Las sanciones de la UE a Venezuela, una injerencia ilegal e irresponsable

En 2017, Venezuela, se convirtió en el primer país latinoamericano al que se le dictaban medidas coercitivas unilaterales desde Bruselas. En diciembre de 2020, la Unión Europea prorrogó su régimen de sanciones contra ese país, convirtiéndose en una de las entidades que más sanciones ha implementado contra Venezuela por detrás de Estados Unidos. En total, nueve medidas emitidas desde noviembre de 2017 hasta mayo de 2020, seguida por el Reino Unido con dos y una de Suiza.

Estas decisión pretende obstaculizar el desenvolvimiento del Estado venezolano, impidiendo su desarrollo económico y comercial de manera libre y soberana: Euroclear, una semana después de emitidas las “medidas restrictivas” retuvo 1.650.000.000 de dólares que el Gobierno venezolano había pagado para la compra de alimentos y medicinas. En enero de 2019, la financiera Novo Banco, con sede en Portugal, retuvo 1.543 millones de euros del Estado venezolano destinados a pagar los tratamientos para personas con enfermedades crónicas. En 2018, el Banco de Inglaterra negó al Banco Central de Venezuela repatriar 1.200 millones de dólares de oro venezolano (de los 8.000 millones de dólares en reservas venezolanas depositadas en esa entidad).

Esta línea de actuación política, imbuida de un espíritu colonial y de tutelaje, choca frontalmente con las recomendaciones de Alena Douhan, Relatora de Naciones Unidas, que el 12 de febrero de 2021 presentó un completo informe preliminar sobre las consecuencias sociales de esta política de sanciones.

La Relatora de Naciones Unidas fue muy enfática al instar a EEUU y la Unión Europea a que levanten las sanciones por su devastador efecto sobre la población y recordó, por si a alguien se le olvida, que las únicas “sanciones lícitas” conforme al derecho internacional son las que impone el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo demás es un intento de extorsión a los pueblos, una vulneración de los derechos humanos y un grave ataque a la soberanía de los países.

Naciones Unidas pide acabar con este miserable régimen de sanciones, que hasta la propia administración estadounidense reconoce como lesivo. El promotor de estas crueles medidas, la Oficina de Rendición de Cuentas de EEUU, dijo recientemente que la economía venezolana sufrió una abrupta caída a partir de la imposición de las sanciones unilaterales en 2015, y que hubo un recrudecimiento de este cuadro a partir de las sanciones contra PDVSA en 2019.

La patronal venezolana Fedecámaras, la misma que participó en el golpe de Estado contra Chávez en 2002, dijo que las sanciones han dificultado pagos en las importaciones de bienes, y que los costos de transacciones financieras internacionales han obligado a dejar de operar a varias empresas. E incluso Repsol reconoció que las sanciones podrían afectar las operaciones de la petrolera en Venezuela.

En un escenario como este, en el cual se obstaculiza al Estado venezolano la protección de los derechos fundamentales del pueblo, ¿a quién puede sorprender que cientos de miles de venezolanos se hayan visto obligados a salir del país en búsqueda de mejores condiciones económicas?. Sin embargo, más de 140.000 personas han retornado a Venezuela durante la pandemia. La mayoría de ellos, gracias a un esfuerzo enorme del Gobierno venezolano para ayudarlos a volver.

Con una caída de dos tercios del PIB y una reducción de sus ingresos por exportaciones de más del 95%, Venezuela mantiene uno de los índices más bajos de afectación por la pandemia de COVID-19. No sólo de Latinoamérica, sino del mundo. Esto, a pesar de las dificultades generadas por las medidas coercitivas unilaterales.

Pero la Unión Europea se mantiene en su doble discurso de supuestamente apostar por el diálogo, mientras que sigue apretando en la estrategia de asfixia económica. Esta misma semana amplió su régimen de sanciones a 19 representantes más del Estado y a otros representantes políticos. En asuntos serios, no cabe ese juego del palo y la zanahoria.

No se trata, como nos quieren hacer ver, de que son medidas inocuas, o que no afectan al grueso de la población, porque de hecho impiden “garantizar la posibilidad de que los funcionarios de Venezuela representen al Estado sobre la base del principio de igualdad soberana de los estados, y para garantizar los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, garantías procesales, acceso a la justicia y otros derechos fundamentales”, citando las palabras de la Relatora Especial.

Por cierto, esta fórmula de presión la aplican también contra dirigentes de partidos opositores venezolanos. No de la oposición criminal que encarnan Leopoldo López y Juan Guaidó, valedores de la violencia, el golpe de Estado y de la asfixia económica contra el pueblo venezolano, sino contra los sectores no chavistas que entienden que la vida democrática de un país pasa por el diálogo, las urnas y la tolerancia.

Mientras tienden alfombra roja en Madrid para un prófugo de la Justicia, alentador de la violencia callejera, de la invasión militar extranjera y del saqueo de recursos del país, como es Leopoldo López, la Unión Europea castiga a quienes se saltan el guión impuesto por la ultraderecha.

No podemos permitir que las posiciones más antidemocráticas sigan ganando terreno. Reconocer la democracia, los derechos, la diplomacia y el diálogo son la única vía.