En los últimos meses no hemos dejado de ver una y otra vez diferentes formas de violencia contra la infancia. El asesinato del pequeño Gabriel, que tanto nos conmocionó; tantas mujeres contando públicamente situaciones de agresiones sexuales, muchas de ellas sufridas durante su infancia; o también los dos adolescentes que han aparecido muertos en centros de protección de Melilla en este año. Todas estas son expresiones de la violencia contra la infancia, pero muy pocas veces se repara en ello.

Se buscan siempre otras causas, otras explicaciones. Hay quienes con sus prejuicios racistas relacionaban el país de origen de la asesina de Gabriel con que fuese eso, una asesina. O quienes como el Consejero de Bienestar Social de Melilla -Daniel Ventura- reiteradamente criminalizan a los niños extranjeros que viven en la calle y sin escolarizar en esa ciudad autónoma, incluso cuando aparecen muertos, con tal de no asumir responsabilidades. Criminalización que en el Partido Popular es recurrente cuando hablamos de la infancia más vulnerable.

Recientemente el medio de comunicación El Mundo publicaba un artículo sobre la situación de los niños extranjeros no acompañados (sin familia residente en este país) en el barrio madrileño de Hortaleza. Son niños tutelados por una administración que tiene la obligación de garantizar sus derechos, pero que viven en la calle; muchos de ellos son drogodependientes y prácticamente ninguno de ellos acaba la enseñanza obligatoria. En vez de poner la responsabilidad en unas instituciones que invisibilizan, que no reconocen, que no dedican recursos a la infancia, y que son lo único que tienen muchas veces estos chavales, se focaliza una y otra vez en que vecinos y vecinas no quieren a estos chicos cerca y se insinúa que las situaciones de violencia se solucionarían con más vigilantes de seguridad.

Tampoco reparamos en que se trata de violencia contra la infancia cuando niños y niñas se quedan huérfanos a causa de la violencia machista o cuando sufren diariamente violencia en su hogar. Ni, como decía, cuando millones de mujeres narran situaciones de violencia sexual hacia ellas: es importante hacernos cargo de que muchas de ellas eran niñas cuando la sufrieron. El abuso sexual infantil es una lacra más arraigada de lo que podemos imaginarnos y la justicia patriarcal repercute especialmente sobre la vida de los niños y niñas. Cuando hay denuncias de abuso sexual infantil por parte de una madre hacia el progenitor, se presupone en demasiadas ocasiones instrumentalización de estas madres hacia sus hijos, al tiempo que son ellos los que quedan especialmente desprotegidos. Cuando vemos casos como los de Juana Rivas, que no son aislados, reparamos demasiado poco en que no es sólo Juana quien está sufriendo las consecuencias de este infierno, sino sus hijos.

El patriarcado no sólo supone desigualdad social para las mujeres. Patriarcado significa “gobierno de los padres”. Un tipo de organización social en la que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio, del que formaban parte los hijos, la esposa, y los bienes. También los hijos, es decir la infancia, ven limitada su participación en la vida social y por supuesto sus derechos. Que no sean entendidos como sujetos de derechos tiene mucha relación con esto. Esto es una cuestión absolutamente política.

Pero no basta con eso para explicar tanta violencia. También vivimos en una sociedad que trata a los niños y niñas como objetos de protección antes que como sujetos de derechos. Y bajo el pretexto de proteger, vulnera sistemáticamente esos derechos. Existe un concepto jurídico, el “interés superior del menor” que es papel mojado si no va acompañado de garantizar el derecho a la escucha, el derecho a que sus opiniones sean tenidas en cuenta o a la participación. Esto es una cuestión totalmente arraigada culturalmente pero que el sistema económico y político neoliberal no hace más que reforzar cuando trata de convertir a los niños y las niñas en objetos de consumo.

Cuando no se reconocen como sujetos de derechos, no se les reconoce como sujetos. Cuando lo que es violencia contra la infancia no se reconoce como tal, se buscan soluciones erróneas o parciales: la prisión permanente revisable para los del populismo punitivo o las medidas contra la violencia machista para quienes queremos un mañana feminista. Ninguna plantea soluciones efectivas. Lo que está pasando requiere leyes que protejan frente a la violencia contra la infancia, políticas de prevención y sobre todo una sociedad que asuma la máxima de Nelson Mandela: “no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños y niñas”.