Francisco Seijo

Miembro de Ecopolítica

Dice un proverbio finés que “el fuego es un mal amo, pero un buen sirviente”. A lo largo de la historia, este ha tenido la ocasión de desempeñar ambas funciones en los montes dela Península Ibérica. En la actualidad atravesamos por una época en la que los incendios, desafortunadamente, se han adueñado despóticamente de nuestros paisajes, como hemos podido contemplar a lo largo de lo que va de año en Galicia, Valencia y, más recientemente, Cataluña. En el 2012, de hecho, se han multiplicado por cuatro los llamados grandes incendios forestales (GIFs) respecto al año pasado y, por dos en comparación a la media de la ultima década. Estos grandes incendios descontrolados son altamente nocivos para los seres humanos y para el medio ambiente pues aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.

Sin embargo, los incendios en nuestros montes no siempre fueron así. Hubo una época en que en la Península Ibérica había muchos mas incendios que en la actualidad pero, paradójicamente, estos no resultaban en absoluto destructivos. Muy al contrario, como buenos sirvientes que eran, los incendios del pasado trabajaban para nosotros y los sistemas naturales que nuestros antepasados diseñaron a lo largo de milenios. En ese pretérito contexto los incendios no eran un delito ecológico, como en la actualidad, sino una de las herramientas más útiles y poderosas de las que disponían nuestros ganaderos, agricultores y silvicultores para organizar el territorio. En este pasado pre-industrial el fuego cumplía una función ecológica esencial en los ecosistemas de la Península Ibérica que era la de regenerar los pastos, fertilizar los campos de cultivo y controlar las poblaciones de insectos, animales, y flora favoreciendo de esta manera la creación y mantenimiento de bosques abiertos y adehesados productivos para nuestra especie a la par que ricos en biodiversidad. Estos paisajes eran, por supuesto, mucho más resistentes a los GIFs que los del presente porque los combustibles estaban controlados.

La provechosa alianza que los habitantes de la Península Ibérica habían forjado con el fuego a lo largo de los tiempos comenzó a truncarse a finales de los años 50 del siglo pasado. Si bien, las autoridades siempre habían visto el uso del fuego por parte de la población rural con suspicacia debido al desconocimiento que sus dirigentes -de extracción predominantemente aristocrática y urbana- tenían de la realidad de los ecosistemas ibéricos naturalmente propensos al fuego. Fue a partir de esta década que el Estado adquirió los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo unas políticas de exclusión del fuego como nunca se habían visto antes en nuestros paisajes. Estas políticas perseguían varios objetivos. El primero era modernizar el medio rural español favoreciendo la emergencia de un sector forestal industrial estructurado en torno a un duopolio formado por las industrias estatales o para estatales de la celulosa y del aglomerado. El segundo objetivo, también prioritario -aunque menos explicito dado el carácter políticamente delicado de la cuestión- era el de reducir el tamaño de la población rural en su conjunto, incentivando su desplazamiento a zonas urbanas para proveer a estas de la mano de obra necesaria para las nuevas industrias.

En ambos casos el éxito de la estrategia dependía de la repoblación de grandes extensiones de monte con especies de crecimiento rápido, como los pinos y eucaliptos, en densidades, disposiciones y localizaciones paisajísticas desconocidas hasta entonces enla Península Ibérica.Para llevarlas a cabo se hacía necesario acabar con los tradicionales usos que de sus territorios habían hecho sus habitantes desde tiempos ignotos, además de sus formas de tenencia de la propiedad ancestrales como los montes comunales y vecinales. De esta manera la población rural, por virtud de sucesivos actos de prestidigitación legislativa, pasó de ser la dueña del dominio útil de sus montes a convertirse en dueña de un fatuo dominio directo, perdiendo por el camino la potestad de usar estos terrenos de la manera que ellos estimasen más conveniente. La protección de estas nuevas masas forestales semi-publicas, tuteladas por el Estado en beneficio de las nuevas industrias nacientes dependía también de la prohibición del uso del fuego asociado a estas antiguas prácticas y formas de propiedad, fin que se logro solo en parte mediante la construcción de un costosísimo aparato de extinción de incendios cuya factura en la actualidad asciende a €700 millones anuales. Cifra comparable a lo que gasta el gobierno federal de los EE.UU. en dicho apartado cada año.

Y así se fue agrandando la bola de fuego, por así decirlo, hasta llegar al presente. Vivimos instalados en una fantasía tecnológico-económica que nos hace creer que “los medios estatales de extinción” nos salvaran de la quema cuando esta claro que lo único que estos están consiguiendo es posponer lo inevitable y natural. El actual modelo de políticas de extinción nacido en los años 50 ha desembocado, lisa y llanamente, en una situación ecológica, económica y política insostenible. Ecológicamente hemos construido unos paisajes propensos a los GIFs, que es justo el comportamiento ante el fuego que se podría esperar de las especies que han venido siendo utilizadas durante décadas en las repoblaciones. Al eliminar el fuego como proceso ecológico en unos ecosistemas habituados a él, hemos conseguido cambiar la manera en que estos montes arden no la ineludible realidad de que estos montes cíclicamente arderán. Económicamente, la protección de estas masas forestales del fuego, constituyen, además, una subvención indirecta y altamente onerosa tanto en recursos humanos como materiales al duopolio industrial celulosa-aglomerado, que solo sirve para privatizar los beneficios de este y socializar sus pérdidas entre nosotros, los pagadores de impuestos, y, consecuentemente, de las políticas de exclusión del fuego estatales. Los recortes efectuados atolondradamente en los presupuestos de prevención solo empeoraran las condiciones ya precarias en las que trabajan nuestros bomberos sin atacar, desgraciadamente, este problema económico de fondo. Por último, políticamente este modelo ha expulsado a la cada vez más escasa población rural de sus montes provocando una espiral de abandono que esta añadiendo todavía más leña a la hoguera.

Y así, lógicamente, no se puede seguir por que a todo esto el cambio climático, tantas veces negado por nuestros políticos, empieza a secar y calentar los combustibles vegetales existentes en nuestros montes con cada vez mayor asiduidad haciendo así más probable que estos ardan como están ardiendo. Debemos pues, en suma, repensar nuestra actual relación hostil con el fuego, fruto de un modelo económico obsoleto y una visión caduca y no científica del papel del mismo como proceso ecológico en paisajes combustibles como los del mediterráneo, imaginando como podríamos volver a domesticarlo, de nuevo, y convertirlo en el fiel sirviente que una vez fue.