordarlos desde gobiernos democráticos de sociedades democráticas, ancladas lo mejor posible en sólidos valores. Y en la certeza de que cualquier gobierno, el actual y los venideros (por vía de la alternancia), deberá lidiar con ellos. Pero algunos de estos debates se abordan mal. Por ejemplo, desde el punto de vista de las sesiones Derecho versus poder o ¿Qué ideas merece la pena defender?, algunos países europeos están dando un mal ejemplo. El debate abierto en Francia por el propio presidente de la República sobre qué es ser francés ha virado muy rápidamente hacia un caldo muy reduccionista: el islam “como problema”. Si Francia, el más republicano de los estados europeos, tiene que preguntar eso en voz alta, y la respuesta subyacente se limita exclusivamente al perfil sociológico-religioso de menos del 8% de su población, hay un problema.

En Suiza, el tema de los minaretes (¡hay cuatro!), si se quiere abordar desde el derecho –¿desde dónde si no?– debería tener que ver únicamente con dos cosas: reglamentos urbanísticos en materia de altura de edificabilidad de lugares de culto, y si los creyentes de las diversas religiones pueden o no tener templos siempre que no contravengan dichas normativas urbanísticas. Pero eso vale para todas las religiones, pues la eficacia del derecho y su poder residen en el principio de igualdad ante la ley y la generalidad en su aplicación. Los políticos que aborden este tipo de temas –complejos– con la vista puesta en la siguiente campaña electoral y poco más nos debilitan por dentro. Pero los ciudadanos han de

asumir su parte de responsabilidad en el debate.

Pere Vilanova es catedrático de Políticas de la Universidad de Barcelona y analista del Ministerio de Defensa

Ilustración de Miguel Ordóñez