Alberto Garzón

Secretario de Proceso Constituyente de Izquierda Unida

Marina Albiol

Portavoz de la Delegación de La Izquierda Plural en el Parlamento Europeo

Las empresas multinacionales realizaban en 2012 dos tercios del comercio mundial de bienes y servicios[1]. Para estas grandes corporaciones, los derechos sociales conquistados en algunos de los países en que operan son un obstáculo que quieren barrer con la colaboración de los gobiernos de EEUU y de la Unión Europea. Y el Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) es el instrumento que blanden en esta cruzada del santo grial del beneficio privado. La expresión de los versos de Quevedo se hace universal: “y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero es don Dinero”.

Compañías como Exxon Mobile, General Motors, Chevron, General Electric, Gazprom o China National Petroleum, tienen presupuestos superiores a los de las economías de muchos países. De hecho, si hiciésemos una lista de las 100 economías mayores del mundo, más de un tercio de esa clasificación estaría ocupada por empresas.

Una gran parte de ellas radica en Estados Unidos o en países de la Unión Europea y luchan a muerte por su cuota de mercado, destruyendo a su paso los derechos sociales y el medio ambiente. Todo sacrificio es poco para colmar el altar de la tasa de ganancia.

El llamado “libre comercio” es una necesidad de la economía capitalista. Pero lo que es bueno para ellos no lo es para nosotros, pues “la mano que mueve el mercado” hace tiempo que dejó de ser invisible. Es muy visible y pretende siempre moverlo en beneficio de las grandes empresas. Utilizar la palabra “libre” para aplicarla a las normas de comercio que pretende el TTIP expresa todo el cinismo de las élites económicas y políticas del sistema capitalista. Precisamente es todo lo contrario. Quieren recortar la libertad para imponer sus normas con la protección de los estados. Así, en su juego, los gobiernos de los distintos países no deben tener la obligación de garantizar los derechos de sus trabajadores o consumidores cuando entran en conflicto con los intereses privados de las multinacionales, sino todo lo contrario. Deberán garantizar frente a cualquier derecho el máximo beneficio privado y barrer todo obstáculo, ya sea social, económico, político, de salud o medioambiental.

Son significativas algunas de las afirmaciones que se están lanzando para justificar la necesidad del Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversiones que negocian la UE y EEUU. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo ha dicho, por ejemplo, que “las corporaciones tienen derecho a imponer determinadas condiciones para instalarse en un país. Por su parte, un lobista de Chevron ha afirmado que “no es posible que pequeños países se la jueguen a grandes empresas”.

Porque aunque ahora intenten adornar el tratado con promesas de generación de crecimiento económico y empleo -eso sí, basadas en informes financiados por Deustche Bank, Banco Santander y Citigroup, entre otras-, lo cierto es que la UE nunca ha escondido el verdadero objetivo de este acuerdo, que no es otro que proteger a los inversores tanto en Europa como en EEUU.

De hecho, el documento que contiene las directrices del Consejo de la Unión Europea para la negociación deja bien claro que uno de los propósitos fundamentales de las negociaciones sobre inversión consistirá en negociar disposiciones sobre liberalización y protección de las inversiones para ofrecer el nivel más elevado posible de protección y seguridad jurídica para los inversores europeos en EEUU, establecer la promoción de las normas europeas de protección que incrementen el atractivo de Europa como destino de la inversión extranjera y ofrecer unas condiciones equitativas para los inversores en EEUU y la UE.

Mejor lo explicó Karel de Gutch, comisario de Comercio cuando empezaron las negociaciones, quien dejó claro que “el objetivo del TTIP es eliminar normativas a ambos lados del Atlántico para que las empresas puedan operar libremente”. Se trata, por tanto, de que no haya obstáculos ni trabas para que las empresas accedan a los mercados o para la inversión.

¿Y cuáles son estas trabas y estos obstáculos? Es una traba para las empresas energéticas legislaciones que protegen nuestro medio ambiente e impiden la práctica del fracking; la sanidad pública es un obstáculo para las empresas que se dedican a la sanidad privada; el sistema público de pensiones es un inconveniente para los bancos que se dedican a los planes de pensiones privados; los controles sanitarios son una dificultad para la entrada carne tratada con hormonas.

Resumiendo, la democracia es un problema -hasta esta nuestra que es de baja intensidad-, es un estorbo que sean los gobiernos los que marquen las normas y las leyes en vez de ser las multinacionales. Sobre todo si estos no son gobiernos “amigos”. Pero la solución a sus problemas viene de la mano del TTIP, y tanto conservadores, como socialdemócratas o liberales, están dispuestos a que el tratado vea la luz lo más pronto posible.

El tratado UE-EEUU no lo está negociando en realidad una comisión negociadora de la UE con otra de EEUU. Lo están negociando las dos comisiones con las multinacionales, para que el acuerdo se adapte bien a sus necesidades y sus inversiones estén bien protegidas.

¿Y de qué deben protegerse las multinacionales? Deben protegerse de gobiernos que antepongan los derechos establecidos a los intereses de las grandes empresas, de gobiernos que legislen pensando en el pueblo, en sus derechos, en el medio ambiente y no en los beneficios de unas multinacionales voraces.

Con la firma del TTIP quieren imposibilitar que se puedan hacer políticas de izquierdas, aunque la izquierda gane en las urnas. Quieren dejarlo todo atado y bien atado, para que aunque haya cambio en los gobiernos en la práctica todo continúe igual.

Arbitraje privado (ISDS)

Y uno de los instrumentos que van a incluir en el TTIP para asegurarse de que gobierne quien gobierne el poder esté más arriba. Son los tribunales de arbitraje privados, el mecanismo de resolución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), que permite a las multinacionales denunciar a los estados por legislaciones que puedan perturbar sus beneficios, presentes o futuros. Es decir, una multinacional podrá demandar a un Estado por normativas o leyes que dicte un gobierno democráticamente elegido en las urnas, si considera que éstas le pueden llevar no ya a una pérdida sino a una merma de sus potenciales beneficios.

De esta manera, aquellas administraciones que no se plieguen a los deseos de los magnates mundiales se verán expuestas a demandas multimillonarias a las que difícilmente podrán hacer frente. Y recordemos que esto no es una utopía de los grandes accionistas, este tipo de tribunales privados que se sitúan por encima de los sistemas jurídicos nacionales ya existen en el marco de otros tratados comerciales. De hecho, son ya muchos los estados que están teniendo que hacer frente a estas demandas por leyes antitabaco, por restricciones a la energía nuclear, o por proteger espacios naturales, medidas que las multinacionales entendieron como un perjuicio para sus potenciales ganancias.

El mandato negociador de la UE es claro al respecto “el Acuerdo debe tener como objetivo prever un mecanismo eficaz y vanguardista de solución de diferencias entre inversores y estados”. Y añade: “todas las autoridades y entidades de nivel inferior al central (como estados federados o municipios) deben cumplir efectivamente el capítulo de protección de inversiones de este Acuerdo”. Es decir, que también comunidades autónomas y ayuntamientos se van a ver condicionados por el TTIP.

Incluir el ISDS en el TTIP supone cerrar las puertas a cualquier por conseguir que la soberanía resida en manos de los pueblos. Por tanto hay que entender este Tratado como el intento de las élites económicas de blindarse frente a futuros cambios políticos y económicos que se puedan estar gestando. No se trata de un enfrentamiento territorial de EEUU contra Europa, no es que EEUU quiera arrasar con nuestros derechos. El enfrentamiento es de las multinacionales de ambos lados del Atlántico contra los ciudadanos y ciudadanas de Europa y EEUU. Lo que hay encima de la mesa es un paso más, un paso de gigante esta vez, de los poderosos para continuar enriqueciéndose a costa de la miseria de millones de personas en el mundo.

La globalización capitalista ha producido una concentración del capital como nunca antes se había dado. La perspectiva establecida por la economía marxista se ha visto confirmada de una manera rotunda. No cabe discusión sobre este punto. Vivimos una polarización del control de los recursos del planeta y de la riqueza que los sitúa cada vez en menos manos, mientras en el otro polo, la miseria y la pobreza crecen sin cesar. El TTIP pretende ser un instrumento en este camino abierto por la voracidad de las multinacionales.

Y la única manera que tenemos de combatirlo es con nuestra arma más poderosa, la unidad de los trabajadores y trabajadoras, la lucha común de los pueblos. Y por eso estamos llamadas a organizarnos, salir a la calle y movilizarnos. La próxima cita, este sábado 18 de abril.

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[1] La mitad de estos intercambios corresponden al comercio intrafirmas, entre la casa matriz y sus filiales y estos no responden a una lógica de mercado sino que se practican a “precios de transferencia” que tienen la ventaja de localizar los beneficios en aquellos territorios donde la imposición sobre los beneficios es menor. Observatorio Multinacionales de América Latina (OMAL) 2013.