Verdad, justicia y reparación

Rosa Torán

Historiadora. Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo en España

A las puertas de la celebración de los actos conmemorativos de la liberación del campo de Mauthausen y sus comandos, entre los días 8 y 11 de mayo, una intervención del diputado Joan Tardà en las Cortes españolas ha abierto la puerta al debate sobre los deberes pendientes del Estado hacia los republicanos que penaron en los campos nazis, por su defensa de la República y su participación en la lucha contra los nazis ocupantes de Francia.

Año tras año, desde la fundación, en 1962, de la asociación que reúne a los antiguos deportados y a sus familiares y amigos, los viajes a Mauthausen, al campo conocido por “el campo de los españoles" -por el número significativo de internados de todos los pueblos de España, por su larga permanencia en él, y también por sus singulares formas de resistencia-, han sido continuos y perseverantes. La presencia ante el monumento erigido en su memoria de colectivos de varias nacionalidades, rindiendo honores a los primeros luchadores antifascistas de Europa, da cuenta de su especificidad, pero también se ha ido advirtiendo, a lo largo de décadas, el olvido institucional. A pesar de visitas de carácter privado, no fue hasta el año 2005, cuando el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, patentizó con su asistencia el reconocimiento a las víctimas republicanas, presentes, todavía, algunas de ellas y satisfechas de estrechar la mano al máximo representante gubernamental.

Las víctimas y sus familiares nos congratulamos de los gestos de empatía y solidaridad, pero no olvidamos los años transcurridos entre el silencio y la ignominia. Mientras los supervivientes de la mayoría de países europeos eran recibidos con respeto, eran atendidos para paliar sus dolencias físicas y psíquicas y eran amparados en el tejido asociativo que se tramó desde el mismo año 1945, los republicanos tuvieron que rehacer sus vidas en geografías alejadas de su patria o bien enfrentarse a los embates de la Dictadura de Franco. Fueron pocos los que optaron por el regreso a su patria y ello les conllevó seguir pagando un precio muy alto, la renuncia a la libertad y el sufrimiento de la experiencia pasada, recluidos tan sólo en los círculos familiares y amistosos. Silencio al que se sumó persecución, control policial, trabas para emprender una nueva vida laboral, e incluso cárcel para algunos de ellos. En efecto, hasta la muerte de Franco siguió pesando sobre ellos la venganza de los vencedores, el epíteto de "rojos españoles", el mismo con el que fueron catalogados cuando entraron en el campo de Mauthausen.

Una breve referencia a los argumentos dados en varios años sucesivos, desde 1962, para negar condición legal a la asociación Amical de Mauthausen, fundada para amparar y defender a los deportados y a sus familias, no tiene parangón en otro país: desde el afrancesamiento del nombre, los intereses mercantiles o los informes políticos de sus impulsores. Y no fue hasta el año 1978 que la entidad, bajo una cierta tolerancia en los últimos tiempos, pudo salir de la clandestinidad y celebrar sus encuentros sin vigilancia policial.

Pero una dictadura tan larga, cuarenta años de mentiras y deformación sobre la historia reciente, hundió de tal forma sus raíces que todavía pesa sobre el hecho de la deportación republicana. A estas alturas, las implicaciones emocionales se van diluyendo, a la par que asistimos a una valiosa producción intelectual y académica sobre el hecho de la deportación republicana, sin embargo cabría recordar cuan largo y plagado de obstáculos ha sido el camino. La censura recayó en los primeros testimonios, la información a los familiares de la víctimas no emanó de los organismos oficiales, sino de la asociación que los agrupaba -valga como ejemplo las cartas dirigidas a los familiares en la década de los 60 y a todos los ayuntamientos de España en los años 80-, los proyectos de alcance educativo han tardado en llegar y se han visto interrumpidos por la dinámica de recortes de los últimos años -tal como lo prueba el escaso número de estudiantes que puede viajar a los campos, en relación a etapas anteriores-, y todavía es notable la falta de financiación para dar luz a manuscritos memorialísticos.

Además, a la ignorancia de buena parte de la población sobre convecinos suyos deportados, se añaden descubrimientos del pasado familiar por parte de nietos y biznietos, y aún más grave, por sus implicaciones políticas, es el confusionismo de la inclusión de la deportación republicana en el fenómeno específico del Holocausto. Actualmente es claro que no se puede identificar por entero al nacionalsocialismo con el genocidio judío, ya que fueron asesinadas millones de personas por otros motivos; y los hombres y mujeres republicanos no fueron deportados al azar, ya que pasaron a formar parte de los centenares de miles de personas destinadas a la esclavitud y al exterminio por el trabajo por su condición de enemigos políticos de Franco y de Hitler.

No cabe enumerar aquí las pruebas documentales existentes sobre la responsabilidad de la Dictadura franquista en su destino de esclavitud y muerte ni sobre su conocimiento de los miles de españoles internados, a los que debemos sumar el maltrato moral y material que recayó en supervivientes y familiares, antes aludido. Sin embargo, a los 70 años de la liberación y a los 75 de la entrada de los primeros republicanos en los campos, cabe esperar algo más que el reconocimiento y el homenaje.

Los estados tienen que asumir sus responsabilidades por los hechos del pasado, no tan sólo como el resarcimiento merecido de las víctimas, sino por responsabilidad ante el presente. Alemania se impuso como deber no olvidar las lecciones del pasado, ya que en él ha de nutrirse cualquier debate sobre los problemas de nuestro mundo ¿Cómo discriminaremos entre dictadura y democracia si no alcanzamos a dilucidar las implicaciones de uno y otro sistema en la vida de los ciudadanos? La dictadura franquista provocó miles de víctimas, dentro y fuera del país, por razones políticas, y ante semejante vulneración de los Derechos humanos no cabe otra salida que el reconocimiento por parte del Estado de la responsabilidad y el otorgamiento de la categoría jurídica de víctimas a los deportados republicanos y, si cabe, a sus familiares, como ha hecho recientemente el gobierno francés.

No cabe acabar estas frases sin aludir a las palabras del ministro Juan Ignacio Wert, en su respuesta a la intervención del diputado Tardà y en la que se mostró de acuerdo con su espíritu. Sin embargo, no fiamos de la Ley de Memoria Histórica la petición de Verdad, Justicia y reparación, cuando siguen sin anularse los juicios de los tribunales franquistas, sino que demandamos que se asuma la responsabilidad del Estado español en la deportación de los republicanos y su reconocimiento como víctimas, a todos los efectos. El Congreso de los Diputados tiene la ocasión histórica de honrar la memoria de los deportados republicanos españoles, luchadores por la libertad, aprobando la moción que el diputado Tarda presentara el próximo día 12 de mayo.

De lo contrario, la asistencia de las autoridades a los próximos homenajes, junto al monumento erigido por suscripción popular en el año 1962, significará satisfacer a un precio muy bajo el reconocimiento que merecen las víctimas del nacionalsocialismo, régimen, por otra parte, que no fue fruto de un error histórico, tal como lo catalogó el ministro en las Cortes, sino de una concatenación de factores económicos, sociales y políticos, y que tuvo como aliado al régimen dictatorial impuesto en España desde 1936 hasta 1975.