El siniestro déjà vu de Washington y el golpismo venezolano

Emilio Arrojo

Periodista

Una vez más Estados Unidos muestra sin vergüenza su apoyo al derrocamiento del elegido democráticamente Gobierno venezolano, como ya hicieron en 2002 George W. Bush y José María Aznar que respaldaron el golpe militar de entonces contra el presidente Hugo Chávez. Como no fue suficiente, le siguieron un posterior y devastador cierre patronal de la poderosa industria nacional petrolera (PDVSA), también fracasado, y una patética sublevación militar en una céntrica plaza de Caracas —con misas diarias y rosarios incluidos— que sumieron al país en una violenta y desestabilizadora época sombría.

Años más tarde, desde el PP y su brigada mediática, el canciller del Gobierno Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, hubo de aguantar una bronca monumental cuando desveló en televisión que la embajada de España en Caracas apoyó al líder golpista, Pedro Carmona, por órdenes directas del Gobierno Aznar.

La información no solamente fue ratificada por el propio Chávez, sino que además el nada sospechoso izquierdista ex canciller mexicano en 2002 y 2003, Jorge Castañeda, declaró en diferentes medios que EEUU, España, Colombia y El Salvador habían coordinado sus esfuerzos en apoyo al breve gobierno golpista, pero no pudieron convencer a México, Brasil, Argentina y Francia de que firmasen un comunicado conjunto en este sentido.

Han pasado cerca de 12 años y mucho ha cambiado en la región desde aquel golpe de Estado, pero para los intereses de EEUU Venezuela, además de su cuarto proveedor de petróleo, sigue siendo una imprescindible estratégica casilla geopolítica en su patio trasero, y persiste tercamente en respaldar a una oposición liderada prácticamente por los mismos de antaño (Leopoldo López, Henrique Capriles, Corina Machado o Rafael Ledesma, entre otros).

Todos ellos ya demostraron entonces su disposición a utilizar cualquier medio violento o no para conseguir lo que en todo este tiempo han sido incapaces de lograr democráticamente en las urnas.

Y hoy vuelven a repetirse los mismos síntomas tenebrosos de aquellos tiempos: violencia, muertos, llamamientos a mantener la lucha en las calles, presencia del ejército, detención de líderes opositores, acusaciones gubernamentales sobre la preparación de un golpe de Estado, apoyado por Estados Unidos y expulsiones de sus diplomáticos de Caracas.

Es evidente y nadie niega el desabastecimiento de productos de consumo —forzado en muchos casos por el acaparamiento empresarial—, una inflación superior al 55%, y que el alto índice de criminalidad sigue siendo una de las lacras del país y la gran asignatura pendiente del Gobierno. Pero una sólida mayoría le sigue votando y son reconocidos internacionalmente los progresos sociales obtenidos gracias, principalmente, a los recursos procedentes de la recuperación del control estatal en PDVSA.

Poco o nada parece importar a EEUU que el chavismo, con Chávez o sin él, haya ganado democráticamente cuatro elecciones presidenciales, tres legislativas, otras tres regionales, y cuatro referéndums, todos refrendados por la supervisión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y otras organizaciones internacionales. Su única derrota fue el referendo de 2007 en el que los venezolanos rechazaron por un estrecho margen la propuesta de reformar la Constitución y profundizar en el proyecto socialista.

Ni siquiera en la pro estadounidense OEA, la más importante organización multilateral de la región hasta hace pocos años, pudo conseguir Washington el pasado miércoles el apoyo a sus críticas y de Canadá al Gobierno de Nicolás Maduro por no respetar los derechos de expresión y libre asociación en Venezuela. La mayoría de los otros países miembros realizaron llamamientos al diálogo para superar las actuales protestas, que desde la semana pasada ya han causado al menos seis muertos y centenares de heridos y detenidos.

El secretario general de la OEA José Miguel Insulza se limitó a decir que había estado en contacto con los cancilleres de la región y todos coincidieron en la urgente necesidad de diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolanos''.

Los gobiernos del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela) habían adelantado un comunicado, el domingo, a raíz de las tres primeras muertes, que se refería a las protestas como “actos violentos” y las calificaba de “intentos para desestabilizar el orden democrático”.

Por su parte Washington en un apoyo manifiesto a la oposición ha vuelto a recurrir a técnicas del pasado y desde el Departamento de Estado han criticado duramente el “deterioro de las instituciones democráticas” en Venezuela y le recordaba a Caracas la “obligación de proteger las libertades de sus ciudadanos y responder a las legítimas necesidades sociales y económicas de los venezolanos”.

Washington ni siquiera oculta su apoyo a la desunida oposición venezolana, liderada hoy por los ricos y ultraderechistas antiguos golpistas, que siguen sin inspirar confianza, y así el presupuesto federal de EEUU de 2014 destina 5 millones de dólares para actividades opositoras dentro de la misma Venezuela. Esta cifra no incluye otros cientos de millones procedentes de fundaciones como USAID y otras privadas durante los últimos quince años, desde que Hugo Chávez llegó al poder en diciembre de 1998.

Pero no son buenos momentos para el liderazgo regional de Estados Unidos, más ocupado en Asia y Oriente Medio que en Latinoamérica, y aunque los tradicionales alineamientos políticos con Washington han cambiado radicalmente en las dos últimas décadas, la Administración Obama sigue empeñada en una política exterior similar a la anterior de Bush y repite comportamientos que en lugar de arrinconar a Venezuela en el hemisferio, como pretende, solo consigue aislarse a sí misma.

Muchos análisis coinciden en que más allá del habitual antagonismo entre gobiernos conservadores e izquierdistas, los modelos que hoy en día están en juego en la región son el liberalismo comercial y financiero, frente a políticas sociales y económicas de orientación estatal.

Cuando el próximo mes de marzo termine la legislatura del gobierno conservador chileno de Sebastían Piñera y la socialista Michelle Bachelet vuelva a la presidencia, los principales socios de Estados Unidos solo serán Colombia, Mexico, Perú, Paraguay y las pequeñas repúblicas centroamericanas de Salvador y Honduras, nada que ver con el prácticamente monolítico apoyo que, con la excepción de Cuba, había contado durante décadas.

Desde el año 2000 los partidos conservadores en Latinoamérica han ido perdiendo elecciones y apoyo social, y aunque la izquierda no es un bloque compacto, especialmente en temas comerciales y en sus relaciones con EEUU, los candidatos que apuestan en sus programas por la redistribución de la riqueza y un mayor gasto social vienen siendo ganadores seguros.

La pérdida de influencia de Washington ha quedado claramente escenificada con la asistencia de 33 jefes de Estado a la reciente cumbre en La Habana de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe (CELAC), una organización fundada en 2011, promovida por el fallecido Hugo Chávez, como alternativa a la pro estadounidense OEA, que ni siquiera tiene fecha prevista para su próxima cumbre.