La sociedad civil frente a la corrupción

Lluís Rabell

Presidente de la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Barcelona)

¿Sobrevivirá Rajoy al escándalo Bárcenas? Más allá de azarosas predicciones a corto plazo, una convicción va instalándose en la opinión ciudadana: esto es mucho más que una crisis de gobierno. Los sobresueldos del PP y las cuentas en Suiza son apenas la punta del iceberg. La corrupción es sistémica y anida en numerosas instituciones. El descrédito afecta desde la Monarquía hasta las formaciones políticas sobre las que se ha sustentado el régimen heredado de la transición, pasando por los organismos supuestamente reguladores o valedores de la equidad ante la ley, como el Banco de España o la propia judicatura. La crisis actual, la más devastadora de las últimas décadas, hace insoportable el espectáculo de los sobres, los maletines repletos de billetes de 500 euros y los tratos de favor a empresas que reparten generosos donativos a nuestros gobernantes. Esos mismos que están imponiendo, a base de ajustes y tijeretazos, un enorme sufrimiento social a un país con millones de personas sin empleo.

Flota en el aire una atmósfera deletérea de fin de reinado. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La corrupción generalizada que hoy aparece ante nuestros ojos tiene que ver con distintos factores. El primero, una nada modélica transición que salvaguardó la preeminencia de la oligarquía y los estamentos que habían medrado bajo el franquismo. Sobre semejante déficit democrático se asentó un régimen bipartidista de gobernanza; es decir, unas maquinarias burocráticas y costosas, tanto más alejadas de una ciudadanía mal representada en un sistema electoral injusto cuanto más permeables a las exigencias de los grandes intereses privados. ¿Nadie se pregunta, por ejemplo, por qué tenemos la mayor – y también la más irracional y ruinosa – red de alta velocidad de toda Europa mientras se mantiene en la indigencia al transporte ferroviario de mercancías o a las cercanías de grandes áreas metropolitanas como la de Barcelona? ¿Acaso no resulta significativo que cerca de cincuenta ministros españoles, del PP y del PSOE, hayan acabado como consejeros o asesores de empresas que se privatizaron bajo sus respectivos mandatos? ¿O que nadie responda del saqueo de la Cajas de Ahorro, de la estafa de las preferentes, del rescate de unos bancos que siguen desahuciando a miles de familias arruinadas?

Sin duda, el período de crecimiento especulativo de la economía española y, singularmente, los años de la burbuja inmobiliaria han propiciado la extensión de la corrupción. Las desregulaciones, el fomento del individualismo, la fiesta de las entidades financieras, el “todo urbanizable”… han propiciado estrechas connivencias entre el poder político y el poder empresarial más parasitario - e incluso con el crimen organizado, como (presuntamente) nos demuestra la alcaldía Lloret. ¿Hay que recordar que, hace apenas unos meses, Generalitat y Comunidad de Madrid se disputaban los favores de Sheldon Adelson, compitiendo en promesas de favores fiscales y en rebajas de derechos laborales y protección medioambiental? Hace unos días, en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, un significado concejal del PP defendía la privatización de una parte del puerto, destinada a convertirse en amarre exclusivo de yates de lujo, diciendo que “una inversión es una inversión y da igual de dónde venga el dinero”. Esa es la herencia cultural del neoliberalismo triunfante: una fuente de infección permanente para partidos e instituciones. El colapso de ese modelo económico pone hoy al desnudo toda la podredumbre que ocultaba el espejismo de la prosperidad y, de paso, revela chapuceros procederes sólo explicables desde un extendido sentimiento de impunidad entre los corruptos. Aquí y allá, aparecen correos electrónicos del “duque empalmado”, apuntes contables comprometedores, ostentaciones de riqueza… Más aún: la misma crisis aumenta la voracidad de los distintos lobbies en busca de nuevas oportunidades de negocio, oportunidades que detectan en la privatización y saqueo de los servicios públicos – generalmente, con la excusa de la lucha contra el déficit.

La corrupción asfixia la vida democrática en todos los ámbitos, lastrando incluso un proceso de autodeterminación como el que la sociedad civil catalana ha ido situando en su horizonte. ¿Tiene credibilidad el President Mas para convocar una “cumbre contra la corrupción”? ¿La tiene acaso alguna institución española, incluida una oposición socialista desnortada e incapaz de reevaluar críticamente su trayectoria? Se acercan tiempos de profundas convulsiones; años cruciales en que se fraguarán cambios de tanto calado como los que se produjeron al final del franquismo, marcando el rumbo del país durante décadas. No estamos ante la necesidad de un “lavado de cara” de una democracia cautiva, sino ante el reto de su íntegra regeneración. Lo cual requerirá sin duda una profunda y audaz reconfiguración de toda la izquierda social y política.

El guión de esas transformaciones tendremos que contribuir a escribirlo movimientos sociales, sindicatos, entidades vecinales, corrientes políticas… a partir de registros muy diversos. Desde la tradición del movimiento vecinal, dos pautas nos parecen sin embargo insoslayables y más vigentes que nunca. La primera, es la participación ciudadana: toda reforma política, todo cambio institucional o de sistema electoral, y mucho más si llegase a abrirse un proceso constituyente, debe sostenerse sobre la politización y la intervención activa de la ciudadanía a través de mecanismos que le permitan organizarse, debatir, empoderarse, fiscalizar e incidir en las decisiones que les afectan y en el diseño de las políticas públicas. El cambio que necesitamos no puede hacerse por encargo: es de tal envergadura que requiere que millones de hombres y mujeres – y no una minoría ilustrada – piense la transformación y devenga su artífice. La segunda, es la defensa de lo público, de las conquistas del estado del bienestar hoy amenazadas, de las políticas de igualdad y de preservación medioambiental. Una sociedad fracturada, desestructurada, no puede sostener una arquitectura democrática. El peligro de la corrupción reside sobre todo ahí: instalar el cinismo y la despolitización entre la ciudadanía, porque su atomización la torna proclive a los discursos demagógicos, populistas y reaccionarios. El bochorno de la corrupción generalizada marca el final de una época. El futuro depende decisivamente de la movilización y la iniciativa de la sociedad civil, ésa que representa los intereses de la mayoría social frente al dictado de los poderosos. Una primera exigencia parece insoslayable: que dimitan los cargos imputados. Eso no parece formar parte de nuestras “costumbres”. Sin embargo, debería ser un gesto elemental en una democracia digna de ese nombre.