Octavio Granado

Secretario de Estado de Seguridad Social de 2004 a 2011

En las últimas elecciones autonómicas y municipales todas las candidaturas de izquierda tenían programas de extensión de los servicios sociales y lucha contra la pobreza. Normalmente, estas propuestas son tildadas por los políticos y economistas conservadores de imposibles de atender presupuestariamente, para a continuación señalar como la mejor forma de luchar contra la pobreza es crear empleo.

Estas afirmaciones no se corresponden con la realidad. En España no hay un número de pobres similar al Tercer Mundo, como algunos informes bienintencionados pero alarmistas suelen situar hablando de 10 millones. La última Encuesta de Población Activa estima en la actualidad en España hay 757.200 hogares sin ingresos de ninguna naturaleza. Como hay flujos económicos poco considerados por la EPA (ayudas familiares, pensiones de divorcio y mantenimiento de hijos) podríamos señalar que lo más razonable es reducir este número a unos 700.000 hogares. Son muchos, pero la tarea no es imposible.

Esta cifra, que se ha incrementado en un 30% en los últimos cuatro años, no ha dejado de subir cuando ha crecido el empleo. De hecho, la evolución en el primer trimestre del año, según la EPA, era de práctica estabilización, pero en el segundo, intensivo en la creación de empleo según el Gobierno y sus propagandistas, ha vuelto a tasas de crecimiento interanual superiores al 2%. El empleo pues será un alivio para muchas familias necesitadas, pero el número de los que están en riesgo de pobreza severa, privación o exclusión social sigue creciendo, porque el sistema carece de capacidad redistributiva en este segmento. Como ha sucedido tras otras crisis económicas en España, por cierto.

Mayor detenimiento merece la consideración de qué tipo de políticas pueden ser útiles. Y aquí vale la pena defender el concepto de ingreso mínimo. En España existen muchas políticas de prestaciones para las situaciones de pobreza o especial necesidad. El problema fundamental reside en que están mal planteadas, o bien su aportación es exigua, y desde luego están absolutamente desconectadas.

Pongamos por ejemplo la pobreza infantil, porque ahora los pobres son los niños, no los mayores. Nuestro sistema de prestaciones facilita a una madre con un buen sueldo una indemnización por el periodo de maternidad y una deducción de 1.200 euros al año en el IRPF los tres primeros años del niño. Si el parto es múltiple, la madre o los descendientes son personas discapacitadas, o la familia es numerosa, existe una prestación adicional. Si el sueldo es malo, la indemnización es menor por ser proporcional a la base de cotización, pero luego puede completarse hasta los 18 años con la prestación por hijo a cargo, ridícula (291 euros, mayores si es persona discapacitada) pero que se paga a más de un millón de familias. Si la mujer que tiene un hijo no tiene ingresos, su familia ha roto los lazos con ella y no ha trabajado, se ve privada de toda ayuda.

Combinar la renta negativa en el IRPF, las ayudas no contributivas de la Seguridad Social, y los programas de empleo para conseguir suprimir las lagunas de protección sería el esfuerzo prioritario del sistema de protección social durante los próximos años. Es cierto que sería imprescindible que existiera una red suficiente de trabajadores sociales de base cuyos informes preceptivos sirvieran de hilo conductor de todas las ayudas, y la garantía suficiente para que la política de ayuda social no se convierta en una base de clientelismo a través de la picaresca o de la política gubernamental, de la que el último complemento a las futuras pensionistas que hayan sido madres y no tengan pensión mínima es un buen ejemplo. Y desde luego, debería conseguirse un acuerdo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, no sólo por cuestiones funcionales, sino también por respeto a las competencias de cada Administración.

Y luego también sería necesario algo de imaginación. Las políticas activas de empleo son imprescindibles para los mayores, pero en el caso de personas con patologías complejas, en las que se entremezclan problemas sociales y de salud, hay que recuperar muchos programas expulsados por el sumidero desde 2010. Para las madres solteras, las familias monomarentales del espléndido informe de Save the Children, deberían estudiarse los programas que combinan trabajo de madres y cuidado conjunto desarrollados por ayuntamientos del norte de Europa. Recuerdo vagamente un programa, (“tres por uno”), en el que tres madres solteras alternaban trabajo y cuidado conjunto de sus hijos.

Y merece la pena dedicar una consideración a cuáles son los instrumentos tributarios que pueden allegarse a la financiación. La renta negativa no tiene el mismo impacto en el déficit que las prestaciones, y las cotizaciones a la Seguridad Social no se reparten igual que los impuestos. Una combinación de todos los elementos tal vez sería lo más razonable.

En conclusión, esto puede, y sobre todo debe hacerse. Con que menos descalificaciones y pongámonos a la tarea de hacer algo bien, aunque sea más despacio y con algunas experiencias piloto.