En diciembre de 1978, el mundo se movía entre transformaciones y promesas —Jimmy Carter hablaba de derechos humanos, Europa preparaba sus primeras elecciones al Parlamento Europeo por sufragio universal y la ONU celebraba el 30 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos—, mientras España trataba de cerrar las heridas de una dictadura sin haberlas limpiado. La Constitución acababa de aprobarse, pero muchos silencios seguían pesando sobre la transición. En Andalucía, la gente se preparaba para conquistar en las calles lo que todavía se le negaba desde los despachos, su reconocimiento como comunidad plena, su voz propia en el mapa del Estado.

Tenía cinco años cuando asesinaron a Manuel José García Caparrós. No sabía entonces lo que significaba una bandera, ni lo que era la autonomía, ni mucho menos la represión política. Pero crecí en una Andalucía que aprendió muy pronto que su dignidad se escribe con memoria. Casi medio siglo después, como diputada y vicepresidenta de la Mesa del Congreso, he tenido el honor de contribuir a que se desclasifiquen los documentos que durante 48 años permanecieron ocultos, los papeles que guardaban la verdad sobre la muerte de aquel joven que cayó por enarbolar la bandera blanca y verde.

Fue en ese contexto cuando la Comisión de Encuesta sobre los sucesos de Málaga y La Laguna selló sus trabajos bajo secreto. Los expedientes quedaron guardados en sobres cerrados en el Archivo del Congreso. Ningún ciudadano, ni siquiera la familia de García Caparrós, pudo conocer quién dio la orden, quién apretó el gatillo o quién calló después. Durante décadas, la historia oficial fue el silencio.

Hoy, tras un largo camino de insistencia, las hermanas de Manuel José —Dolores, Purificación y Francisca— podrán por fin acceder a los documentos íntegros. Y con ellas, toda una generación andaluza podrá mirar de frente una verdad que se nos negó. La Mesa del Congreso ha aprobado un acuerdo histórico: abrir los archivos, sin tachaduras ni anonimización. Es un paso que honra a las instituciones y que cumple con el espíritu y la Ley de Memoria Democrática.

Pero esta decisión no es solo un acto de transparencia; es también un acto de soberanía. Porque Andalucía tiene derecho a conocer su propia historia, sin intermediarios ni censuras. Durante demasiado tiempo, nuestra memoria dependió del permiso ajeno. Y sin memoria no hay identidad, ni justicia, ni libertad. La desclasificación de los papeles de García Caparrós es una conquista de verdad andaluza, una victoria de nuestro pueblo que el 4 de diciembre de 1977 salió a la calle a decir que quería ser tratado como igual.

Este gesto institucional interpela también al conjunto del Estado. La democracia no puede construirse sobre el olvido ya que la transición dejó demasiadas zonas de sombra, víctimas sin nombre, causas archivadas. Cada paso ha sido una afirmación de madurez democrática y saber qué pasó no debilita las instituciones; las fortalece. Y cuando esa verdad tiene acento andaluz, además repara una deuda histórica con un pueblo al que se le negó su lugar político.

Las hermanas García Caparrós no se han rendido nunca. Ellas, como tantas mujeres anónimas de Andalucía, sostuvieron la memoria con una dignidad infinita. Han sido la voz de quienes no pudieron hablar, el hilo que ha unido el dolor y la esperanza durante casi medio siglo. Gracias a su perseverancia, hoy podemos decir que el Congreso de los Diputados ha cumplido con una obligación moral y política, abrir las puertas del archivo para que entre la luz.

No hay democracia plena sin verdad, ni memoria sin justicia. Andalucía fue la primera en salir a la calle por la igualdad, por la dignidad y por la libertad. La bandera blanca y verde no fue un adorno, fue un grito. Y ese grito sigue vivo. La desclasificación de los papeles de García Caparrós no cierra una herida; abre la posibilidad de sanarla. Con justicia, con esperanza y con Andalucía en el centro.