El laborismo está de moda. Desde el digital Nortes, Manolo Monereo defiende la necesidad de establecer una "forma-partido del mundo del trabajo". Daniel Bernabé, en una tribuna en El País, aboga por un proyecto laborista, que describe como "un nuevo contrato social para el siglo XXI que sitúe al trabajo como centro del proyecto de país, restaurando un equilibrio roto no sólo por las últimas reformas laborales, sino también por décadas de desindustrialización y especulación". Son dos ejemplos recientes, entre muchos, de una tendencia al alza: vincular la trayectoria política y electoral de Yolanda Díaz al mundo del trabajo organizado.

No estamos ante un concepto nuevo. Como desgrana Enric Juliana, el Partido Comunista de España consideró adoptar esta etiqueta durante la Transición. La idea era lucir un nombre más moderado a oídos del votante medio. En muchas de sus acepciones –como las que lo asocian a Tony Blair y su tercera vía– el laborismo evoca un ideario más moderado que el del eurocomunismo o incluso la socialdemocracia. Por eso es pertinente analizar qué se entiende por "laborismo", qué necesidades contemporáneas expresa y cuáles no. Para hacerlo es necesario atender a tres consideraciones clave.

La primera guarda relación con la economía internacional. Es de sobra conocido –gracias al trabajo de autores como Thomas Piketty– que el periodo entre 1980 y 2020 provocó una explosión de los ingresos del capital a expensas de los del trabajo. El neoliberalismo erosionó la prosperidad acumulada por las clases medias y trabajadoras occidentales durante la era keynesiana. Trajo consigo el debilitamiento de los sindicatos, precariedad laboral, desigualdad económica y una anomia social generalizada. La Covid-19 agrava esta tendencia. Al tiempo que muchos trabajadores mal remunerados –y paradójicamente, o tal vez no, esenciales para el funcionamiento de nuestras economías– arriesgan su salud, la desigualdad económica se desboca.

Esta deriva es insostenible. Fenómenos como la oleada de huelgas pos-confinamiento y la "gran dimisión" en Estados Unidos, o la reciente huelga del metal en Cádiz, nos alertan de ello. Se ha vuelto ineludible cambiar el rumbo de la política económica para que refuerce la posición del trabajo frente al capital. En eso consistiría dar un viraje laborista. En este apartado la etiqueta es precisa.

La segunda consideración tiene que ver con la política de partidos. Concretamente, con su incapacidad contemporánea para actuar como intermediadores sociales. El origen del problema es que los datos económicos no se traducen en decisiones políticas en la cabeza de ningún votante, por más que la izquierda tienda a creerlo. Para que suceda son necesarios procesos de intermediación muy específicos. En los "treinta gloriosos" de la posguerra europea –ese oscuro objeto del deseo que en España ni siquiera atravesamos–, la mediación social la desempeñaban los teóricos keynesianos. Podemos pensar en esta figura como una reformulación del intelectual orgánico que teorizó Antonio Gramsci. Eran economistas profesionales capaces de intermediar entre los mundos de la academia, el trabajo y la política, con una combinación de aptitudes que les permitía, como explica Stephanie Mudge, "actuar como estrategas, redactar discursos y hacer las veces de comunicadores públicos, convirtiéndose en ocasiones en intermediarios entre la cúpula del partido y un grupo clave: los sindicatos".

El neoliberalismo liquidó a esta figura. La sustituyeron una tríada fácil de identificar en cualquier partido de centro-izquierda contemporáneo: economistas ortodoxos que imponen las prerrogativas del mercado; expertos en políticas públicas que promueven soluciones tecnocráticas; y profesionales de la comunicación política que elaboran "relatos" de consumo rápido. Pero ninguno de los tres atiende con eficacia a las exigencias de la base social de la izquierda. Partidos como Podemos intentaron atajar el problema desarrollando un discurso que interpelaba a los votantes frustrados con este statu quo. Sin embargo, los congresos de Vistalegre legaron un partido vertical y enclaustrado, cuya capacidad de intermediación –con sindicatos, movimientos sociales, o la propia administración pública– es muy limitada.

No es difícil entender por qué la ministra de Trabajo se presenta como un correctivo a este impasse. Especialmente en una coyuntura que, como describen Mario Ríos y Daniel Guisado, se presta más a la gestión competente que a la épica. La trayectoria de Díaz –abogada laboralista, militante de CCOO, teniente de alcalde en Ferrol– le confiere una capacidad de intermediar –entre instituciones, partidos políticos y sindicatos– muy superior a la de los dirigentes originales de Podemos. Es ahí donde radica su principal fortaleza como candidata. El término "laborista" también resulta útil para sintetizar este trasfondo. Pero cabe resaltar que, si Díaz es capaz de intermediar con el mundo del trabajo, elaborar la política macroeconómica de España no está entre las competencias de su ministerio. El problema de la desintermediación no está resuelto en el actual Gobierno, ni lo estará mientras se mantenga la actual correlación de fuerzas entre sus socios.

La tercera consideración tiene que ver con la idoneidad de estructurar un modelo de sociedad en torno al empleo. Mi impresión es que esta es una manera contraproducente de entender el laborismo. El principal lastre socio-económico en España es, en efecto, un mercado laboral disfuncional. Pero al margen de las narrativas que presentan la vida laboral como una fuente de realización, trabajar es con demasiada frecuencia una actividad tediosa, enajenante y absurda. La prevalencia de lo que el antropólogo David Graeber denominó "trabajos de mierda" ha causado que una enorme parte de nuestras sociedades no se sienta particularmente dignificada a través de su empleo. Esta realidad guarda relación con la crisis de intermediación mencionada antes. El mundo del trabajo contemporáneo –más segmentado y feminizado, precario, dominado por el sector servicios, con menor peso de los sindicatos– no genera algo que en el pasado otorgaba de forma muy eficaz: una identidad obrera, capaz de trascender las propias condiciones materiales de los trabajadores y convertirlos en un vector poderoso de cambio social.

En un terreno más técnico, la historia de los proyectos políticos estructurados en torno al trabajo invita a la cautela. El caso más notorio es Estados Unidos. El historiador Gabriel Winant ha examinado el caso de Pensilvania –corazón de la industria acerera estadounidense, de la aristocracia obrera de la New Deal, del pequeño sector de la clase trabajadora al que sedujo Donald Trump en 2016, y escenario de clásicos como El cazador de ciervos– ­para mostrar hasta qué punto este modelo generaba externalidades que terminaron por hacerlo colapsar. Entre ellas se contaban las propias condiciones brutales del trabajo industrial; la explotación de mujeres y afroamericanos (las primeras en un ámbito doméstico no remunerado; los segundos en los peores puestos de las cadenas de montaje; unas y otros sobrerrepresentados en el sector servicios, peor pagado y regulado, que se desarrolló en paralelo para atender a las necesidades de la industria); y el propio declive del sector del metal tras los programas de rearme militar y despliegue de infraestructuras que lo llevaron a crecer entre 1930 y 1960.

Hoy Pittsburgh ya no es la capital del acero norteamericano, sino una ciudad que crece en torno al desarrollo de la industria médica y farmacéutica. Eso también sirve para ilustrar la disfuncionalidad del sistema de salud en EEUU. El hecho de que muchas prestaciones sociales del exiguo Estado del Bienestar norteamericano estén vinculadas a tener un empleo lo convierten, por defecto, en una herramienta incapaz de atajar las emergencias sociales que genera una recesión económica. También en España, como ha explicado Borja Barragué, la incapacidad de nuestro Estado del Bienestar para promover una redistribución económica más eficaz guarda relación con su lógica contributiva y excesiva vinculación al mundo del trabajo.

Conviene tener presente que jamás volveremos a un mundo en el que un tercio de la mano de obra nacional trabaja en la industria pesada –o, por expresarlo en términos más coherentes con nuestra historia económica, en la construcción–. En países como España, la prevalencia del sector servicios y un tejido empresarial dominado por minipymes seguirán siendo la norma a corto y medio plazo. Transformar esta estructura productiva es un reto tan urgente como importante. Una derivada interesante de la pandemia es que pone sobre la mesa la necesidad de reindustrializar nuestras sociedades, acortar cadenas de suministro y apostar por la planificación económica. Todo ello es bienvenido, pero nos engañaríamos pensando que traerá consigo el retorno de la era fordista.

Hoy el PSOE monopoliza la denominación "socialdemócrata", mientras que Podemos y su populismo de izquierdas atraviesan horas bajas. Reivindicar el laborismo en este contexto es una maniobra semántica inteligente, que enfatiza el principal activo de Yolanda Díaz como candidata. Consagrar el trabajo como clave de bóveda de nuestro bienestar, no obstante, acarrea riesgos considerables. El laborismo tiene un futuro prometedor, siempre que no lo apueste todo a recrear idearios del pasado.