Más de 300 entidades ya se han adherido al Acuerdo Social por la Amnistía y la Autodeterminación en Catalunya

El Acuerdo Social por la Amnistía y la Autodeterminación en Catalunya ha recogido hasta ahora los apoyos de cerca de unas 300 entidades, 200 municipios y también las adhesiones de ERC, Junts, la CUP, Guanyem, Demòcrates y Comunistes de Catalunya, entre otros partidos. Así, supera con creces la previsión inicial de conseguir el apoyo de unas 150 organizaciones. Pese a reconocer que "el acuerdo social no es fácil en este momento de rencillas y situación política complicada", el grupo promotor ha destacado que cinco años después del 1-O todavía hay 762 personas encausadas y esto es uno de los motivos que más lo impulsa.

En una rueda de prensa en el Col·legi de Periodistes, los impulsores han puesto de manifiesto que se trata de una reclamación "clara y transversal" apoyada por entre el 65% y el 80% de la sociedad catalana. Han comparecido cuatro de los 33 miembros que forman el grupo promotor, entre ellos la expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, el exconseller de Interior Joaquim Forn, la historiadora Anna Sallés y el exdiputado de la CUP David Fernández.

El grupo trabajará hasta finales de año y entonces se disolverá

Fernández ha señalado que el contexto político hace que todavía haya más motivos para la existencia del acuerdo que cuando se presentó: "Cuando las cosas son más difíciles es cuando se necesita más implicación colectiva". Sin embargo, los miembros han reconocido "preocupación" y "asombro" por la situación, marcada por una crisis entre ERC y Junts sin precedentes que culminará con la votación de la militancia de los segundos sobre si salir o no del Govern.

En la comparecencia, explicaron que el grupo, que se constituyó en abril, se ha marcado trabajar hasta finales de año para recoger el máximo número de adhesiones, momento en el que presentará un informe final con propuestas para dar continuidad a la cuestión y se disolverá. El plazo se ha ampliado -en un inicio, preveían finalizar coincidiendo con el quinto aniversario del 1-O- para tratar de conseguir el máximo número de apoyos.

La previsión es recibir el apoyo de 800 municipios

Los impulsores han reconocido que el contexto social y político condiciona la toma de decisiones y los contactos y que esto ha retrasado las previsiones iniciales. Fernández ha añadido que cinco años después del referéndum se han encontrado un país "más exigente" a la hora de apoyar este tipo de iniciativas.

Una vez logradas las adhesiones, el objetivo es que el Acuerdo sea aprobado por el conjunto de la arquitectura institucional catalana -consejos comarcales, diputaciones y el Parlament- para después elevar este clamor de la sociedad catalana a instituciones como el Congreso y la Moncloa, así como el Parlamento Europeo.

Forcadell ha explicado que desde julio han trabajado con el mundo municipal y han recogido unas 200 adhesiones de Ayuntamientos, que esperan ampliar hasta las 800, un 80 por ciento del total de municipios catalanes. Algunos de ellos son Balaguer, Ripoll, Montblanc, Girona, Sant Celoni, Tortosa y Vilafranca del Penedès. Los partidos que apoyan el Acuerdo suman 6.800 cargos en todo el territorio, más de 75% del total, ha informado. Actualmente también están en conversaciones con los grupos de los Comuns, Junts y ERC de Barcelona para que la capital también se sume.

Están en conversaciones con el Ayuntamiento de Barcelona para que se sume

También están hablando con la ANC, con la que se han reunido pero todavía no se ha adherido. Tampoco lo han hecho oficialmente los Comuns, pese a promover que sus grupos municipales voten a favor o se abstengan en las mociones de apoyo. En la misma línea se ubican UGT y CCOO.

Sallés ha explicado que también cuentan con el apoyo de 300 entidades del mundo económico, social y cultural, como la patronal Cecot, la Cambra de Comerç de Barcelona y la de Girona, la CONFAVB, Òmnium, el Centre Excursionista de Catalunya (CEC), sindicatos como la USTEC, la IAC, la CGT y Unió de Pagesos, el Sindicat de Llogateres, la Xarxa d'Economia Solidària, el Centre Irídia y el Observatorio contra la Homofobia. Próximamente se espera que también se adhieran las siete universidades públicas a través de un comunicado.